El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo que la información que el Gobierno de Donald Trump considera inexacta o parcial puede convertirse en un asunto de seguridad nacional, mientras continúa el litigio por la decisión de restringir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.
Las declaraciones de Blanche realizadas el 27 de septiembre en el programa “This Week” de ABC News reavivaron el conflicto entre la administración Trump y varios medios de comunicación estadounidenses. El funcionario defendió la posición del Gobierno de que determinadas coberturas periodísticas pueden tener consecuencias para las relaciones de Estados Unidos con otros países y, por esa razón, estar relacionadas con la seguridad nacional.
Blanche afirmó que el problema no se limita a que algunos medios publiquen información negativa sobre el presidente. Según explicó, el Gobierno considera que la difusión de información que califica como falsa, inexacta o unilateral puede afectar la percepción de Estados Unidos entre gobiernos aliados y adversarios.
La postura del fiscal general fue planteada mientras continúa en los tribunales la disputa por la decisión de retirar las credenciales de prensa a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El Gobierno había argumentado que determinados reportes de estos medios podían representar un riesgo para la seguridad nacional y había cuestionado la utilización de información atribuida a funcionarios de la Casa Blanca.
El caso dio un giro el 24 de septiembre, cuando el juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer temporalmente las credenciales de los periodistas de las tres organizaciones. La medida tiene una vigencia inicial de 14 días mientras continúa el proceso judicial. El magistrado consideró que los medios tenían posibilidades de demostrar que sus credenciales habían sido revocadas sin el debido proceso constitucionalmente requerido.
Kelly también expresó dudas sobre la explicación relacionada con la seguridad nacional. En su resolución señaló que los argumentos presentados por el Gobierno ofrecían poco respaldo para demostrar que la protección de la seguridad nacional hubiera sido realmente la razón que motivó la revocación de las credenciales. El juez observó además que los reportes utilizados para justificar la medida eran, en su valoración preliminar, actividades periodísticas rutinarias y algunos se remontaban a meses o años anteriores.
La resolución también estableció una diferencia entre los argumentos utilizados inicialmente por Trump y la justificación presentada posteriormente ante los tribunales. De acuerdo con el expediente judicial, cuando el presidente anunció la prohibición se refirió principalmente a lo que consideraba falta de veracidad y cobertura negativa de determinados medios, mientras que posteriormente el Gobierno incorporó la seguridad nacional como fundamento de su posición jurídica.
Blanche rechazó durante la entrevista la caracterización de que el Gobierno hubiera simplemente “negado acceso” a los medios. Sostuvo que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio sujeto a determinadas condiciones y defendió también la facultad presidencial para decidir qué periodistas viajan en el Air Force One.
La discusión sobre el avión presidencial surgió después de que CNN fuera excluida de un viaje de Trump a Tennessee, pese a que ese medio tenía prevista la participación en el grupo rotativo de periodistas de televisión que cubre al presidente cuando el espacio disponible es limitado y comparte posteriormente la información con otras cadenas.
Blanche sostuvo que la selección de periodistas para viajar en el avión presidencial ocurre habitualmente y que no existe una obligación de permitir que un medio determinado forme parte de cada viaje. Sin embargo, la situación adquirió relevancia porque CNN había sido designada para realizar la cobertura conjunta correspondiente a ese desplazamiento.
En la misma entrevista, Blanche insistió en que el Gobierno espera que la información difundida sobre sus actividades sea precisa y equilibrada. No obstante, cuando se le solicitaron ejemplos concretos de las informaciones que consideraba incorrectas, no presentó durante ese intercambio una relación detallada de reportes específicos que sustentara sus afirmaciones.
El conflicto también ha involucrado a otros funcionarios de la administración. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, cuestionó públicamente lo que describió como un sesgo generalizado de los medios y afirmó que determinadas narrativas negativas y el uso de fuentes anónimas deberían ser corregidos. En respuesta a una de sus referencias, CNN sostuvo que uno de los informes cuestionados sobre una posible escasez de municiones durante la guerra con Irán se basaba en información procedente de un informe del inspector general del Pentágono.
La disputa mantiene abierto un debate constitucional sobre los límites de la autoridad presidencial para administrar el acceso de periodistas a instalaciones oficiales y sobre las condiciones bajo las cuales el Gobierno puede retirar credenciales previamente concedidas. La demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico plantea, entre otros argumentos, cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y el debido proceso.
La orden de Kelly no constituye todavía una resolución definitiva sobre el fondo del caso. Por ahora, permite que los periodistas de las tres organizaciones mantengan temporalmente sus credenciales mientras continúa el litigio y deja pendiente la discusión sobre si las razones invocadas por la administración Trump son suficientes para justificar restricciones permanentes al acceso.
El episodio coloca nuevamente en primer plano la relación entre el poder presidencial, la seguridad nacional y el derecho de los medios a cubrir las actividades del Gobierno. La controversia deberá resolverse en los tribunales a partir de las pruebas y argumentos que ambas partes presenten durante las siguientes etapas del proceso.