Ciudad de Guatemala – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culmina hoy la visita in loco a Guatemala que realizó entre el 31 de julio y el 4 de agosto con el objetivo de observar en terreno la situación de derechos humanos en el país.
La Comisión agradece al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno la invitación a realizar esta visita, así como todas las facilidades logísticas y asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma, en particular por parte de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). La CIDH reconoce también el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala durante la visita. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. La Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos y organizaciones para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
La visita in loco se enmarcó en el seguimiento al informe de país sobre Guatemala que la Comisión aprobó en 2015. Ese mismo año, manifestaciones sociales marcaron un momento histórico en el país, generando gran expectativa nacional para lograr cambios estructurales, principalmente en la lucha contra la corrupción y en el combate a la impunidad. Asimismo, abrieron un espacio para reivindicar políticas en la protección efectiva de los derechos humanos para todos los grupos, en particular para los sectores históricamente más excluidos.
Durante la visita, la CIDH constató que a dos años de dicha movilización sin precedentes, y no obstante los importantes avances en la lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad encabezados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público y los esfuerzos de algunos jueces y juezas, persisten en la actualidad una serie de desafíos identificados por la CIDH en su informe de país. Frente a este panorama, se advierte que el Estado tiene una gran deuda histórica vinculada a problemas estructurales derivados de su pasado. Guatemala se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para resolver estos problemas y garantizar los derechos humanos del pueblo guatemalteco, o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos en esta materia y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos del pasado.
La CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Guatemala desde sus primeros años de operación, particularmente en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno entre los años 1960 y 1996 y que incluyó la ejecución sistemática de masacres, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y operaciones de “tierra arrasada” en especial contra el pueblo Maya. Conforme estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el enfrentamiento armado fue resultado de la convergencia de una serie de factores tales como la impunidad estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, y la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales.
La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996 puso fin al conflicto armado interno. No obstante, varios de los motivos que generaron el conflicto armado persisten hasta el día de hoy. La información recibida consistentemente por la CIDH durante la visita indica que se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y los altos niveles de corrupción. La Comisión recibió de forma reiterada información sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que obstaculizan la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, se mantienen en Guatemala problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza, exclusión y falta de acceso a la justicia. Un factor común a las diversas formas de violencia en el país ha sido la tenencia, el uso y la concentración de la tierra y de recursos naturales; lo anterior combinado con diversas formas de discriminación y racismo han tenido como sus principales víctimas a miembros de pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, comunitarios, personas en situación de pobreza y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad que principalmente habitan en áreas rurales y marginalizadas.
Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo en términos de salud, educación y distribución de ingresos. La Comisión fue informada durante su visita que 48% de los niños y niñas sufren de desnutrición crónica y que ocho de cada diez niños y niñas indígenas la padecen. La CIDH observó en terreno una grave situación de desigualdad y discriminación que afecta particularmente a pueblos indígenas, quienes constituyen más del 60% de la población, así como a mujeres, personas desplazadas, personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), afrodescendientes, personas con discapacidad, privadas de libertad, y niños, niñas y adolescentes.
La CIDH constató además la persistencia de múltiples factores que contribuyen a una situación de impunidad estructural. La Comisión recibió información sobre intimidación y presiones contra jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos que obstaculiza el acceso a la justicia, así como serios cuestionamientos a los procesos de nombramiento y selección de operadores de justicia. De cara a estos problemas, la Comisión considera que el proceso en trámite de reforma constitucional a la justicia, es una oportunidad invaluable para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia en el país.
