Las y los diputados de los distintos grupos parlamentarios expusieron sus inquietudes
El combate a la corrupción es tarea de todos y se hará de manera frontal y sin miramientos: diputado Angulo Briceño
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) sostuvo reunión con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo. relativa al Análisis del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y a la tercera Entrega del Informe del Resultado de la misma.
En su mensaje de bienvenida, el presidente de la instancia legislativa, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), sostuvo que el combate a la corrupción es tarea de todos, porque es uno de los principales males que aquejan a la sociedad mexicana, por lo que la fiscalización no tiene colores partidarios.
Apuntó que este fenómeno, que tanto lastima a las y los mexicanos, es un problema que va más allá de partidos políticos y traspasa sexenios, y debemos enfrentarlo con el fortalecimiento de las instituciones.
“No nos detendremos en el esfuerzo de hacer un mejor México. Combatir la corrupción se hará de manera frontal y sin miramientos. Tenemos la responsabilidad de vigilar que el dinero público se emplee de la mejor manera”, aseguró.
Refrendó el compromiso de la instancia legislativa a trabajar con la ASF en un diálogo abierto y estar pendientes al trabajo que realiza, para fortalecer el proceso de fiscalización.
Externó al Auditor Superior de la Federación, que cuenta con el apoyo de las y los diputados en el esfuerzo que realiza para combatir la corrupción en nuestro país, para que se lleguen a acciones resarcitorias y denuncias penales, porque coincidimos que el combate a la corrupción es tarea de todos.
El diputado Angulo Briceño reiteró la disposición de seguir realizando reuniones para fortalecer el proceso de la fiscalización en el marco de pluralidad que prevalece en la Comisión y en la Cámara de Diputados, donde todas y todos los legisladores, independientemente del grupo parlamentario, han mostrado el compromiso con el proceso de fiscalización.
Comentó que, con este encuentro, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, ha asistido en cinco ocasiones, durante los últimos seis meses a reuniones con la Comisión; además, concluye la etapa de encuentros de trabajo sostenidas durante el presente mes con los Auditores Especiales de la ASF.
Participación de las y los diputados
Al realizarse tres rondas de preguntas, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete indicó que la Auditoría Superior de la Federación realiza un buen trabajo; no obstante, preguntó cuándo y cómo se da seguimiento a las auditorías y cómo sabrán las y los diputados, las consecuencias que estas tienen. Expresó su apoyo para fortalecer las labores de fiscalización, siempre y cuando se asuma la responsabilidad de cumplir con lo encomendado.
El diputado Victoriano Wences Real (PT) indicó que sólo el 25 por ciento de los municipios del país se auditaron; por ello, preguntó qué ocurre con los restantes, toda vez que en el caso de Guerrero el municipio de Xalpatláhuac en seis años no ha sido auditado. Asimismo, pidió explicar el grado de confiabilidad de las fiscalizaciones digitales.
Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado del PVEM, reconoció la correcta implementación que han hecho las nuevas tecnologías, ya que han permitido que las auditorías sean precisas y transparentes en los recursos al abarcar un universo más amplio. Consideró que se debe continuar con el trabajo conjunto, pues ello abona la fiscalización más completa.
Por el PRI, la diputada Cristina Ruiz Sandoval subrayó que la ASF es una institución que funge como un contrapeso del Gobierno Federal y neutralizador del ejercicio despótico por parte de cualquier gobierno; ante ello, cuestionó al titular de la ASF qué estrategia y ruta de trabajo se plantea para mantener la eficacia en su labor.
El diputado Guillermo Octavio Huerta (PAN) preguntó si se ha auditado o si se tiene prevista una auditoría de desempeño o de investigación a la Secretaría de la Función Pública. Consideró que hay discrecionalidad en el uso de recursos en materia de difusión de la Presidencia, por 784 mil millones de pesos, por lo que cuestionó si se han auscultado esos recursos y si se identifican conductas infractoras de alguna ley, un posible delito o infracción administrativa.
La diputada Adela Ramos Juárez (Morena) dijo que en los últimos dos años han mejorado los índices de desempeño de la gestión de gasto federalizado y preguntó cuál es la estrategia que implementa la ASF para que las entidades federativas hagan las evaluaciones y éstas sirvan para una mejor gestión pública.
De la bancada de Morena, el diputado Azael Santiago Chepi destacó la importancia de conocer los resultados de la gestión financiera del Gobierno Federal. Reiteró su compromiso con abatir la corrupción. Preguntó qué seguimiento da la ASF a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y qué impacto ha tenido en el proceso de fiscalización la creación de la Auditoría Especial de Seguimiento.
La diputada Inés Parra Juárez (Morena) señaló que las reuniones con los auditores no contestaron los cuestionamientos de los legisladores; por ello, pidió al titular de la ASF detallar cómo promueven las denuncias de hechos cuando conocen actos irregulares graves. Expresó que hay un comportamiento de desdén y desgano al combate a la corrupción por parte de esta instancia, ya que sus denuncias van a la baja.
