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El Cisen ve amenazas a la seguridad nacional

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Dijo que además de “la seguridad dura”, son seis los ámbitos que conforman la agenda de riesgos en materia de seguridad nacional.
 
Desde la política y la democracia, agregó, “nos preocupa el estado de relación entre sociedad e instituciones y nos interesa el tema de la corrupción cuando llega a instituciones estratégicas para el desarrollo como el Ejército, la policía y PEMEX”.
 
Valdés Castellanos añadió que en el sector social temas como la pobreza, desigualdad, desequilibrios demográficos, movimientos migratorios, cultura de la ilegalidad, forman parte de dicha agenda.
 
Precisó que la seguridad nacional significa que “haya instituciones eficaces, instituciones estatales fuertes, al servicio de la sociedad y funcionales”, que también protejan  valores democráticos.
 
En este sentido, asentó, la agenda nacional de riesgos no es un plan del gobierno en turno sino de Estado, que tiene una mirada integral hacia procesos económicos, sociales, políticos y de seguridad, de corto y mediano plazo.

En tanto, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que la lucha de México por su seguridad es hoy día gracias al equilibrio de poderes, así como por la pluralidad y responsabilidad del Congreso, por lo que “es ya una lucha del Estado mexicano”.

Declaró que “estamos en presencia de una lucha del Estado mexicano por redefinir los parámetros de su seguridad”, por lo que el papel de las últimas dos legislaturas que han aprobado preceptos constitucionales y legales, le dan sustento jurídico a esta lucha y al tema de seguridad nacional.

Sin embargo, se preguntó si existen elementos que den mejores instrumentos en el mediano y largo plazo para impedir que se vuelva a dar una debilidad institucional que explica el fenómeno de inseguridad y violencia en el país.

Por ello, consideró que ante la debilidad institucional “nada mejor que el reclamo ciudadano, la participación de la sociedad, la exigencia de los grupos que viven el drama del incremento de los crímenes y delitos del fuero común para que sirvan como palanca de las transformaciones institucionales”.

En este sentido, el funcionario federal  destacó que el Congreso ha dado muestras de que se pueden lograr las transformaciones institucionales, por lo que se seguirá avanzado en los distintos frentes que existen en el país.

Por otro lado, explicó que ante la transformación estructural del crimen organizado era necesaria una respuesta estructural que tuviera tres componentes importantes: el debilitamiento de estas organizaciones delictivas, poner a sus liderazgos tras las rejas y abrir el camino para la transformación institucional.

En los últimos cinco años se ha dado una lucha sin antecedente histórico por la seguridad en México, contra la criminalidad organizada, para tratar de evitar riesgos de nuestra seguridad nacional en el reconocimiento de que existen problemas significativos en materia de seguridad interior y con base en los preceptos constitucionales, puntualizó.

A su vez, el senador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expresó que “no vamos a permitir que las Fuerzas Armadas permanentes se queden de policía nacional en este país”.

Por ello, manifestó, debemos determinar ya en la Ley de Seguridad Nacional en qué momento y en qué entorno deben de regresar las Fuerzas Armadas a sus obligaciones habituales.

De otra manera, no estamos hablando de que estamos en un proceso de emergencia o una crisis, enfatizó.

Por otro lado, resaltó que en materia de seguridad nacional los hechos y las acciones, que han pasado de riesgos a amenazas, “han hecho ver que nos quedó corto lo que teníamos como una Ley de Seguridad Nacional”.

Ante este panorama, se pronunció por definir lo que se va a considerar como una amenaza civil a la seguridad nacional, sin embargo “tenemos que anteponer los intereses de la sociedad”.

El objetivo –subrayó– es tener un país de legalidad, donde se respete la ley, que sea democrático y que las instituciones no sean vulnerables, ya que ese es al final del día lo que nos debe de mover en todo ese tipo de circunstancias.

Al hacer uso de la palabra, el diputado por el PRD, Armando Ríos Piter, señaló que en el marco de la construcción democrática, el ejercicio público del Poder Ejecutivo responsable de la seguridad nacional, debe ser  fiscalizado por las instancias competentes evitando cometer violaciones a los derechos humanos.

 De esta manera, se debe garantizar un ordenamiento jurídico, que permita en el contexto de seguridad nacional y principalmente en las actuaciones de las Fuerzas Armadas, contar con un marco regulatorio, explicó.

Al respecto, dijo, es necesario que cualquier discusión sobre la seguridad nacional en el contexto de los retos y amenazas que vive el Estado mexicano, permita el más sano de los equilibrios entre poderes.