Muchos hemos celebrado la detención de Rosario Robles por el tema de la estafa maestra que fue señalada de manera electrónica por Animal Político y México sin corrupción en tiempos de la administración de Peña Nieto. Inclusive, la exfuncionaria hoy presa por el delito de desvío de recursos públicos, contó con el apoyo de su patrón, es decir, del propio presidente Enrique Peña Nieto cuando le advirtió ¡no te preocupes, Rosario!
Hay muchas lecturas políticas y aristas en este tema. Entre las situaciones que se deben comentar que hasta ahora los procesados en este sexenio por hechos de corrupción tiene un factor en común: los video escándalos de 2004. La detención de Carlos Ahumada, a petición de la Fiscalía General de la República en Argentina por delitos de defraudación fiscal en contra de la hacienda pública, viene a reforzar la especulación de que hay una clara intención de “venganza política” del actual presidente López Obrador contra aquellos que le provocaron el mayor escándalo de corrupción por el caso de las ligas de Bejarano que lo sigue alcanzando mediáticamente hasta el día de hoy.
Ya López Obrador ha festejado y lanzado un mensaje muy claro sobre la buena noticia de que en México se ha acabado la impunidad. Algo que sin duda es una gran deuda que las instituciones del estado le deben a los ciudadanos.
Sin embargo, persiste la duda sobre los procesos venideros contra otros funcionarios de la administración pasada. En el actual proceso de Robles se mencionó el nombre de José Antonio Meade y hasta del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿En verdad se llegará hasta el expresidente?
¿Qué paso con el caso de Ignacio Lozoya? Al parecer ya cayó en el oscurantismo, por lo menos, mediático. La utilidad del caso del ex director de Pemex parece, hasta ahora, haber servido para negociar con el PRI un supuesto pacto de impunidad haciendo ganar a Alejandro Moreno a la presidencia del partido y poner la estructura legislativa tricolor a las órdenes del presidente a cambio de “cerrar los ojitos” y dejar que el caso fallezca y se salve con ello la administración peñista.
Llama la atención que desde la presidencia se afirme, después de la mención de Peña Nieto en el caso Robles, que no hay investigación contra el expresidente. En verdad ¿es necesaria esa aclaración?
Muchos mexicanos quieren ver al presidente Peña Nieto en la cárcel. Los escándalos de la Casa Blanca, la estafa maestra, el caso de Odebrecht, la obra pública deficiente como lo fue el socavón en el Estado de México, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y muchos otros casos más son los emblemas de corrupción que mancharon a la presidencia. Todo ello, en conjunto, incitan la necesidad de un ajuste de cuentas institucional y legal contra una administración pública de Peña Nieto que se alejó de los valores que deben sustentar un sistema democrático.
Pero también debe ser muy claro y preciso que la persecución y combate a la corrupción no debe pasar por aclamación o voto popular como lo ha sugerido el presidente López Obrador. Hay situaciones que no se pueden consultar, sino que se debe aplicar. Debe ser, por respeto al Estado de Derecho, legal e institucional. Quien tiene la responsabilidad de acusar y probar los casos son los órganos públicos del Estado mexicano.
No debe ser aceptable para las personas decentes que el combate a la corrupción pase por el tamiz del revanchismo y venganza política. Debe estar sustentado en hechos y fundamentado los actos de procuración e impartición de justicia conforme a los marcos jurídicos que emanan de nuestra Constitución.
AL CALCE. Entre los hechos que llaman la atención y que se debería tener el debido cuidado está la asignación del juez de vinculación de proceso en el caso de Robles. El parentesco del juzgador con Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, levanta las debidas suspicacias y “sin querer queriendo” que se debió evitar, se ha manchado el proceso y por reglas del debido proceso las decisiones judiciales se podrían invalidar y el caso caerse.