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, pidió a los funcionarios de la ASF informar cuántas denuncias penales han presentado del 23 de noviembre a la fecha; además, señaló que con las modificaciones al Reglamento Interior de la Auditoría Superior se concentró mucho trabajo en la Auditoría Especial de Seguimiento, por lo que esta acción puede traer un tipo de responsabilidad, por lo que solicito corregir este error.
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) recordó que en la pasada Legislatura se le dio a la ASF una reforma para que auditara de manera digital, sin embargo, dijo que esta instancia debe informar respecto a la eficiencia recaudatoria del Gobierno Federal, las entidades y los municipios.
Hiram Hernández Zetina, diputado del PRI, manifestó el respaldo de su bancada para que la ASF haga su labor, audite y genere conclusiones importantes, persiga y denuncie la corrupción que tanta falta le hace a la democracia y el Estado de derecho. Consideró que es fundamental que las y los integrantes de esta Comisión fortalezcan a este importante órgano de la República.
Del grupo parlamentario del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante indicó que el reto es grande y el país requiere un cambio profundo en la cultura del combate a la corrupción y manifestó su disposición a contribuir para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción. Dijo que en el Informe General hay un apartado sobre propuestas legislativas y cuestionó cuál de las 27 propuestas se deben impulsar para perfeccionar la ley, “y cuenten con el marco normativo necesario para el cumplimiento de su labor”.
La diputada Anabel García Velasco (PAN) preguntó su se han realizado auditorías a la Oficina de la Presidencia en el área de Comunicación Social y la difusión de las actividades del Presidente, cuántas se han hecho y qué resultados arrojaron. Se refirió a la situación de Segalmex, porque son alarmantes las cifras que hablan de cinco mil 640.6 millones de pesos en el tema de seguridad alimentaria y preguntó cuál ha sido la postura de la ASF para combatir la corrupción y fincar las responsabilidades correspondientes.
Respuesta del Auditor y funcionarios de la ASF
Al dar respuesta a las y los diputados, David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, explicó que se tienen 2 mil 500 municipios en el país, por lo que con el método presencial es imposible revisarlos a todos, por lo que para ello se utilizan las auditorias digitales.
Sostuvo que la ASF seguirá con su trabajo para fortalecer los mecanismos tecnológicos, prevención y de consolidación de las estructuras que permitan que se cumplan con los procesos de fiscalización en tiempo y forma.
Indicó que la ASF también analiza la eficiente recaudación de los ingresos tributarios como lo es el catastro, la cual es un recaudo del impuesto predial, pues es una forma de perder recursos públicos, por tanto, se ha incluido en las revisiones de las auditorías.
Colmenares Páramo dijo que en 2019 se hizo una auditoría al sistema coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción SNAC, e incluso al Comité de Participación Ciudadana.
El Auditor Superior explicó que el tema de Segalmex lo encontró y lo señaló la ASF, lleva un proceso que está en la ley y estamos ajustándonos a los tiempos que marca la ley. “No estamos avalando nada negativo y llegará el momento en que deban fincarse las responsabilidades que procedan. No le quepa la menor duda”.
Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de Asuntos Jurídicos del órgano fiscalizador, explicó que en el tema de las denuncias penales la ASF no ha dejado de presentarlas en ningún momento.
Subrayó que del 15 de marzo de 2018 a la fecha se han presentado 194 denuncias penales por un monto de 20 mil millones de pesos. Estas denuncias penales están vinculadas con Cuentas Publicas del 2018 y anteriores.
“No ha habido un año de ejercicio corriente en que no se hayan presentado estas denuncias e informó que en los últimos días se presentaron tres denuncias más”.
Añadió que las observaciones realizadas en las auditorías fueron entregadas el 20 de febrero y con ello concluye la primera etapa de la fiscalización, después se notificó a las entidades fiscalizadas, las cuales les está corriendo el plazo de 30 días para proporcionar la documentación.
Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado, detalló que las auditorías digitales pasaron de 164 en la Cuenta Pública 2020 a 616 municipios en 2021, lo que da una cobertura del 25 por ciento a nivel nacional y en la medida que esta plataforma vaya madurando se harán el número de auditorías realizadas.
Explicó que hay una cultura de desatender un poco los temas de desempeño porque no se cuantifican en términos de un posible daño al erario, y algunas entidades le pierden interés; sin embargo, subrayó, estos indicadores son muy relevantes y se señalará a quienes no cumplan con las evaluaciones de desempeño de gasto federalizado.
Barriga Delgado expresó que en el caso de los planteamientos de Segalmex “tan pronto tengamos la información adicional, a finales de abril, procederemos a analizar la información y, de ser el caso, elaborar un dictamen de hechos para turnarlo al área jurídica y se presente la posible denuncia”
Jaime Bolaños Cacho Guzmán, director general de Transparencia, informó que se tiene publicada este año una auditoría a esa dependencia y que desde 2015, ininterrumpidamente hasta 2020, ha sido auditada por la ASF en diferentes temas y conceptos.
