Bruselas, 31 mar (EFE).- La puesta en marcha del fondo de recuperación de la Unión Europea (UE), que cuenta con 750.000 millones de euros, ha encontrado un nuevo obstáculo en la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) alemán contra la ley que en ese país debe ratificarlo.
Sin embargo, ni la Comisión Europea (CE) ni los analistas consultados por Efe esperan un impacto económico importante de esa demanda o de la decisión de la corte de pedir al presidente alemán que no firme aún la ley, aprobada en el parlamento, hasta que resuelva el caso.
Tras una cumbre histórica el pasado julio, los líderes de la UE lograron un acuerdo político sobre el paquete presupuestario de los Veintisiete para el periodo 2021-2027, que incluye los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación.
Ese paquete financiero es el más ambicioso de la historia de la UE por su volumen y por incorporar la emisión de deuda conjunta para el fondo de recuperación.
La demanda ante el Tribunal Constitucional alemán no es la primera vez que el fondo se encuentra con obstáculos, pues ya superó las trabas de Hungría y Polonia el año pasado.
Para que la Comisión Europea pueda endeudarse en los mercados y de ese modo financiar el fondo, es necesario que antes todos los Estados miembros ratifiquen la decisión sobre recursos propios, es decir, la legislación que permitirá a la Comisión utilizar el margen de recursos propios del presupuesto comunitario como respaldo para la emisión de deuda.
Dieciséis Estados miembros ya lo han hecho. Son España, Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia, Bulgaria, Malta, Italia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Letonia, Chequia, Dinamarca y Suecia.
Se espera que al menos veintidós Estados miembros hayan ratificado la decisión para finales de abril. Entre los cinco restantes figuran Alemania, Polonia o Países Bajos, que aún no tienen fecha.
No obstante, la Comisión Europea sigue confiando en que para finales del segundo trimestre de este año haya concluido la ratificación y, en consecuencia, pueda endeudarse a partir de verano.
“Seguimos seguros en este momento de que el calendario para recaudar el dinero y para realizar los desembolsos no quedará afectado”, declaró este lunes la portavoz de la CE Dana Spinant.
Bruselas tampoco duda de la legalidad de la decisión sobre recursos propios.
SEGÚN LO PREVISTO
Desde el Centro de Política Europea (EPC), la analista Marta Pilati coincide con la Comisión al asegurar a Efe que la ratificación “aún podría proceder según lo previsto”, ya que la mayoría de países la concluirán antes de finales de abril y solo “unos poco países podrían necesitar más tiempo”, en mayo o junio. En ese escenario, ve posible que Bruselas acuda a los mercados en verano.
“Si el Tribunal Constitucional alemán se toma más tiempo, es decir, delibera un visto bueno después del verano, habrá un retraso en el desembolso de los fondos de unos meses en comparación con el plan actual”, asume.
Reconoce que, debido al diseño del fondo de recuperación, no hay alternativa si los veintisiete Estados miembros no dan su visto bueno a la decisión de recursos propios, pero considera “bastante improbable” que el proceso quede bloqueado.
De hecho, entre los países que aún deben dar luz verde, indica que Países Bajos ha pospuesto la ratificación hasta después de las elecciones generales de este mes y no espera más retrasos “significativos”.
Sí anticipa posibles demoras en Polonia, “donde un socio menor de la coalición se niega a votar para ratificar la decisión sobre recursos propios”.
“Creo que al final el país lo ratificará, quizás confiando en los votos de la oposición, pero esto podría requerir más tiempo”, asevera.
De todas formas, subraya que un retraso en la ratificación “no tendría consecuencias muy graves, ya que la financiación de la UE se aplica de manera retroactiva”, por lo que los Gobiernos pueden poner en marcha los proyectos antes de recibir los fondos.
Tampoco espera un impacto económico importante el investigador del centro Bruegel Grégory Claeys, quien recuerda que la mayor parte de los fondos de recuperación no se desembolsarán en 2021, sino en 2022 y, sobre todo, en 2023, 2024 e incluso 2025.
Los Estados deberán asignar a proyectos concretos el 70 % del dinero del fondo de recuperación entre 2021 y 2022 y el 30 % en 2023, pero los pagos se alargarán hasta 2026.
Claeys insiste en que el fondo de recuperación no es para la fase actual de la crisis y que en estos momentos son los Gobiernos nacionales los que deben apoyar la economía.
Precisa que, además de para respaldar la reconstrucción cuando la pandemia haya terminado, el fondo sirve para “mostrar a los mercados financieros que la UE permanecerá junta”, por lo que opina que “al final, es más una señal para los mercados y la población” sobre la solidaridad entre los Veintisiete.
“Un retraso de unos pocos meses no importa realmente desde la perspectiva económica”, comenta.
Claeys anticipa que el TC rechazará la demanda por completo o la aceptará, pero permitirá que el proceso de ratificación siga adelante, lo que generaría un retraso de “unas pocas semanas” en el visto bueno germano.
Recuerda que en 2012 ya se presentaron recursos contra el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ante el TC alemán y tras más de dos meses de deliberaciones la corte aceptó la participación de Alemania en dicho mecanismo.
Si el Constitucional se pronunciara en contra de ratificar la decisión de recursos propios, constata que la UE tendría que pactar una nueva estrategia de naturaleza diferente, distinta del “hito” del fondo de recuperación.
El economista Daniel Gros, desde el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS), asegura que la demanda ante el Constitucional alemán podría no resolverse hasta dentro de un año y terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, no espera que se impida la participación de Alemania en el fondo de recuperación.
