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Caso Ayotzinapa, del «Ya me cansé» a la tortura de detenidos: errores del sistema

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Todo iba bien en los dos primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lo que no se había podido hacer desde los tiempos de la “transición democrática” y la convocatoria para concretar las “reformas estructurales” que el país necesitaba, el Pacto por México convocado por Peña para unir a las tres principales fuerzas del Congreso de la Unión daba resultados y se modernizaba el marco jurídico en diferentes materias: telecomunicaciones, político-electoral, educación, amparo, energía entre las más importantes.

Pero se cruzó una manifestación de estudiantes en un municipio encabezado por una autoridad perredista y un gobierno emanado de ese mismo partido. El caso todos lo conocemos. La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normalista “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa vino a trastocar al sistema político y alterar la paz social.

En un país que quería fortalecer a sus instituciones la imagen de un México bronco estaba más en la ficción que en la realidad. Inimaginable que una situación sucediera y más que sea el Estado el presunto responsable de la matanza de estudiantes. Esto abrió una honda herida en la percepción del mexicano. Una situación que la presidencia del país no supo valorar y encauzar.

Como consecuencia se suscitó una polarización que culpó al gobierno federal de un asunto que era municipal y estatal. Uno de los primeros errores fue la declaración “Ya me cansé” del entonces procurador general de la república Murillo Karam. Inapropiada declaración ante el reclamo social de lo que era inimaginable y difícil de entender y comprender.

Pero se dieron aciertos. La publicación pública del expediente en Internet y la aceptación de una comisión de expertos independientes auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron dos aspectos que permitieron abrir al escrutinio y discusión pública de los hechos. Con esto se buscaba despejar dudas sobre el proceso y la verdad histórica que sostenía la autoridad: que los jóvenes habían sido asesinados por la delincuencia organizada infiltrada en la autoridad municipal de Iguala.

Hoy el caso vuelve a estar en entredicho. Se ha dado a conocer que la mayoría de los detenidos en el caso estuvieron sometidos a prácticas de tortura durante la investigación. Lo que provocaría que por violación a los derechos humanos y el debido proceso los supuestos responsables podrían salir libres.

Un error más que resulta inconcebible para el tratamiento que debió darse en un caso que ha consolidado una percepción negativa hacia el gobierno federal.

Si por estos hechos salen libres los presuntos responsables, será un nuevo dolor de cabeza para el gobierno. La impunidad no debería ser el cierre final para un caso que ha lastimado a México, golpeado a las instituciones y estimulado un hartazgo que enardece al ciudadano.