Cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas obliga a mirar más allá del misterio y reconocer una crisis que en México se cuenta en miles de nombres, familias y vidas suspendidas.
Hay algo profundamente humano en querer saber qué ocurrió cuando una persona desaparece. El misterio atrae, las preguntas se acumulan y, en ocasiones, la incertidumbre termina convertida en espectáculo. Pero una desaparición no es una historia de suspenso ni un caso para alimentar la curiosidad durante unos días. Detrás de cada fotografía difundida en una ficha de búsqueda existe una familia que espera una llamada, una respuesta y, sobre todo, la posibilidad de conocer la verdad.
Los datos ayudan a dimensionar la gravedad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, México arrastra una cantidad creciente de reportes de personas desaparecidas y no localizadas. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló que el registro pasó de 95,121 personas desaparecidas en marzo de 2022 a 129,341 al 17 de junio de 2025. No se trata únicamente de una cifra que aumenta en una pantalla: cada registro representa una ausencia que modifica la vida cotidiana de quienes esperan.
La preocupación internacional se ha vuelto todavía más seria. En abril de 2026, el Comité de la ONU determinó que existen indicios fundados de que se han cometido desapariciones forzadas de manera extendida en diferentes momentos y lugares de México. El organismo decidió llevar la situación ante la Asamblea General de Naciones Unidas y pidió fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación, análisis forense y protección de las familias. Es una decisión que difícilmente puede interpretarse como una llamada de atención menor.
Además, conviene hacer una distinción fundamental. No toda persona desaparecida es, jurídicamente, víctima de una desaparición forzada. La Convención Internacional establece que esta última implica la participación de agentes del Estado, o de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o de ocultar el paradero de la víctima. Esa diferencia importa porque evita simplificaciones y permite exigir responsabilidades concretas.
El problema tampoco termina cuando aparecen restos humanos. La propia Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la necesidad de fortalecer los procesos de identificación. En julio de 2026, por ejemplo, informó sobre la revisión de expedientes de personas fallecidas sin identificar en Jalisco dentro de un caso de desaparición, con participación de autoridades, familiares y asesoría jurídica. Son tareas menos visibles que una búsqueda en campo, pero decisivas para cerrar una herida que permanece abierta durante años.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Y es que la desaparición produce una forma particular de sufrimiento: no existe un duelo convencional mientras permanece la incertidumbre. La familia no sabe si debe esperar, investigar, reclamar o llorar. Muchas veces termina haciendo todo al mismo tiempo.
Por eso también merece reconocimiento el trabajo de las familias buscadoras. Frente a la lentitud institucional, muchas han aprendido a recorrer caminos, revisar terrenos, aportar información genética y exigir que los expedientes no queden archivados. Su perseverancia ha demostrado que la búsqueda no puede reducirse a una obligación administrativa. Es una responsabilidad del Estado y un derecho de las víctimas.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas debería servir, entonces, para algo más que recordar. El interés público por los casos no resueltos puede convertirse en una herramienta poderosa si abandona el morbo y se transforma en atención ciudadana, exigencia de resultados y respeto por quienes buscan.
La verdad es que detrás de una desaparición no hay un misterio entretenido. Hay una silla vacía, un teléfono que quizá vuelva a sonar y una familia que se niega a aceptar que el silencio sea la última respuesta. Recordarlo es también una forma de justicia.
