Nuevas restricciones obligarán a justificar contrataciones y demostrar que los puestos vacantes responden a necesidades reales
Notipress.- Ocupar una vacante en el Gobierno colombiano ya no dependerá únicamente de contar con presupuesto y un puesto disponible. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó restringir nuevas contrataciones y nombramientos mediante una estrategia destinada a reducir los gastos de funcionamiento del Estado.
La decisión quedó establecida en la Circular Externa 08, fechada el 15 de octubre de 2026, con instrucciones para ministerios y entidades públicas. Su objetivo es controlar la incorporación de personal, evitar funciones duplicadas y aprovechar los recursos humanos existentes antes de autorizar nuevas vinculaciones.
Como parte del plan de austeridad gubernamental, las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Además, establecen límites específicos para determinados cargos y contratos de servicios profesionales, junto con mecanismos de supervisión periódica.
Cuánto podrá contratar el Gobierno con las nuevas restricciones
Uno de los cambios principales establece que las entidades deberán limitar la ocupación de cargos de libre nombramiento y remoción al 60 % de los puestos autorizados. Esta categoría comprende empleos cuya designación y separación dependen de las facultades legales de las autoridades correspondientes.
Para calcular ese porcentaje, quedarán excluidos los cargos de ministros, viceministros, directores y subdirectores de departamentos administrativos. También habrá excepciones para puestos cuya ocupación resulte jurídicamente obligatoria o indispensable para mantener funciones esenciales, siempre mediante justificación expresa.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo administrativo, las entidades deberán establecer una referencia basada en 2025 y 2026. A partir de esa información, la programación de nuevas contrataciones se orientará hacia un máximo equivalente al 25 % de la base calculada.
La metodología deberá quedar documentada para impedir duplicidades o incrementos artificiales en los valores utilizados como referencia presupuestaria.
Por qué se restringen los nombramientos y qué excepciones existen
El Gobierno busca disminuir el gasto público mediante un mayor control sobre las decisiones administrativas relacionadas con personal y contratación. Antes de incorporar funcionarios, cada institución deberá demostrar una necesidad funcional, identificar su impacto presupuestario y descartar posibles duplicaciones de tareas.
Para evitar contrataciones innecesarias, las entidades deberán redistribuir responsabilidades, facilitar movimientos internos, simplificar procedimientos y aprovechar herramientas tecnológicas de automatización. Estas medidas pretenden utilizar las capacidades existentes antes de comprometer recursos adicionales mediante nuevos contratos o nombramientos.
Sin embargo, las restricciones contemplan excepciones relacionadas con seguridad, protección, atención de emergencias, obligaciones legales y judiciales, y proyectos con financiación específica. También podrán autorizarse necesidades vinculadas con compromisos internacionales, siempre que exista una justificación escrita sobre costos, duración y necesidad.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será responsable de supervisar el cumplimiento de las instrucciones establecidas. Para ello, ministerios y departamentos administrativos deberán presentar informes trimestrales sobre ocupación de cargos, contratos, excepciones y ahorros estimados.
