La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó con cinco votos a favor y dos abstenciones, el dictamen para combatir las empresas fantasmas. Dicho documento fue avalado previamente por las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y la de Justicia.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
El dictamen avalado establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito de contrabando y su equiparable.
El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
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