Hoy, los países de las Américas han dado un importante paso adelante en apoyo a la democracia en Nicaragua y a los derechos del pueblo nicaragüense.
A través de la Organización de los Estados Americanos, nuestros Estados Miembros han acordado un proceso concreto para impulsar el diálogo diplomático, evaluar los avances y determinar nuevas medidas. Ahora contamos con un mecanismo para llevar adelante esta labor, con responsabilidades y plazos claros.
El propósito es contribuir a crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer libremente sus derechos y determinar su propio futuro político mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas.
La resolución adoptada hoy establece las medidas inmediatas, concretas y verificables que deben tomar las autoridades nicaragüenses. Entre ellas figuran la liberación incondicional de todos los presos políticos y la divulgación del paradero y el estado de las personas sometidas a desaparición forzada. Asimismo, pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos asociados a ella a quienes hayan sido privados arbitrariamente de estos, así como su retorno seguro y voluntario, sin temor a represalias.
También pide el restablecimiento del espacio cívico y de las libertades fundamentales, para que los medios de comunicación independientes, la sociedad civil, las instituciones religiosas, las universidades y las empresas puedan operar libremente. Es esencial restablecer la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político, así como contar con instituciones electorales confiables y con observación electoral internacional.
Estas son condiciones concretas para que los nicaragüenses puedan participar en la vida pública, recuperar la confianza en sus instituciones y definir el futuro de su país.
Para avanzar en estos objetivos, la resolución establece un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, con el apoyo de las capacidades técnicas de la Secretaría General de la OEA. El Grupo deberá iniciar sus trabajos dentro de los 30 días siguientes a la adopción de la resolución. Procurará entablar un diálogo pronto y directo con las autoridades nicaragüenses y realizar una visita al país, preferiblemente con los ministros de Relaciones Exteriores al frente de esas gestiones.
También dialogará con todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales de Nicaragua, incluidos la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio. Una vía creíble para avanzar debe escuchar a las personas cuyas vidas y cuyo futuro están en juego. Aplaudo a los Estados Miembros por haber incluido este aspecto en la resolución; ello demuestra que todos estamos pensando de manera integral en el futuro de Nicaragua.
Cabe destacar que, por primera vez, la región reconoce a estos actores como interlocutores legítimos para contribuir a definir el futuro democrático de Nicaragua, especialmente cuando el espacio cívico dentro del país se ha visto restringido.
La resolución también dispone que, dentro de los 60 días siguientes a su adopción, el Grupo deberá presentar recomendaciones a esta Reunión de Consulta, incluidas acciones diplomáticas y jurídicas concretas que excluyan el uso de la fuerza y sean compatibles con el derecho internacional.
La Reunión de Consulta permanecerá formalmente abierta. Su Presidencia queda autorizada para convocarla nuevamente dentro de los 90 días siguientes a la primera reunión del Grupo, o antes si las circunstancias lo requieren. Esto es relevante: significa que el tema cuenta con la atención y el seguimiento sostenidos de los Estados Miembros.
La resolución también alienta el apoyo a la investigación y documentación de violaciones graves de los derechos humanos y a la preservación de pruebas. La rendición de cuentas sigue siendo esencial para una recuperación democrática duradera.
Como Secretario General, velaré por que la Secretaría General brinde el apoyo técnico que se le ha encomendado. Nuestra experiencia diplomática, nuestros conocimientos especializados y nuestra continuidad institucional ayudarán a los Estados Miembros a traducir las decisiones de hoy en una labor diplomática sostenida. Además de este apoyo, la Secretaría General continuará trabajando en sus mandatos vigentes respecto de Nicaragua, como esfuerzos adicionales para alcanzar ese objetivo común de restablecer la democracia.
Somos realistas respecto de los desafíos que tenemos por delante. El progreso dependerá de cambios concretos en Nicaragua y de nuestra determinación de dar continuidad a lo acordado. La decisión de hoy nos brinda una base más sólida para esa labor.
La OEA ha reunido a los países de este hemisferio en torno a una responsabilidad compartida y un curso de acción acordado. Aprovecharemos esta oportunidad para buscar soluciones pacíficas, apoyar los derechos democráticos y mantener las aspiraciones del pueblo nicaragüense en el centro de nuestros esfuerzos.
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