Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa volvieron a marchar en Ciudad de México al cumplirse 12 años de su desaparición, mientras un nuevo informe gubernamental sobre las investigaciones está previsto para los próximos días.
Doce años después de la noche de Iguala, las fotografías de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos volvieron a recorrer las calles de Ciudad de México. Padres, madres, compañeros y organizaciones sociales participaron este sábado en una nueva movilización para exigir verdad, justicia y avances que permitan conocer el paradero de los jóvenes.
La marcha comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. Durante el recorrido, los familiares y estudiantes realizaron el conteo del uno al 43 frente al Antimonumento +43 y en la denominada Glorieta de los Desaparecidos, como parte de los actos conmemorativos por el aniversario de la desaparición.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado y representante de las familias, expresó durante la movilización la frustración que persiste después de más de una década de investigaciones. El reclamo, señaló, continúa concentrado en obtener información que permita conocer dónde están los estudiantes.
Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, insistió en que la movilización mantiene un carácter pacífico y que la principal demanda de las familias sigue siendo encontrar con vida a los jóvenes. La marcha volvió así a colocar en el centro las dos preguntas que permanecen abiertas desde septiembre de 2014: qué ocurrió con los estudiantes después de los ataques y cuál fue el destino de cada uno de ellos.
El paso del tiempo también ha tenido consecuencias entre las propias familias. Algunos padres y madres que participaron durante años en la búsqueda de sus hijos han fallecido sin conocer lo ocurrido. Entre ellos se encuentra Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, cuya muerte fue recordada este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH pidió preservar los avances alcanzados, acelerar las labores de búsqueda y profundizar las investigaciones sobre las diferentes responsabilidades que pudieron intervenir en los hechos. El organismo también ha señalado la necesidad de esclarecer posibles vínculos entre integrantes de instituciones de seguridad y organizaciones criminales.
La investigación del caso ha atravesado distintas etapas y ha modificado de manera importante la explicación oficial presentada en los primeros años. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuestionó elementos fundamentales de la llamada “verdad histórica”, particularmente la versión de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado. Desde entonces se han desarrollado nuevas investigaciones, búsquedas y procesos judiciales. Los restos identificados de tres estudiantes han permitido establecer parcialmente el destino de algunos de ellos, pero no existe una explicación definitiva sobre el paradero de los 43.
La información relacionada con el Ejército continúa siendo uno de los puntos de mayor controversia. Organizaciones de derechos humanos y representantes de las familias han reclamado el acceso a documentos de inteligencia generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. Entre la documentación solicitada se encuentran 853 folios cuya entrega ha sido objeto de resoluciones judiciales.
En paralelo, el Gobierno federal prepara un nuevo informe sobre el estado de las investigaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las nuevas líneas incluyen el análisis de comunicaciones telefónicas, evidencias científicas, labores de búsqueda y nuevas detenciones.
La presentación estaba prevista antes del aniversario, pero fue aplazada para el lunes 28 de septiembre. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán serán los encargados de exponer los avances, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno.
El nuevo informe llegará después de doce años de investigaciones, cambios en las versiones oficiales, cuestionamientos de organismos internacionales y una búsqueda que todavía no ofrece una respuesta definitiva a las familias. Para los padres y madres que volvieron a las calles este sábado, el aniversario no representa el cierre del caso, sino la continuidad de una exigencia que permanece desde 2014: saber dónde están sus hijos y conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
