La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para una pareja ítalo-venezolana privada de libertad, al considerar que sus condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada representan un riesgo grave para su vida, integridad y salud.
Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Dennys Coromoto Abache y Aquiles Antonio Di Marcantonio Di Rocco, una pareja ítalo-venezolana que permanece privada de libertad en Venezuela y cuya situación médica y condiciones de detención generaron preocupación ante el organismo interamericano.
La decisión fue adoptada el 5 de octubre mediante la Resolución 84/2026, en la que la CIDH consideró que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La Comisión señaló que, de acuerdo con la información presentada en la solicitud, los dos permanecerían detenidos en condiciones inadecuadas y sin recibir atención médica suficiente para las enfermedades que padecen. El Estado venezolano no proporcionó información a la CIDH durante el análisis de la solicitud.
La salud de los detenidos, uno de los principales motivos de preocupación
Según la información evaluada por la CIDH, Dennys Coromoto Abache presenta fibromialgia y dolores de elevada intensidad. En el caso de Aquiles Antonio Di Marcantonio Di Rocco fueron reportadas hipertensión arterial, bradicardia sinusal, litiasis bilateral, hipertrofia prostática y episodios de desmayo, entre otras afecciones.
La Comisión consideró que la combinación de sus padecimientos, las condiciones denunciadas de reclusión y la falta de información estatal sobre las medidas adoptadas para atender su situación incrementa el riesgo de que se produzca un daño irreparable.
El organismo también tomó en cuenta que los recursos promovidos dentro de Venezuela no habrían resultado efectivos para resolver la situación denunciada.
En su resolución, la CIDH pidió al Estado venezolano realizar de inmediato una valoración médica integral de ambos detenidos y garantizarles atención y tratamiento oportunos y especializados. También solicitó que los resultados y los informes médicos sean proporcionados a sus familiares y representantes.
En el caso de Di Marcantonio Di Rocco, la Comisión pidió además adoptar medidas específicas, con perspectiva etaria, para asegurar que reciba atención adecuada y oportuna de acuerdo con sus necesidades de salud.
También exige mejores condiciones de reclusión
Las medidas cautelares no se limitan a la atención médica. La CIDH solicitó que Venezuela garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales y facilite la comunicación regular de la pareja con sus familiares, representantes y abogados de confianza.
La resolución también establece que el Estado debe garantizarles acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada, además de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.
La Comisión pidió asimismo que las medidas sean acordadas con las personas beneficiarias o sus representantes y que el Estado informe sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos que originaron la resolución y evitar que se repitan.
La medida cautelar no implica una sentencia
La CIDH aclaró que el otorgamiento de las medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano ni determina por sí mismo que Venezuela haya violado los derechos protegidos por los instrumentos interamericanos.
Las medidas cautelares constituyen un mecanismo preventivo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Su objetivo es solicitar a un Estado acciones concretas cuando la Comisión considera que existe una situación de gravedad y urgencia que puede provocar daños irreparables a las personas involucradas.
La resolución sobre Abache y Di Marcantonio Di Rocco se produjo en un momento en que la CIDH ha emitido varias medidas cautelares relacionadas con personas privadas de libertad en Venezuela. En los días previos, el organismo también adoptó resoluciones en favor de otros detenidos en el país, incluidos ciudadanos extranjeros y figuras políticas.
Con la Resolución 84/2026, la Comisión solicita ahora al Estado venezolano adoptar medidas concretas para proteger la vida, integridad y salud de la pareja, garantizar condiciones adecuadas de reclusión y mantener informados a sus familiares y representantes sobre su situación.
