Inicio Noticias Locales CNDH presenta controversia constitucional contra Reforma Judicial de Mauricio Vila

CNDH presenta controversia constitucional contra Reforma Judicial de Mauricio Vila

632

De manera sorpresiva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su titular, Rosario Piedra Ibarra interpuso una Controversia Constitucional contra la Reforma Judicial propuesta por el Gobernador Mauricio Vila Dosal y aprobada por el Congreso del Estado de Yucatán, con el voto mayoritario de los panistas y sus aliados: PRI, PVEM, Panal.

 

Consulta íntegra la controversia constitucional:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-06/Acc_Inc_2022_82.pdf

A la redacción llegó el documento oficial, del que compartimos el fundamento que sustenta dicha Controversia. Éste es un paso jurídico que eleva el debate al plano nacional, toda vez que se sustenta en lo que la CNDH considera una violación a la autonomía del Poder Judicial por parte de dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta ahora ninguno de los dos ha emitido posición alguna.

Lo que dice el texto:

María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Yucatán, reformadas mediante Decreto 496/2022, así como del artículo sexto transitorio del mencionado Decreto, publicado en el Diario Oficial de la entidad el 04 de mayo de 2022.

Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó. Artículo 68, párrafo tercero, en su porción normativa “o treinta años al servicio del estado”, de la Constitución Política del Estado; 20, segundo párrafo, en su porción normativa “o treinta años al servicio del estado”, de la Ley Orgánic del Poder Judicial, ambas de Yucatán, así como el sexto transitorio del Decreto 496/2022 por el que se reformaron los referidos ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la entidad el 04 de mayo de 2022.

Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Artículos 1o. 17, en relación con el 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1, 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Derechos fundamentales que se estiman violados: Derecho de acceso a la justicia; Principio de independencia del Poder Judicial; Principio de inamovilidad judicial; Principio de carrera judicial.

Competencia. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, tod vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones precisadas en el apartado III del presente escrito.

Legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad. El artículo 105, fracción II, inciso g)1, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para plantear la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte, respecto de legislaciones federales y de las entidades federativas.

Derecho de acceso a la justicia y su relación con las garantías constitucionales de autonomía e inamovilidad judicial para su plena efectividad. El sistema jurídico del país, prevé principios fundamentales encaminados a establecer una estructura a través de la cual se asegure jurídicamente el libre y pleno respeto de todos los derechos humanos reconocidos en el parámetro de control de la regularidad constitucional de nuestro país. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 173 las directrices del derecho de acceso a la justicia, principalmente la prohibición de hacer justicia por sí mismo, que la justicia sea completa, gratuita, imparcial y pronta en todo el territorio nacional; mientras que en sus numerales 96 a 1014 y 116, fracción III, 5 contiene los principios o garantías constitucionales de la función jurisdiccional de poderes judiciales federal y locales, respectivamente.

Inconstitucionalidad de las normas. Expuesto el parámetro de regularidad constitucional aplicable al presente caso, a continuación se desarrollarán las razones por las cuales esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que las normas impugnadas resultan contrarias al orden constitucional.

De las normas trascritas es dable desprender que lo siguiente: 1. Las causas de retiro forzoso de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 2. El régimen transitorio por el cambio de regulación aplicable al haber de retiro para aquellas magistradas y magistrados que se encuentran en funciones.

A juicio de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las disposiciones en combate transgreden el principio de inamovilidad e independencia judicial, en estrecha relación con la garantía de acceso a la justicia de los gobernados, por las razones se explicarán en los siguientes subapartados.