El 15 de septiembre de 1821 marcó la ruptura de la Capitanía General de Guatemala con la Monarquía española, pero no significó el nacimiento inmediato de cinco repúblicas independientes: durante los meses siguientes, Centroamérica quedó atrapada entre el proyecto imperial mexicano y la búsqueda de una organización política propia.
El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia que puso fin al vínculo político con la Monarquía española en la Capitanía General de Guatemala. El documento suele presentarse como el nacimiento simultáneo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La realidad fue más compleja. La independencia fue declarada en un territorio que todavía no tenía fronteras nacionales como las actuales y cuya organización política cambiaría varias veces durante los años siguientes.
La Capitanía General de Guatemala comprendía las provincias que hoy corresponden a esos cinco países, además de otros espacios que posteriormente seguirían trayectorias diferentes. Según el Portal Académico del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el proceso centroamericano estuvo estrechamente relacionado con la independencia mexicana y con la crisis política que atravesaba el mundo hispánico desde la invasión napoleónica de España.
El contexto inmediato resultó decisivo. La independencia de México estaba prácticamente consumada después del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, y el avance del Ejército Trigarante aumentó la presión sobre las autoridades centroamericanas. Al mismo tiempo, los grupos políticos de la región discutían si convenía mantener algún vínculo con la monarquía, integrarse al proyecto mexicano o construir una estructura política propia.
El Acta de Independencia de Guatemala respondió a esa incertidumbre. Su propósito inmediato fue evitar que la separación provocara un vacío de poder y establecer un marco para que un congreso decidiera posteriormente la forma de gobierno. El documento dispuso la elección de diputados y mantuvo provisionalmente instituciones existentes mientras se definía el nuevo orden. No fue, por tanto, la Constitución de cinco Estados nacionales plenamente formados.
La decisión tampoco fue uniforme. San Salvador mantuvo una posición particularmente resistente frente a la incorporación al Imperio mexicano. En Guatemala existían sectores favorables a la unión con México y otros que defendían una solución centroamericana. Nicaragua y Honduras atravesaron igualmente disputas internas. Como ha documentado la historiografía jurídica de la UNAM, la situación produjo respuestas diferentes en cada provincia y convirtió la independencia en el comienzo de una nueva lucha política.
El factor mexicano terminó siendo determinante. Agustín de Iturbide, ya convertido en emperador de México, impulsó la incorporación de las provincias centroamericanas al Imperio. En enero de 1822 comenzó formalmente el proceso de anexión, aunque San Salvador se resistió y terminó enfrentándose militarmente a las fuerzas imperiales. El proyecto de Iturbide pretendía ampliar el territorio mexicano hacia el sur y convertir la independencia recién obtenida en la base de una monarquía de dimensiones mucho mayores.
La experiencia, sin embargo, fue breve. El Primer Imperio Mexicano cayó en 1823 y la situación centroamericana volvió a cambiar. El 1 de julio de ese año, las provincias proclamaron su independencia absoluta de España, México y cualquier otra potencia, dando paso a las Provincias Unidas del Centro de América. La nueva federación reunió a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, aunque las tensiones entre las provincias nunca desaparecieron por completo.
El episodio tuvo consecuencias geopolíticas que todavía pueden rastrearse en el mapa. La separación de Centroamérica respecto de México definió una frontera política distinta a la que había imaginado Iturbide. Chiapas siguió un camino particular: después de la caída del Imperio, sus autoridades tuvieron que decidir entre México y Centroamérica y finalmente optaron por incorporarse a la Federación mexicana en septiembre de 1824. El caso del Soconusco, además, mantuvo durante años una situación de indefinición.
La historia también obliga a matizar la idea de una independencia completamente consumada el 15 de septiembre. La firma del acta rompió la subordinación formal a España, pero no resolvió quién gobernaría, qué territorio tendría cada entidad ni qué relación existiría entre las antiguas provincias. La soberanía estaba declarada; su forma política todavía estaba por construirse.
Ahí reside buena parte de la importancia histórica de aquella jornada. El 15 de septiembre de 1821 no fue solamente el final de una dependencia colonial. Fue el comienzo de una disputa sobre el futuro de Centroamérica. México intentó incorporarla a su proyecto imperial; las provincias buscaron después una federación propia; y las diferencias regionales terminaron favoreciendo la fragmentación política.
Dos siglos después, la fecha conserva un significado compartido, pero también recuerda una historia que no fue idéntica para todos. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica partieron de una misma ruptura con España, aunque recorrieron caminos distintos antes de convertirse en los Estados que conocemos. La independencia, como suele ocurrir en la historia, fue menos un punto final que el comienzo de una pregunta mucho más difícil: quién debía ejercer la soberanía y sobre qué territorio.
