Se busca hacer una memoria que será entregada a los órganos de la siguiente Legislatura: diputada Ortega Martínez
Con el propósito de dejar un compendio de temas, información y aportaciones para que sean retomados por las y los diputados de la próxima Legislatura, la Comisión de Justicia, que preside la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), llevó a cabo de manera virtual la segunda jornada del foro “Agenda en materia de justicia. Retos y oportunidades hacia la LXV Legislatura”.
La diputada Ortega Martínez puntualizó que lo que se busca es poner a disposición de la nueva Legislatura aquellos temas que han llegado a la mesa de la Comisión, porque hay una obligación del Congreso de abordarlos, en virtud de ser un mandato constitucional.
Señaló que es un ámbito en el que México tiene muchas cosas por hacer para mejorar el sistema de justicia y lograr que haya un real acceso a ella para todas y todos los mexicanos.
Son temas necesarios para perfeccionar nuestro sistema de justicia. “Tendremos una memoria que entregaremos a los órganos de la siguiente Legislatura, para efecto de que puedan llegar a los y las diputados”.
Comentó que uno de estos pendientes en la agenda legislativa es lo relativo a la justicia cívica. “Hay que tener cuidado cómo se construye esta legislación, sobre todo en derechos humanos; tener una visión de cada entidad y región del país, es fundamental, y atender el derecho a la defensa”, agregó.
Legislación en materia de Justicia Cívica
En la mesa “Legislación en materia de justicia cívica”, Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante de la CEDAW, dijo que es preocupante que pueda darse una sobrerregulación que lleve a que no fluyan las competencias y facultades locales de la mejor manera, porque este tipo de justicia está ligada a la convivencia cotidiana y a situaciones básicas diferentes en este México diverso. “Es clave para el ejercicio de derechos fundamentales, con sanciones alternativas que no lleguen lejos de la justicia superior”.
Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que se debe ser cuidadoso en la redacción de la ley, pues debe cubrir aspectos transversales, pero sin que se invada la soberanía y las facultades de los estados. Agregó que es una oportunidad de revisar los temas que tienen que ver con este tipo de justicia, como los de derecho turístico, medio ambiente, protección civil, conflictos entre vecinos que no deben escalar a otras materias.
María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, apuntó que sin un modelo de justicia cívica real en el país no habrá justicia, debido a que es una forma efectiva de prevenir el delito y que además visibiliza los derechos de las víctimas y de la comunidad; sin embargo, falta mucho en los ámbitos institucional, cultural y presupuestal para lograrlo, por lo que los próximos legisladores deben sensibilizarse sobre la importancia de esta materia. “Debe ser ligera, local, con propias formas, bien sustentada y con los fondos económicos suficientes”.
Luis Felipe Nava Gomar, director general de enlace con los poderes Legislativo y Judicial del INAI, señaló que la justicia cívica debe tener un enfoque de prevención que evite situaciones complicadas en el futuro y delitos, focalizando los riesgos en una comunidad. Consideró que deben tomarse en cuenta medios alternativos de solución de controversia, la preferencia por la solución del conflicto frente al formalismo, así como el uso de las nuevas tecnologías y un presupuesto asignado.
Legislación en materia de medios alternativos de solución de controversias
Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, señaló que el Estado mexicano tiene una deuda con sus gobernados en materia de justicia y que los tribunales están rebasados en su tarea de administración de justicia en esta ciudad y en los estados de la República. “Es urgente que el Congreso federal apruebe la Ley General de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y una partida presupuestal para implementar esta forma de resolver conflictos”.
Julieta Ovalle Piedra, subcoordinadora de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana de Abogados, manifestó que la facultad del Congreso de legislar sobre medios alternativos de resolución de controversia puede llevarse a cabo a través de una ley general. “México promueve una política de comercio exterior, tiene firmados tratados internacionales, y una red muy importante”.
Nicolás Vázquez Alonso, presidente de mediadores del estado de Puebla, indicó que la capacitación y certificación debe ser una premisa fundamental que contemplen todas las leyes de los estados. “La razón por la cual los mediadores deben estar certificados y capacitados por el Poder Judicial y todas las materias deben quedar incluidas en la ley general sin excepción alguna, es el tema del efecto de cosa juzgada, que se le otorga al acuerdo alcanzado ante un mediador certificado”.
Martha Laura Garza Estrada, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Nuevo León, dijo que llevan cuatro años esperando esta ley, y quieren que sea de calidad. Este tema tiene que ser para todas las materias y personas sin exclusión; debemos trabajar en el logro de la paz social que queremos para la nación.
Rafael Horacio Montoya Vargas, director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, dijo que la capacitación y certificación de mediadores y conciliadores públicos y privados, deberá continuarla el Poder Judicial, vía las escuelas judiciales, o un órgano interno de certificación que se erija con los integrantes de ese poder en cada estado.
Justicia restaurativa
José Mario e la Garza, de la fundación Renace, de San Luis Potosí, comentó que hay una deuda a personas privadas de la libertad que son inocentes, víctimas indirectas y personas recluidas o con alguna adicción. Planteó una compensación fija equivalente a dos salarios mínimos por día que se estuvo en prisión de manera injustificada y crear un tribunal de adicciones.
La profesora e investigadora del CIDE, Ana Elena Fierro Ferráez, consideró que el procedimiento ordinario penal no puede ser el mecanismo para la solución de la mayoría de los delitos penales. Es importante hacer valer el derecho de la reparación integral como clave de acceso a la justica; no dejar toda la responsabilidad a las comisiones de víctimas, y enfatizar medidas del mecanismo de reparación del daño.
Ricardo Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho, comentó que el Poder Legislativo tiene el reto de generar diálogos y espacios de comunicación, porque se ha vivido con una sobreproducción de leyes que no han sido eficaces y que “han revuelto el sistema jurídico del país. Se necesita echar a andar las instituciones que ya están creadas, que las defensorías actúen con la sociedad civil, y quitar la visión de negocio a la abogacía para que sea una herramienta de cambio.
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