La situación de la niñez en Guatemala es verdaderamente alarmante. La tragedia del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes encerradas en un aula bajo custodia estatal, evidenció la terrible e inaceptable situación de desatención por parte del Estado que sufre la niñez guatemalteca. La CIDH advierte una gran falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las víctimas y sus familiares derivada de la descoordinación entre las instituciones estatales encargadas de la materia. Además, nota con preocupación una mora en el proceso judicial contra los responsables, limitándolo a delitos menores. La CIDH recuerda la importancia de que la investigación de estos hechos se realice con la debida diligencia y acorde a tipos y modalidades penales que respondan a la gravedad de los mismos, y que se investigue la posible explotación y trata sexual de las niñas. La información recibida indica que el sistema actual de protección especial a la niñez ha fallado, y que sería necesario redireccionar las políticas de respuesta a la niñez y establecer una política pública nacional enfocada en garantizar los derechos de todas las niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. En este sentido, la CIDH saluda la creación de la Fiscalía de Sección de delitos contra la niñez y la adolescencia, por medio de la cual se busca fortalecer el enfoque especializado para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En relación con la situación de derechos humanos de pueblos indígenas, la Comisión recibió información durante la visita sobre la autorización estatal de actividades y proyectos de industrias extractivas, explotación de recursos naturales y obras de infraestructura en territorios de pueblos indígenas, sin haber realizado la consulta previa con miras a obtener consentimiento. La CIDH recuerda al Estado de Guatemala que la realización de esta consulta es obligación internacional de acuerdo con los estándares interamericanos en la materia. La inexistencia de regulación interna no puede ser un obstáculo ni un pretexto para su falta de aplicación. En este sentido, la CIDH insta al Congreso de la República a elaborar una Ley de Consulta Previa que cumpla con los estándares interamericanos en la materia, a través de un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas.
La Comisión también ha sido informada sobre actividades extractivas que han ocasionado la contaminación de agua y tierras, el desplazamiento forzado, la afectación de la subsistencia e identidad de los pueblos indígenas y la criminalización de las personas defensoras de sus derechos. El Estado debe tomar medidas de reparación y no repetición en estos casos, y la aplicación de la consulta previa debe permitir además la participación de los pueblos indígenas en los beneficios que tales actividades y proyectos produzcan. La Comisión observó en terreno la grave situación de desplazamientos, que afectan a miles de personas en el país, y que en muchos casos también están relacionados con la problemática de la tenencia de la tierra.
La Comisión recibió información sobre hostigamientos, agresiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, así como una persistente criminalización de su labor de defensa. Las y los defensores del ambiente en Guatemala enfrentan los mayores peligros a nivel hemisférico por motivo de su actividad en defensa del territorio y los recursos naturales. La CIDH reconoce los avances en el proceso de elaboración de la Política Pública para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que ha contado con el respaldo de diversas entidades estatales y organizaciones de sociedad civil. En este sentido, la Comisión urge al Estado a aprobar e implementar de manera urgente esta política, con el debido sustento jurídico. De acuerdo a lo señalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral a defensores y defensoras de derechos humanos que disponga de medidas especiales de protección adecuadas y efectivas, que sean idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la persona y capaces de producir los resultados para el que han sido concebidos. Este programa debe incorporar un modelo de análisis de que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo, incorporando, por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, el Estado debe asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
La CIDH recibió también información sobre la violencia contra periodistas, así como sobre la concentración de la propiedad de medios y la falta de reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria, hechos que dificultan el libre acceso a la información y la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos. A fin de enfrentar estos retos, el Estado debe crear con urgencia el Programa de Protección a periodistas y comunicadores sociales, observando los estándares interamericanos de derechos humanos, y en consulta con todos los sectores involucrados. Sobre el particular, la CIDH celebra el anuncio hecho durante la visita por el Presidente Jimmy Morales sobre la creación de un programa de protección.
En relación con la radiodifusión comunitaria, el Estado debe adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión, garantizando también la diversidad y el pluralismo en el proceso de la transición digital. Para este fin, debe adoptar medidas para reducir los niveles de concentración existentes, con participación del sector comercial, el comunitario y el público. La Comisión reconoce como un avance que la Secretaria de Comunicación de la presidencia haya dado por terminada la práctica de asignación discriminatoria y publicidad oficial hacia medios que se muestran afines al gobierno.
La Comisión reconoce los amplios esfuerzos de desarrollo normativo e institucional de protección y de justicia dedicado a las mujeres, y a las mujeres indígenas, tales como la Fiscalía de la Mujer, el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, el Modelo Integral de Atención a la Violencia Contra la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena. Sin embargo, la Comisión llama la atención sobre la situación de especial vulnerabilidad en que continúan las mujeres en Guatemala, especialmente las mujeres indígenas. Mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno han expresado ante la CIDH las dificultades y retrasos que enfrentan para acceder a justicia restaurativa y obtener resarcimiento.
