El decreto firmado establece el requisito de contar únicamente con nacionalidad mexicana para quienes aspiren a determinados cargos
Notipress.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacer vigente la modificación. La medida establece requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de México, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Luisa María Alcalde informó que el decreto sería publicado el mismo miércoles 7 de octubre de 2026. La firma representa el paso señalado para la entrada en vigor de una reforma que previamente atravesó el Congreso con el rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La modificación establece que las personas que aspiren a la Presidencia de México, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener únicamente nacionalidad mexicana. En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro para competir por alguno de estos cargos. La reforma también establece restricciones para adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron contra la reforma
La reforma no obtuvo respaldo unánime durante su discusión legislativa. En la Cámara de Diputados fue aprobada con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Posteriormente, el Senado avaló la modificación con 86 votos a favor y 42 en contra. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Una parte de las objeciones se concentró en las consecuencias que el nuevo requisito podría tener para mexicanos con doble nacionalidad, particularmente migrantes y personas con vínculos jurídicos con otro país.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, legisladores del PAN rechazaron que poseer otra nacionalidad pueda interpretarse por sí mismo como una falta de lealtad hacia México. También plantearon cuestionamientos sobre posibles afectaciones a derechos políticos y sobre el tratamiento que recibirían mexicanos binacionales y descendientes de migrantes.
El diputado Federico Döring cuestionó la reforma por considerar que podía establecer un trato discriminatorio hacia personas con doble nacionalidad. Liliana Ortiz argumentó que contar con dos nacionalidades no convierte a alguien en menos mexicano, mientras José Alfonso Rubalcava planteó cuestionamientos jurídicos sobre la modificación. Desde Movimiento Ciudadano también se discutieron sus posibles efectos sobre migrantes y sus descendientes.
Oposición cuestionó posibles efectos en derechos políticos
En el Senado también surgieron cuestionamientos. El senador panista Marko Cortés sostuvo que la modificación podía representar una regresión en derechos políticos y vinculó el rechazo de su bancada con la defensa de los derechos de los mexicanos migrantes.
Estos argumentos colocaron en el debate una cuestión más amplia que el requisito para registrarse como candidato: la relación entre la doble nacionalidad y los derechos políticos de ciudadanos mexicanos que también poseen la nacionalidad de otro país.
La postura que respaldó la reforma parte de otro criterio. Claudia Sheinbaum ha defendido que las personas que encabecen los poderes ejecutivos contemplados por la modificación deben representar únicamente al Estado mexicano. Bajo esa lógica, una persona que tenga otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro para competir por alguno de esos cargos.
Reforma establece requisitos para ejercer cargos ejecutivos
Además de la renuncia previa a otra nacionalidad, la modificación contempla condiciones durante el ejercicio del cargo. Entre ellas se encuentran restricciones relacionadas con la adquisición de otra nacionalidad, el uso de documentos extranjeros, el ejercicio de derechos políticos ante otro Estado y la solicitud de protección diplomática extranjera.
Con la firma del decreto y su publicación en el DOF, la reforma culmina el proceso descrito para su entrada en vigor después de una discusión legislativa marcada por dos posiciones: quienes respaldaron la exigencia de un vínculo exclusivo de nacionalidad para determinados cargos ejecutivos y quienes cuestionaron sus implicaciones para los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
