La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó ante la Corte Interamericana el caso de cinco comunidades maya achí que reclaman desde hace décadas el reconocimiento estatal de su propiedad colectiva sobre un territorio ancestral en Rabinal, Baja Verapaz.
La disputa por la tierra que mantienen cinco comunidades maya achí de Guatemala llegará a una nueva instancia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso relacionado con la falta de reconocimiento y titulación colectiva de la Finca Buena Vista, un territorio utilizado de manera comunal por familias indígenas del municipio de Rabinal.
La CIDH informó que el expediente, identificado como Caso 13.550, fue remitido a la Corte IDH el 28 de julio de 2026. La propia Comisión confirma que se trata de las comunidades Xococ, Buena Vista, Chuaperol, Vegas de Santo Domingo y Patixlan, integradas por alrededor de 654 familias maya achí.
El conflicto tiene raíces mucho más antiguas que la denuncia internacional. De acuerdo con los antecedentes documentados por la CIDH, las comunidades sostienen que han habitado y utilizado de manera comunal el territorio desde tiempos precolombinos. La tierra no representa únicamente un espacio para vivir: de ella dependen actividades relacionadas con el agua, los alimentos, la madera y otros recursos indispensables para su subsistencia.
La historia registral del terreno contribuyó a complicar el problema. En el siglo XIX, integrantes de las comunidades adquirieron la finca mediante una compra realizada con recursos comunes. Sin embargo, al no existir entonces una figura jurídica adecuada para registrar la propiedad colectiva indígena, el terreno quedó inscrito bajo un régimen de copropiedad a nombre de miembros de las comunidades.
La CIDH ya había documentado los antecedentes del conflicto en su Informe de Admisibilidad No. 10/18. En ese documento señaló que la denuncia se relacionaba con cinco comunidades maya achí que afirmaban haber comprado el terreno al Estado y registrado la propiedad a nombre de integrantes de la comunidad, aunque su administración y utilización continuaron teniendo un carácter comunal.
Con el paso de los años, esa fórmula jurídica terminó generando una fractura en el territorio. De acuerdo con los antecedentes del caso, procedimientos sucesorios y posteriores inscripciones individuales permitieron que partes de la finca quedaran registradas a nombre de personas particulares. Las comunidades cuestionaron esas actuaciones y reclamaron que el Estado reconociera la verdadera naturaleza colectiva de la propiedad.
El problema dejó de ser exclusivamente registral. Según la documentación de la CIDH, integrantes de las comunidades enfrentaron procesos judiciales de desocupación, denuncias penales y restricciones para acceder a recursos naturales del territorio, además de actos de intimidación y amenazas. En un contexto marcado por las secuelas del conflicto armado interno guatemalteco, la disputa por la tierra adquirió una dimensión especialmente delicada.
La Comisión considera que la ausencia de un título colectivo adecuado ha tenido consecuencias que van mucho más allá de la seguridad jurídica sobre la propiedad. Su conclusión es que el régimen de copropiedad y las posteriores titulaciones individuales no constituyeron mecanismos apropiados para reconocer los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
La cuestión es relevante porque, en el derecho interamericano, la relación de los pueblos indígenas con sus territorios no se reduce a una cuestión económica o inmobiliaria. El territorio está estrechamente vinculado con la identidad cultural, las formas tradicionales de organización y la posibilidad de mantener prácticas comunitarias. Por ello, la protección de la propiedad indígena colectiva tiene una dimensión distinta a la de la propiedad privada convencional.
La propia trayectoria de la CIDH muestra que este tipo de controversias ha ocupado un lugar importante dentro del sistema interamericano. El organismo mantiene otros casos relacionados con territorios y derechos de pueblos indígenas, y la Corte IDH ha desarrollado una jurisprudencia específica sobre propiedad colectiva y protección de los territorios ancestrales.
En el caso de las comunidades maya achí, la Comisión concluyó que Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por la violación de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos los relativos a la personalidad jurídica, integridad personal, garantías judiciales, propiedad y protección judicial, en relación con las obligaciones generales de respeto y adecuación de la legislación interna.
La CIDH pide ahora a la Corte que determine la responsabilidad internacional del Estado y ordene medidas de reparación. Entre ellas figura el reconocimiento efectivo de la propiedad y posesión colectiva de las cinco comunidades, así como la titulación y el saneamiento del territorio ancestral.
También solicita que Guatemala garantice una respuesta judicial efectiva para los recursos que permanecen pendientes y adopte reformas legislativas y administrativas que permitan a los pueblos indígenas reivindicar y titular sus territorios colectivos de manera adecuada.
El expediente adquiere además una dimensión histórica. Una investigación académica sobre la Finca Buena Vista documentó cómo la compra realizada en 1881 por integrantes de las comunidades y las posteriores transformaciones de los regímenes de propiedad contribuyeron a convertir el territorio en el centro de una disputa que se prolongaría durante generaciones.
La diferencia entre tener tierra y contar con un reconocimiento jurídico acorde con la forma en que una comunidad la entiende y la utiliza es, en este caso, fundamental. Para las familias maya achí, la controversia no se limita a quién aparece en un registro de propiedad, sino a quién puede ejercer colectivamente sus derechos sobre un territorio que consideran parte de su historia y de su vida comunitaria.
Ahora corresponderá a la Corte Interamericana analizar el caso y determinar las responsabilidades y reparaciones que correspondan. La remisión representa, en cualquier caso, un nuevo capítulo en una disputa que comenzó mucho antes de que llegara al sistema interamericano y que pone nuevamente sobre la mesa una pregunta pendiente en Guatemala: cómo garantizar en la práctica el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