Planteó que se es necesario revisar y actualizar la Ley de Disciplina Financiera; las leyes estatales y municipales y los marcos normativos, incluso, de los propios órganos de fiscalización para encontrar algún parámetro de homologación o uniformidad legislativa. Además, la parte de la materia penal.
Reiteró que, en el caso de la Presidencia de la República, se han auditado también Cuentas Públicas de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Explicó que los títulos de la Auditoría han sido en gestión financiera, estrategia digital nacional, avance en la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, gestión financiera en sentido amplio, Agenda 2030 de Naciones Unidas, evaluación de la Estrategia Digital Nacional y la Agenda Internacional de Acciones de México ante el Cambio Climático”.
Subrayó que el área de seguimiento ha liberado espacios de acción a las áreas de desarrollo de auditorías y se ha asumido la atención de acciones de solicitud de aclaraciones, recomendaciones y pliegos de observaciones.
En su primera participación, el Auditor Superior de la Federación, David Colmeneres Páramo, señaló que un hito registrado en la revisión de la Cuenta Pública 2020 fue la mayor facilidad y disposición de los entres fiscalizables a trabajar con la ASF relativas a las aclaraciones que darían lugar a las observaciones plasmadas en el Informe General.
Se registran avances importantes que se plasman en los resultados presentados, aunque, destacó que existen limitaciones de carácter jurídico, a veces, para transparentar o difundir resultados porque se estaría violando los debidos procesos.
Afirmó que la relación que tiene la ASF con la Cámara de Diputados ha sido de mucho respeto, “nunca hemos tenido una sola presión por parte de ésta para que los auditemos o no los auditemos. Nosotros tenemos con la autonomía de gestión, tenemos, y la ley nos lo permite, adicionar auditorías al programa inicial”.
“No es cierto que la Cámara de Diputados nos prohibió auditarla”, aseguró. Solicitamos ya información a la Cámara, en el momento adecuado, que consideremos oportuno, de acuerdo, a la metodología que llevamos para las revisiones, sea conveniente entrar a revisarla.
Esto es muy importante, porque la autonomía de gestión de la ASF ha permitido avanzar y, avanzado mucho para que los entes auditados también comprendan la necesidad de trabajar con nosotros, a fin de aclarar las observaciones, que después se pueden convertir en observaciones definitivas del Informe de Resultados y entrar a la etapa de seguimiento.
Indicó que la fiscalización se recuperó después de la caída que se tuvo por la pandemia, al incrementarse en 108 auditorías adicionales; la revisión del gasto federalizado obligó a desarrollar el uso de la tecnología que ha permitido avanzar y abarcar un universo mayor.
Colmenares Páramo precisó que por primera vez, el año pasado se realizaron auditorías digitales, estamos avanzando y, tenemos un nuevo modelo de fiscalización con municipios con seis mil 155 entes públicos subnacionales, no son los 32 gobiernos de los estados únicamente, sino muchas dependencias en las que se enfoca la revisión del gasto público.
Dicha revisión ha implicado, que en el gasto federalizado se haya auditado el 60 por ciento de las auditorías totales, porque ese rubro representa entre 35 a 36 por ciento del Presupuesto. El universo a fiscalizar es muy amplio.
Refirió que los municipios, en conjunto deben 40 mil millones de pesos, donde veinte de ellos deben el 52 por ciento de esa cifra.
Los estados, incluyendo la anterior cifra, deben 660 mil millones de pesos, concentrada casi la mitad de la deuda en cinco entidades, mientras que entre el 80 al 90 por ciento de la misma la tienen diez estados. Significa que la mayor parte de los estados y municipios están alejados del crédito.
Advirtió que se tienen que encontrar mecanismos para fortalecer la dinámica de los ingresos de estos dos órdenes de gobierno subnacionales. La mejor política, aparte de recaudar lo que se puede captar, es tener un ejercicio disciplinado del gasto público. “En esto sí tenemos que acelerar la fiscalización”, con la digitalización se podrán revisar 500 municipios más, es un avance relevante, agregó.
Informó que a las auditorías superiores estatales se les propondrán mecanismos de coordinación con la ASF en materia de fiscalización, con el propósito de que haya mayor equilibrio y equidad. En materia fiscal se harán convenios con las entidades fiscales estatales con ciertas reglas, con lo cual se podrán revisar 300 municipios más.
Al concluir la reunión, Colmenares Páramo señaló la relevancia de que los recursos públicos se gasten con transparencia y honradez. “Nunca nos prestaremos a juegos políticos de ningún color, ni con ningún tema, ni inventaremos nunca sanciones que no sean efectivamente merecedoras de ese calificativo”, puntualizó.
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