El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos dentro de los campus, mientras especialistas y universidades deberán enfrentar el debate sobre los límites de la autonomía universitaria.
El Gobierno de Colombia abrió un nuevo frente de discusión con las universidades del país. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la Policía Nacional podrá intervenir en los campus cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo, terrorismo, destrucción de infraestructura o ataques contra la población y la Fuerza Pública.
El anuncio fue realizado durante una alocución presidencial la noche del domingo 13 de septiembre, en la que el mandatario presentó un balance de su primer mes de Gobierno y expuso nuevas medidas relacionadas con seguridad y orden público.
De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no puede utilizarse como una barrera frente a actuaciones que constituyan delitos o generen alteraciones graves del orden público. Al mismo tiempo, aseguró que su Gobierno respetará la protesta pacífica que se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
La instrucción contempla la creación de un protocolo nacional para establecer cuándo una manifestación deja de ser pacífica y pasa a involucrar situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
El presidente afirmó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender esos escenarios y advirtió que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como refugio para quienes preparen ataques o almacenen elementos destinados a cometer actos violentos.
La frase tiene un peso político considerable porque toca uno de los principios más sensibles de la educación superior colombiana: la autonomía universitaria.
El artículo 69 de la Constitución establece que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus estatutos, de acuerdo con la ley. La Ley 30 de 1992 desarrolla ese principio y reconoce a las instituciones de educación superior facultades para organizar sus actividades académicas, administrativas, científicas y culturales.
Eso no significa, sin embargo, que los campus sean espacios ajenos al ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional ha señalado que la autonomía universitaria es una garantía institucional esencial, pero también ha establecido que tiene límites y debe armonizarse con el orden público, el interés general y los demás derechos fundamentales.
La propia Corte ha advertido que esos límites no pueden convertirse en una anulación de la autonomía. En otras palabras, existe una diferencia importante entre permitir que las autoridades actúen frente a un delito y convertir la intervención estatal en una herramienta para controlar la actividad académica, política o de protesta dentro de las universidades.
Ahí se encuentra precisamente el punto más delicado del anuncio presidencial. La existencia de violencia o de un delito puede justificar una actuación de las autoridades, pero todavía falta conocer con precisión cómo funcionará el nuevo protocolo, quién determinará que una protesta dejó de ser pacífica y bajo qué condiciones podrá la Policía ingresar a un campus.
El Gobierno no ha detallado todavía todos esos procedimientos. Tampoco ha explicado públicamente qué autoridad universitaria deberá ser informada antes de una intervención ni qué controles existirán para evitar que una actuación policial termine afectando derechos de estudiantes que no participan en hechos violentos.
La discusión no es nueva. La Universidad Nacional ha analizado durante años la tensión entre autonomía universitaria y presencia de la Fuerza Pública en los campus. Expertos de esa institución han señalado que las circunstancias y la forma en que se produce un ingreso policial son determinantes para establecer si existe una afectación injustificada de la autonomía.
La Corte Constitucional también ha protegido de manera reiterada el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los estudiantes. En una sentencia de 2023 recordó que la protesta social y la manifestación pública y pacífica constituyen derechos fundamentales, al tiempo que señaló que la autonomía universitaria tampoco es absoluta.
El reto será encontrar ese punto de equilibrio. Una universidad no puede convertirse en un lugar donde una persona pueda refugiarse para cometer un delito sin que las autoridades puedan actuar. Pero tampoco debería ocurrir que una protesta incómoda para el Gobierno sea calificada automáticamente como una amenaza contra el orden público.
La diferencia entre ambos escenarios tendrá que quedar claramente establecida.
El presidente ha insistido en que su medida busca proteger precisamente a los estudiantes que quieren acudir a clases, debatir y manifestarse de manera pacífica. Según su argumento, quienes utilizan las instalaciones universitarias para cometer actos violentos perjudican a toda la comunidad académica.
La postura encaja además con la orientación de seguridad que ha marcado los primeros meses de su administración. De la Espriella ha adoptado un discurso de mayor contundencia contra el terrorismo, el crimen organizado y las alteraciones del orden público. Reuters ha descrito su Gobierno como una administración de derecha que ha colocado la seguridad entre sus principales prioridades.
El anuncio sobre las universidades se suma a esa línea política, pero introduce un componente especialmente sensible: la relación entre el poder estatal y espacios históricamente asociados con la discusión política, la movilización social y la libertad de pensamiento.
Por eso, más que la declaración presidencial, lo verdaderamente importante será el contenido del protocolo que se pretende aplicar. Allí deberán definirse los criterios, los procedimientos y las responsabilidades de las autoridades. También será necesario determinar cómo se garantizará que una intervención policial sea proporcional a la situación que pretende controlar.
La autonomía universitaria, como ha establecido la jurisprudencia constitucional, no equivale a impunidad. Pero tampoco puede reducirse a una concesión administrativa que desaparezca cada vez que exista una controversia política.
Colombia enfrenta ahora el desafío de resolver esa tensión sin convertir los campus en zonas sin ley ni, en el extremo contrario, en espacios sometidos a una vigilancia estatal que termine debilitando la libertad académica y la protesta legítima.
El Gobierno ha anunciado que actuará con firmeza contra la violencia. La pregunta que queda abierta es cómo logrará hacerlo sin cruzar la línea que separa la defensa del orden público de una intervención desproporcionada en la vida universitaria.
