Un grupo de ciudadanos ha decidido ejercer su legítimo derecho de manifestarse en contra de una obra de la autoridad municipal; recordamos que tal derecho es una garantía constitucional, que si bien no debe obstaculizar el desarrollo de dicha obra, tampoco debe implicar una amenaza a la integridad física de quienes ejercen ese derecho previsto tanto en ordenamientos locales, como nacionales e internacionales, el cual debe ser íntegramente respetado y garantizado por la autoridad.
Exhortamos a los afectados a presentar las denuncias penales correspondientes, y a las autoridades competentes a investigar y fincar responsabilidades a las personas que propiciaron las agresiones, ya que este tipo de hechos de extrema violencia que laceran a la sociedad no deben quedar impunes.
Con el fin de seguir documentando el expediente en trámite con motivo de estos sucesos, la Comisión determinó establecer una guardia permanente de Visitadores en el área de conflicto durante el tiempo que sea necesario.
Nunca la violencia podrá ser la vía para dirimir y solucionar controversias. Hacemos un llamado para privilegiar el diálogo como único camino para la resolución de diferencias entre ciudadanos y autoridades.
