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Conciliación entre peritajes y la percepción de justicia, un desgaste institucional y social

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A partir de hace poco más de una década se dio en nuestro país una transformación del sistema de justicia penal. De un sistema inquisitivo hacia un modelo más garantista y respetuoso de los derechos humanos, el oral adversarial-acusatorio. Pasamos entonces de un paradigma ponderado en la concepción preconcebida de la responsabilidad a otro muy diferente que considera los elementos científicos de la ciencia forense e investigación criminal. Un sistema que no especula, sino que indaga y fundamenta la realidad con la prueba científica.

Sin embargo, aún queda en la sociedad un sentimiento de incredibilidad que afecta la confianza en los procesos de investigación, y lamentablemente, la posterior valoración de la validez de la prueba ante la perennidad del linchamiento que surge por un elemento subjetivo de interpretación de la realidad.

En dos casos recientes a nivel local y el sensible fallecimiento del actor Octavio Ocaña encontramos los indicios que sustentan la anterior aseveración.

El caso del joven Ravelo en Mérida, la capital de Yucatán, es muy sintomático de esta realidad en la aplicación de la justicia. Hay que recordar que este caso cobró notoriedad por la protesta de la señora madre que, ante la muerte y dolor entendible por el fallecimiento de su hijo, acudió con el féretro hasta las puertas del Palacio de Gobierno para pedir justicia. Lo que encendió la indignación social y puso en acción a las autoridades judiciales, a las de investigación y aplicación de justicia de la entidad.

Antes de la muerte de Ravelo, como víctima ya había acudido a la fiscalía a interponer una denuncia donde responsabilizada a elementos de policías estatales. La denuncia, filtrada a las redes sociales, es muy claro el planteamiento de la supuesta responsabilidad de tortura y de una supuesta agresión sexual se atribuía y acusaba policías estatales. Sin embargo, en el desencadenamiento de acontecimientos que produjeron la filtración de vídeos nunca se vio a policías estatales, sino que la responsabilidad se atribuyó a la policía municipal.

Puesto el caso a la valoración de un juez para dar inicio al proceso judicial, el responsable de tomar la decisión no encontró elementos de prueba que dieran certeza sobre esa responsabilidad y decretó la libertad de los presuntos cuatro elementos de la policía municipal señalados como responsables de ese crimen. Lo que generó una gran molestia social que incitó a la madre de Ravelo a pedir la intervención de la autoridad federal.

En fechas recientes, la FGR dio a conocer que la causa de muerte del joven fue una neumonía que nada tenía que ver con el traumatismo por tortura denunciado. Inclusive reconoce el informe final que el joven se resistió a un arresto. Aunque queda pendiente la actuación de los investigadores iniciales de la policía estatal en una presunta intención de cambiar pruebas y extorsionar testigos para responsabilizar a los policías municipales, la estrategia de entrada no funcionó ya que se careció de contundencia ante el juez que resolvió que no había elementos para la vinculación del proceso.

El otro caso, al fallecimiento de una joven que se tiró al vacío desde el balcón de un tercer piso y que la familia sigue insistiendo en la presunta responsabilidad del novio; por lo que reclaman de que el caso sea tratado como un feminicidio.

Por su parte, la autoridad ha sostenido que tiene dos horas de vídeo sobre el caso y específicamente grabado el momento en la cual la joven se tira del balcón sin que se pueda percibir otra persona a su lado. Material que ya debió de haber visto por la familia. Pero que, en lugar de despejar la duda, no cambia el reclamo ni la acusación.

El caso de Octavio Ocaña es muy similar en el cuestionamiento de cuál fue la verdad entre la versión oficial y lo que en redes sociales se dice y especula. Sin embargo, existe una carpeta de investigación con pruebas forenses que establecen una cronología de hechos y una mecánica de acciones que solamente podría ser desvirtuada por los que tiene el interés jurídico con otros medios de pruebas científicas y forenses.

Muy significativo fue la intervención del periodista especialista en espectáculos Gustavo Adolfo Infante que en una cápsula informativa sobre el tema donde entrevistó a otro periodista especialista en temas policiacos que despejó y contestó muchas de las dudas con fundamento en los dictámenes forenses y, que al final, se afirmará “…que aún queda muchas dudas”.

Tal vez la desconfianza hacia las autoridades y el hartazgo por la corrupción que aún existe y no ha desaparecido en los tiempos de la Cuarta Transformación sea un factor decisivo para entender esta realidad. No negamos que se tratan todos los casos de vida humanas cuya perdida afectan a seres queridos que necesitan procesar y aceptar el dolor de la separación. Un proceso que puede ser lento y tardado en contra de la inmediatez de las redes sociales.

En ese espacio de intercambio global abundan las especulaciones y no faltan quienes pretenden tener sus cinco minutos de fama como aquella usuaria de Twitter que afirmó que su coche había sido golpeado por el auto de Ocaña, que vio que la policía le dispara al actor y hasta ella resulta amenazada. Su comentario acompañado con una foto de un vehículo que ya había sido publicada en alguna página de la red Internet hace más de dos años. Pero son datos que confunden y alimentan las ideas conspiracionistas y especulativas.

Al final, todos tendrán una historia y una conclusión  que contar sobre lo que sucedió, aunque no tengan interés jurídico en el asunto ni sean parte de la situación, sin importar lo que forense y pericialmente se pueda comprobar. Eso no se podrá cambiar por más claridad y contundencia se tenga en los dictámenes y sentencias judiciales.