Consecuencia del racismo y de la discriminación, las mujeres enfrentan serios obstáculos para acceder a la justicia. Además, están en situación de especial vulnerabilidad en términos de pobreza, exclusión, desnutrición, tienen reales dificultades para acceder a agua potable y a servicios básicos como educación y salud. La CIDH tuvo también conocimiento de los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres indígenas en relación con la falta de protección de su propiedad intelectual colectiva. Sus vestimentas y diseños tradicionales son parte fundamental de la identidad y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. En materia de seguridad ciudadana, la Comisión ha recibido alarmantes reportes sobre el aumento de la violencia contra las mujeres (homicidios, desapariciones, violencia sexual, entre otras formas de violencia en todo el país, afectando especialmente a mujeres jóvenes y adolescentes. Sin embargo, la CIDH llama al Estado a otorgar recursos suficientes para lograr el desarrollo de la institucionalidad especializada, a generar estadísticas consolidadas y desagregadas relativas a todas las formas de violencia contra las mujeres con el fin de implementar medidas de prevención integrales y a promover la presencia de mujeres, y de mujeres indígenas, en cargos públicos de decisión. Guatemala también es un país de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines sexuales o laborales. Las personas indígenas, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes estan más expuestos a ser víctimas de estos delitos. Las niñas y los niños suelen ser explotados para mendigar en las calles y como vendedores ambulantes; por su parte, organizaciones criminales suelen explotar sexualmente a las niñas y niños y reclutarles para actividades ilícitas.
La Comisión recibió con gran preocupación informaciones relativas a la situación de las personas afrodescendientes en Guatemala. Uno de los principales reclamos gira en torno al tema del reconocimiento de la identidad afro en el país que impide el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
En relación a los derechos de las personas LGBTI, la Comisión expresa su preocupación por el proyecto de “Ley para la protección de la vida y la familia", que pretende prohibir la enseñanza sobre diversidad sexual y reafirmar la calidad del matrimonio como derecho exclusivo a las personas de sexos opuestos. Tal propuesta legislativa conlleva un grave retroceso respecto a los estándares y jurisprudencia interamericana sobre el respeto a la diversidad, orientación sexual e identidad de género, y el reconocimiento de la familia no exclusivamente heterosexual, además de violar el derecho a la libertad de expresión de las personas LGBTI. La violencia contra las personas LGBTI se ve reforzada por la diseminación de discursos de odio dirigidos a esta comunidad. La Comisión recomienda adoptar las medidas necesarias para desalentar la intolerancia y recuerda al Estado guatemalteco su deber de abolir todas las leyes que discriminan a las personas por su orientación sexual, identidad y expresiones de género o diversas o no normativas o cuyos cuerpos varían del estándar masculino y femenino.
Sobre la situación de las personas privadas de libertad, el sistema penitenciario se caracteriza principalmente por hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva, deplorables condiciones de detención, utilización de aislamiento prolongado, y falta de control efectivo de las autoridades al interior de los centros. El 10% de la población penitenciaria, son mujeres; lo que resulta de especial preocupación considerando que este porcentaje duplica el promedio en América. Para hacer frente a estos desafíos y evitar una mayor crisis penitenciaria, el Estado debe seguir implementando acciones, que se dirijan principalmente a la utilización de medidas alternativas a la privación de la libertad, y a propiciar la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el fortalecimiento de medidas enfocadas en la aplicación de beneficios como rendición de penas y régimen progresivo. Por otra parte, respecto a los pacientes en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora“, la CIDH insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida en comunidad, mediante la creación y establecimiento de servicios comunitarios; y en este sentido, valora el nuevo modelo incluyente de salud, implementado por el Ministerio de Salud desde principios de este año, y que tiene una perspectiva de derechos humanos e integración comunitaria.
La CIDH recibió abundante información sobre cómo múltiples causas han ocasionado el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, contribuyendo a la crisis de desplazados y refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica. En su tránsito, las personas migrantes son víctimas de múltiples abusos e incluso desapariciones, existiendo serias falencias en la respuesta del Estado guatemalteco para garantizar a estas personas y sus familiares el acceso a la justicia y la búsqueda de migrantes desaparecidos y no identificados. La CIDH destaca los avances que representa la entrada en vigor del nuevo Código de Migración y la creación de la Autoridad Migratoria Nacional. Al respecto, la CIDH llama al Estado a reglamentar esta ley y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana de conformidad con las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de un proceso participativo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Frente a la situación actual del país, las deportaciones masivas desde otros países de la región plantean, nuevamente, un serio desafío en materia de derechos humanos para las personas deportadas o retornadas, el Estado y la sociedad guatemalteca en general. Para evitar la repetición de estos hechos, el Estado debe adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de personas, así como adoptar medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas internas y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional. Asimismo, el Estado debe garantizar el acceso a la justicia a migrantes y sus familias, así como implementar medidas para la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos. Por último, el Estado debe implementar medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos y la reintegración de las personas deportadas o retornadas.
