La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que las limitaciones forenses, financieras e institucionales siguen obstaculizando la identificación de personas desaparecidas y pide a los Estados adoptar políticas integrales que den respuestas certeras a las familias.
Washington, D.C.— La respuesta de los Estados de América frente a las desapariciones de personas todavía enfrenta una deuda difícil de saldar: localizar e identificar con certeza a quienes permanecen desaparecidos y garantizar que sus familias conozcan qué ocurrió con ellos.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este 28 de agosto a los países de la región a fortalecer sus capacidades institucionales, técnicas y financieras para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de identificación humana.
La preocupación del organismo parte de una realidad compleja. El paso del tiempo deteriora los restos humanos, mientras los métodos empleados para ocultarlos, la falta de información y los llamados pactos de silencio pueden dificultar durante años la localización de posibles sitios de entierro. Cuando además existen capacidades forenses insuficientes, la incertidumbre se prolonga y las familias pueden pasar décadas sin conocer el destino de sus seres queridos.
La CIDH sostiene que la identificación humana no puede reducirse a una tarea exclusivamente técnica. Determinar quién es una persona desaparecida permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos, orientar las investigaciones y garantizar los derechos a la verdad y a la justicia. También puede representar una forma de reparación para las familias, especialmente cuando permite recuperar los restos y realizar una despedida conforme a sus tradiciones y creencias.
La importancia de contar con procedimientos confiables ha sido señalada también en el ámbito internacional. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha establecido que, cuando una persona desaparecida es encontrada sin vida, sus restos deben ser identificados de manera clara e inequívoca, recurriendo incluso al análisis de ADN cuando resulte necesario, y con participación plena de la familia.
En la región ya existen experiencias que apuntan en esa dirección. La CIDH ha reconocido la creación de bancos de datos forenses y genéticos, las campañas para obtener muestras biológicas de familiares, los planes de exhumación y los protocolos especializados para recuperar e identificar restos humanos. También ha destacado esfuerzos para restituir la identidad de niños que fueron separados ilegalmente de sus familias.
Sin embargo, esos avances conviven con problemas estructurales. La Comisión identifica entre ellos la falta de independencia de algunas instituciones de medicina legal y servicios forenses, recursos financieros insuficientes, limitaciones de personal especializado y tecnología, fragmentación de información y deficiencias en la preservación y custodia de sitios de interés forense.
Otro punto delicado es el manejo de las muestras biológicas, los cuerpos y los restos humanos. La CIDH advierte que las fallas en su resguardo y trazabilidad pueden comprometer la certeza de una identificación. El problema deja de ser únicamente administrativo cuando existe el riesgo de entregar restos equivocados a una familia que lleva años esperando una respuesta.
La situación adquiere una dimensión todavía mayor en países que enfrentan grandes crisis de desapariciones. En mayo de 2026, la CIDH publicó un informe específico sobre México en el que señaló que, hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y que estimaciones independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar. La Comisión planteó entre sus recomendaciones fortalecer el enfoque masivo de identificación humana, la interoperabilidad de registros y bancos de datos, así como el resguardo y la entrega digna de los cuerpos. Según el organismo, estos retos forman parte de una crisis de derechos humanos que requiere respuestas institucionales sostenidas.
La dimensión regional del problema tampoco se limita a las desapariciones ocurridas recientemente. Los Estados todavía enfrentan la tarea de identificar a víctimas de hechos ocurridos durante conflictos armados y periodos de violencia política. En agosto de 2026, por ejemplo, la CIDH presentó ante la Corte Interamericana un caso relacionado con la desaparición y tortura de 15 estudiantes durante el conflicto armado interno de Guatemala.
Por ello, la Comisión plantea que los gobiernos deben construir políticas públicas coordinadas que contemplen escenarios diferentes: la posibilidad de localizar con vida a una persona y la eventual recuperación de sus restos. En ambos casos, sostiene, deben existir procedimientos claros para informar a las familias y garantizar su participación.
La CIDH también subraya el papel de las familias y de las organizaciones que las acompañan. En numerosos países, las tareas de búsqueda han sido encabezadas principalmente por mujeres que, ante la ausencia de respuestas suficientes, han asumido labores de documentación, búsqueda en campo y exigencia de justicia. La Comisión considera que estas actividades deben ser protegidas como parte del derecho a defender los derechos humanos.
El organismo interamericano pide además reforzar el acompañamiento psicosocial durante los procesos de reunificación familiar o entrega de restos. No se trata solamente de cerrar un expediente: detrás de cada identificación existe una familia que ha vivido durante años con preguntas, incertidumbre y, en muchos casos, con la esperanza de encontrar a una persona con vida.
La CIDH considera indispensable ampliar las capacidades multidisciplinarias y tecnológicas de los servicios encargados de la identificación, así como crear o fortalecer bases de datos forenses y genéticos que permitan cotejar información y ofrecer certeza a quienes buscan a sus familiares.
La recomendación coincide con estándares que el sistema interamericano ha sostenido durante años. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar esta grave violación de derechos humanos, mientras que la propia CIDH ha insistido en que la investigación debe continuar hasta esclarecer el destino o paradero de la víctima.
La petición formulada ahora por la Comisión tiene, por tanto, un alcance que va más allá de modernizar laboratorios o ampliar registros. Se trata de construir una respuesta estatal capaz de conectar la búsqueda, la investigación, la identificación científica, la verdad, la justicia y la reparación.
En ese sentido, la CIDH reiteró su disposición para brindar asistencia técnica a los Estados de la región. El desafío es enorme, pero el objetivo resulta elemental para las familias: sustituir años de incertidumbre por respuestas verificadas y dignas sobre el destino de sus seres queridos.
