WASHINGTON, 24 jun – El presidente Joe Biden se reunirá el jueves con un grupo de senadores estadounidenses de los dos grandes partidos para debatir su propuesta de un proyecto de ley de infraestructuras, en su intento de impulsar un paquete de gastos a gran escala en el Congreso a pesar de la oposición republicana.
Los miembros del grupo de 21 senadores, o “G-21”, anunciaron el miércoles un acuerdo sobre un marco para el proyecto tras una reunión con dirigentes de la Casa Blanca.
Las conversaciones del G-21 se han centrado en un plan de gasto de 1,2 billones de dólares en ocho años, con una mezcla de fondos nuevos y reutilizados.
Para Biden, conseguir un paquete de infraestructuras a gran escala es una de las principales prioridades nacionales.
La Casa Blanca inició las conversaciones con el grupo después de que el presidente demócrata rompiera las negociaciones con la senadora republicana Shelley Capito. La Casa Blanca dijo que sus propuestas se habían quedado cortas para satisfacer “las necesidades esenciales de nuestro país”.
Biden, que busca impulsar el crecimiento y abordar la desigualdad de ingresos tras la pandemia de coronavirus, propuso inicialmente un gasto de unos 2,3 billones de dólares. Los republicanos se quejaron de su definición de infraestructura, que incluía la lucha contra el cambio climático y la atención a niños y ancianos.
Más tarde, la Casa Blanca recortó la oferta a unos 1,7 billones de dólares, en un intento infructuoso de conseguir el apoyo republicano, necesario para que cualquier plan obtenga los 60 votos que hacen falta para aprobar la mayoría de las leyes en el Senado, que cuenta con 100 escaños. “Llegamos a un acuerdo sobre un plan… y vamos a intentar cerrarlo mañana”, dijo el senador demócrata Joe Manchin a los periodistas el miércoles sobre el nuevo plan.
Uno de los principales puntos de fricción ha sido cómo pagar las inversiones. Biden se ha comprometido a no aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de 400.000 dólares al año, mientras que los republicanos están decididos a proteger un recorte de 2017 en el impuesto de sociedades.
