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Audiencias públicas permitirán construir un dictamen adecuado para el sistema de justicia: diputada Ortega Martínez

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En el segundo día de audiencias sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, se escuchan las opiniones de académicos y expertos 

 

Con las Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, lo que se pretende es generar una opinión ponderada e informada, para quienes integran la Comisión de Justicia en el momento de construir el mejor dictamen posible para el sistema de justicia en México, afirmó la diputada Pilar Ortega Martínez. 

En el segundo día de las audiencias públicas, la presidenta de Comisión de Justicia agregó que con este ejercicio se busca escuchar todas las voces posibles y se ha tenido la oportunidad de contar con importantes testimonios, no solamente de organizaciones especializadas sino también de muchas víctimas que han manifestado sus diversas preocupaciones en torno a la minuta. 

Precisó que se están integrando todas las propuestas y aseguró que “haremos todo nuestro esfuerzo para que esto forme parte del debate parlamentario” y que las diferentes aportaciones que se han expresado en estas audiencias públicas sean tomadas por las y los legisladores y “tengamos un papel activo como cámara revisora para hacer lo necesario, a fin de que esta minuta mejore y que no se afecte nuestro Estado democrático ni el sistema de derechos humanos”.   

Académicos y expertos

Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que en el proyecto de ley, el Instituto Nacional de Ciencias Penales se convierte en una pieza dentro de la Fiscalía General, abandona su condición de centro de investigación y no parece haber ninguna justificación clara para esta transmutación. Consideró que el Instituto debe operar atento a los objetivos para los que fue diseñado y gozar de autonomía técnica. 

Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República “de alguna u otra manera revive una institución politizada, terriblemente jerárquica y autoritaria”. Enfatizó que se vuelve a crear una estructura en la que todo depende del procurador; “nadie va a poder decir nada si el fiscal no lo autoriza”. Consideró que, si se quiere transformar esta ley, se debe demostrar con números que en estos dos años no funcionó. 

Luis Enrique Pereda, del ITAM, estimó que México está perdiendo la oportunidad, desde hace 2 años, de crear una fiscalía con credibilidad y confiabilidad, compuesta con personal capacitado y profesional que se haga cargo de enormes tareas pendientes en materia de seguridad y justicia. Estimó que “se está viendo una reedición de lo que ya conocemos” y se está haciendo un cambio para regresar a lo que ya conocíamos. 

Ernesto Peralta, fundador de BORDE, comentó que con la iniciativa se regresaría al pasado. Ante esto, dijo que es necesario generar propuestas para mejorar la minuta y revisar algunos artículos muy puntuales. “Todo está estructurado para obedecer al jefe y será inoperable; estamos ante una amenaza si se construye una ley desde nada”, advirtió. 

Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hizo un llamado para incluir las voces de las víctimas en la ley que se discute. Consideró que si la Fiscalía fuera una empresa sería una en quiebra e ineficiente. “No es necesario reformar esta ley; esta propuesta es menos garantista y teme a la rendición de cuentas”.

José Dolores Sauzo, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, consideró que “no es posible que esta ley nos lleve a la época del retroceso y de la impunidad; no es posible que sigamos con estas formas y que se nos sigan violando nuestros derechos y no es posible también que no podamos acceder a la justicia”. Pidió que cuando sea necesario realizar modificaciones, que la sociedad comparezca o que se les informe. 

Gabriela Ortiz Quintero, representante de Fortis Consultores, indicó que la propuesta define con pruebas o evidencias de que se intentó y no funcionó la actual legislación. Agregó que más que generar una reforma se debe incentivar los cambios culturales, la procuración de justicia, fomentar la investigación y combatir los mercados delincuenciales.

Ana Katiria Suárez, abogada litigante, mencionó que cada vez que se reforma la ley se ve la falta de cohesión de la Fiscalía y por ello los victimarios siguen confiados en que no hay una coordinación interna, por lo que pidió que se observe de forma transversal la exigencia al respeto de los derechos humanos de las víctimas. 

Lisa Sánchez, de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, comentó que hace falta hacer una puntualización de dónde están las dudas y cuestionamientos del articulado del dictamen para que se avance de una manera más adecuada en favor de las víctimas. La ley que se pretende reformar no ha sido aplicada con cabalidad, no existe una voluntad política. 

Jorge Lara Rivera, presidente del Colegio de Abogados Humanistas, mencionó que se amerita una revisión de fondo de los componentes de la reforma en la materia, de 2018, ya que nunca fue operante y ha llevado a un colapso ya anunciado. También, dijo que es necesario que se fortalezca el sistema de rendición de cuentas de la FGR. “Tiene cuestiones que pueden mejorarse”, aseguró.

 

 

 

 

 

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