La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Perú a mantener una respuesta integral tras el sismo de magnitud 7,2 que golpeó Ayacucho y advirtió sobre los riesgos adicionales que enfrentan las comunidades rurales con mayores carencias sociales.
El terremoto que sacudió la región peruana de Ayacucho el pasado 20 de agosto dejó algo más que viviendas dañadas y caminos afectados. También puso a prueba la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos en comunidades donde las dificultades económicas y geográficas ya representan una barrera cotidiana.
Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresaron su solidaridad con las personas afectadas y anunciaron que mantienen seguimiento a las consecuencias del sismo de magnitud 7,2 registrado cerca de Coracora, en la provincia de Parinacochas.
El movimiento ocurrió a las 13:00 horas del 20 de agosto, con epicentro localizado a unos 35 kilómetros al norte de Coracora y una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú. Las réplicas posteriores mantuvieron la atención de las autoridades en la zona.
El balance más reciente citado por la CIDH, con información disponible hasta el 4 de septiembre, contabiliza tres personas lesionadas, 2,204 afectadas y 208 damnificadas. También se registraron daños en 493 viviendas, mientras que otras 12 quedaron destruidas y 36 fueron consideradas inhabitables.
La infraestructura esencial tampoco salió ilesa. Según el mismo balance, 23 establecimientos de salud y 15 instituciones educativas presentaron daños. A ello se suman 80 metros de tubería afectados, un puente peatonal destruido y 230 metros de caminos rurales dañados.
La diferencia entre una vivienda dañada y un camino rural destruido puede parecer menor desde una ciudad. En las comunidades alejadas, sin embargo, puede significar horas adicionales para llegar a un médico, dificultades para transportar alimentos o la interrupción de la actividad escolar. Esa es precisamente una de las preocupaciones que la CIDH coloca sobre la mesa.
La Comisión y su REDESCA llamaron particularmente la atención sobre las comunidades rurales y campesinas de Parinacochas y Lucanas. El organismo considera que las brechas socioeconómicas existentes pueden agravar las consecuencias del desastre y dificultar el acceso a derechos como salud, agua potable, saneamiento, transporte, conectividad y vivienda adecuada.
Además, la CIDH advierte que los efectos de una emergencia no se distribuyen de manera uniforme. Niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza pueden enfrentar obstáculos adicionales para recibir ayuda, trasladarse o recuperar sus condiciones de vida.
Perú ya había activado mecanismos extraordinarios de respuesta. El 23 de agosto, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Chumpi, Coracora, Pullo y Upahuacho, en Parinacochas, y Carapo, en la provincia de Huanca Sancos.
La medida fue adoptada mediante el Decreto Supremo 119-2026-PCM y contempla acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación. El Gobierno Regional de Ayacucho y los municipios involucrados quedaron encargados de ejecutar las medidas con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil y la participación de diversos ministerios.
La respuesta comenzó desde las primeras horas posteriores al movimiento. El Ministerio de Vivienda desplegó equipos técnicos para evaluar daños, mientras que las autoridades reportaron la atención de personas lesionadas y afectaciones en viviendas, centros de salud, escuelas y servicios básicos. El Estado también puso en marcha acciones de ayuda humanitaria y recuperación de servicios.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó desde el mismo día del terremoto que supervisaría la atención a la población afectada y el restablecimiento de servicios como electricidad y telefonía. Su intervención refleja que la emergencia no se limita a la reconstrucción física, sino también a garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos durante la etapa de recuperación.
Para la CIDH, esa perspectiva resulta fundamental. La ayuda humanitaria debe llegar a las comunidades más alejadas y considerar sus características culturales y lingüísticas. También recomienda fortalecer los sistemas de registro para conocer con precisión quiénes necesitan asistencia y evitar que las localidades con menor capacidad institucional queden rezagadas.
Otro de los puntos señalados es la continuidad de los servicios públicos. La Comisión pidió asegurar que los establecimientos de salud afectados puedan seguir atendiendo y que las instituciones educativas dañadas sean rehabilitadas con condiciones de seguridad suficientes para permitir el regreso de los estudiantes.
La información pública también ocupa un lugar central. En una emergencia, saber qué ocurrió, qué servicios están disponibles y dónde puede solicitarse ayuda puede ser tan importante como recibir alimentos o agua. Por ello, la CIDH pidió que las autoridades mantengan información oportuna, accesible y verificable sobre la magnitud de los daños y las medidas de respuesta.
El terremoto de Ayacucho deja así una lección que suele repetirse después de cada desastre: la fuerza del fenómeno natural no es la única variable que determina sus consecuencias. La vulnerabilidad previa de una comunidad también pesa, y mucho.
Es por ello que la reconstrucción no debería limitarse a reparar paredes, caminos o tuberías. El desafío consiste en recuperar las condiciones de vida de las personas y, cuando sea posible, reducir las carencias que hicieron más difícil enfrentar la emergencia.
La CIDH y su REDESCA mantendrán el seguimiento de la situación y han llamado al Estado peruano a fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, garantizar recursos suficientes y asegurar que la respuesta llegue de manera efectiva a las poblaciones más afectadas.
