La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de una mujer y sus dos hijas menores de edad cuyo paradero se desconoce desde marzo de 2025 y pidió a Nicaragua informar sobre su situación y condiciones actuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Nicaragua esclarecer el paradero y la situación jurídica de E.J.F.C. y sus hijas C.M.F. y M.M.F., de 13 y 8 años respectivamente, después de considerar que sus derechos a la vida y a la integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable.
La decisión fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 mediante la Resolución 70/2026 y publicada este jueves por la CIDH. El organismo señaló que, desde el 21 de marzo de 2025, no existiría información oficial suficiente sobre el paradero de la madre y su hija de 13 años, mientras que tampoco habría comunicación directa ni información verificable sobre la situación de la niña menor.
Según la solicitud presentada ante la Comisión, E.J.F.C. y C.M.F. fueron interceptadas ese día por agentes de la Policía Nacional. La petición sostiene que ambas habrían sido detenidas por órdenes atribuidas a la Presidencia de Nicaragua. La CIDH, sin embargo, presenta estos hechos como alegaciones recibidas y no como una conclusión judicial sobre lo ocurrido.
En el caso de M.M.F., de ocho años, la solicitud sostiene que permanece bajo control de agentes estatales desde la desaparición de su madre y que sus familiares no han podido establecer comunicación directa con ella ni conocer de manera independiente sus condiciones actuales.
La Comisión también señaló que las personas solicitantes relacionaron estos hechos con una presunta persecución política contra la familia. El Estado nicaragüense, según la resolución, no proporcionó información a la CIDH sobre las medidas que habría adoptado para atender la situación planteada.
La falta de información constituye uno de los elementos centrales de la decisión. Para la Comisión, después de más de un año sin datos oficiales sobre el paradero de E.J.F.C. y C.M.F., y ante la ausencia de comunicación con M.M.F., no existen elementos suficientes para establecer que el riesgo haya sido mitigado.
Por ello, la CIDH solicitó a Nicaragua determinar la situación y el paradero de las tres beneficiarias. También pidió precisar si se encuentran bajo custodia estatal y, en ese caso, informar sobre el lugar donde estarían, sus condiciones actuales y los motivos de cualquier medida de custodia.
El organismo interamericano exigió además que se permita el contacto regular con familiares y representantes legales de confianza. La medida resulta especialmente relevante cuando se trata de dos menores de edad, pues la falta prolongada de información impide a sus familiares conocer sus condiciones y ejercer mecanismos ordinarios de protección.
La resolución establece asimismo que las medidas de protección deben ser concertadas con la beneficiaria y sus representantes. Nicaragua deberá informar a la Comisión sobre las acciones emprendidas para investigar los presuntos hechos que dieron origen a la medida y prevenir su repetición.
La CIDH cuenta con un mecanismo específico para la protección de niños, niñas y adolescentes dentro del Sistema Interamericano. Su Relatoría sobre los Derechos de la Niñez asesora a la Comisión en el análisis de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares relacionadas con menores de edad.
El caso se produce además en un contexto de nuevas actuaciones de la CIDH relacionadas con personas privadas de libertad y familias afectadas por la situación de derechos humanos en Nicaragua. El 16 de septiembre, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales para nueve personas privadas de libertad en el país, mientras que durante agosto y septiembre también otorgó otras medidas cautelares.
La propia Comisión establece un límite jurídico importante sobre el alcance de su decisión. El otorgamiento de las medidas cautelares no significa que la CIDH haya determinado definitivamente la responsabilidad de Nicaragua por las violaciones denunciadas. Se trata de una herramienta preventiva destinada a responder ante situaciones que el organismo considera graves, urgentes y susceptibles de causar daños irreparables.
En este caso, la prioridad señalada por la Comisión es concreta: conocer dónde se encuentran E.J.F.C., C.M.F. y M.M.F., establecer su situación jurídica y garantizar que puedan mantener contacto con familiares y representantes legales. Mientras Nicaragua no aporte información que permita aclarar esos puntos, la incertidumbre sobre la situación de la madre y sus dos hijas permanece como el principal elemento de preocupación señalado por el organismo interamericano.