La CIDH también fue ampliamente informada sobre la grave situación humanitaria producto de los desalojos forzosos de comunidades, la aplicación de los delitos de usurpación y su modalidad agravada, así como la criminalización a través de la detención de miembros y representantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas en departamentos como El Petén, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, entre otros. Las organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de 125 solicitudes de desalojo en El Petén, así como sobre los desalojos a comunidades como Centro Uno y Nueva Esperanza en los últimos años. La Comisión fue informada que los desalojos no suelen ser notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), involucran la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, no tienen previsión de retorno ni reubicación, y no dan posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia.
En materia de seguridad ciudadana, la Comisión observa con preocupación que la tasa de homicidios en Guatemala sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe, a pesar de haber disminuido en términos generales. La CIDH reitera su llamado al Estado a que elabore políticas públicas de carácter preventivo con el objeto de asegurar a las guatemaltecas y los guatemaltecos vivir en un país libre de violencia. En este sentido, la Comisión valora positivamente la información recibida por el Estado que indica que tiene el compromiso de retirar a los elementos del Ejército en algunas zonas del país y que lo realizará progresivamente.
Respecto a los temas de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex Jefe de inteligencia militar, y Efraín Ríos Montt. La CIDH recuerda al Estado de Guatemala su obligación de investigar de manera pronta, imparcial, efectiva las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Asimismo, es responsabilidad del Estado adoptar las medidas administrativas o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que puedan contribuir a la denegación de justicia e impunidad u obstaculicen los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables.
La CIDH visitó las instalaciones de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), donde funcionaba la “Zona Militar 21” durante el conflicto armado interno. La CIDH visitó el sitio donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha exhumado 558 osamentas, siendo la fosa común más grande de América Latina descubierta hasta la fecha. La CIDH también acudió a las instalaciones del Archivo de la Policía Nacional Civil, y reconoce la importancia que este tienen en la reactivación y esclarecimiento de algunos procesos penales por graves violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno. La CIDH nota que este importante Archivo, que contribuye a la recuperación de la memoria histórica, depende únicamente de la cooperación internacional. La CIDH insta al Estado a destinar recursos y a apoyar esta medida para la memoria, verdad y justicia.
La Comisión hace un llamado al fortalecimiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos en Guatemala, en especial de la COPREDEH y de la Procuraduría de Derechos Humanos, por medio de refuerzos presupuestarios. El trabajo de estas instituciones es vital para el impulso de medidas que promuevan la garantía y el respeto de los derechos humanos en el país y para evitar retrocesos en la materia. En este sentido, la CIDH saluda el incremento en el presupuesto del Ministerio Público del que fue informada durante su visita. Adicionalmente, insta al Estado a adoptar medidas efectivas que permitan al Ministerio Público continuar coordinando acciones y colaborando con la CICIG y disponer para tal efecto de los recursos necesarios.
La CIDH elaborará en los próximos meses un informe de país que ofrecerá recomendaciones destinadas a apoyar al Estado en la identificación de los principales desafíos que deben ser superados en el presente y en el reforzamiento la agenda de respeto a los derechos humanos. Este comunicado acompaña un anexo con las Observaciones preliminares de la Comisión sobre la situación de derechos humanos que ha observado durante la visita al país.
La CIDH expresa su voluntad de cooperar con el Estado de Guatemala en la búsqueda de soluciones concretas a los desafíos que se presentan a su futuro. La Comisión establecerá un mecanismo especial de seguimiento a la visita con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y para desarrollar una capacidad de coordinación interinstitucional para responder a la implementación y el cumplimiento de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, la CIDH llama al Estado a ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación en Intolerancia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. La ratificación universal de los instrumentos interamericanos es indispensable para lograr la protección plena de los derechos humanos de todas las personas en el hemisferio.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, organismos autónomos e internacionales, académicos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sectores empresariales. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En el marco de la visita, la CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones incluyendo Alta Verapaz, el Petén y Huehuetenango y recorrió centros de privación de libertad, así como otros centros bajo custodia del Estado. Además, visitó CREOMPAZ y el Archivo Histórico de la Policía Nacional.
La delegación de la visita estuvo encabezada por el Presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren; la Primera Vicepresidenta, Margarette May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
