Las denuncias por contaminación del agua, los estudios que advierten sobre la presencia de residuos fecales en pozos y cenotes y las sanciones impuestas a empresas porcícolas exhiben una responsabilidad que no puede eludirse: la de las autoridades que tienen la obligación constitucional de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de la población a un agua limpia y segura.

En Yucatán, la contaminación asociada a las granjas porcícolas ha dejado de ser una advertencia de organizaciones ambientalistas para convertirse en un problema que exige respuestas institucionales de fondo. Durante años, las comunidades mayas han denunciado malos olores, afectaciones a sus fuentes de agua y daños a sus actividades tradicionales. Mientras tanto, las autoridades han anunciado inspecciones, revisiones administrativas y medidas de regularización que, a juzgar por la persistencia de las denuncias, no han conseguido resolver el problema.

La pregunta ya no es solamente cuánto contaminan las granjas porcícolas o qué empresas deben responder por los daños ocasionados. También debemos preguntarnos dónde estuvieron las autoridades, por qué permitieron que una actividad industrial de semejante dimensión creciera sin que existieran mecanismos de vigilancia suficientemente eficaces y por qué las comunidades tuvieron que recurrir a la denuncia pública para conseguir que sus preocupaciones fueran atendidas.

Y es que la responsabilidad del Estado no comienza cuando una organización ambientalista presenta un estudio o cuando los habitantes de una comunidad salen a protestar. Comienza mucho antes, desde el momento en que las instituciones autorizan, regulan y supervisan actividades económicas que pueden comprometer recursos naturales indispensables para la población.

El problema tiene una dimensión particularmente delicada por las características geológicas de Yucatán. La península depende de un acuífero subterráneo que constituye su principal reserva de agua dulce. Su suelo kárstico, formado principalmente por roca caliza, facilita la infiltración del agua y la conexión entre cenotes, cavernas y corrientes subterráneas. Esta condición convierte al territorio en un ecosistema especialmente vulnerable frente a los contaminantes que pueden filtrarse desde la superficie.

En otras palabras, lo que ocurre en una granja no necesariamente se queda dentro de sus instalaciones. Los residuos orgánicos, las aguas residuales y los contaminantes derivados de una disposición inadecuada pueden desplazarse hacia el subsuelo y comprometer fuentes de abastecimiento utilizadas por comunidades enteras. Por eso, permitir que una actividad industrial opere sin controles ambientales efectivos no constituye una simple omisión administrativa: representa un riesgo para el patrimonio natural y para las condiciones de vida de la población.

Las propias instituciones federales conocían esta vulnerabilidad. En abril de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Dictamen de diagnóstico ambiental de la actividad porcícola de Yucatán. El documento identificó 507 coordenadas de posibles granjas y advirtió sobre la proximidad de instalaciones a zonas ambientalmente prioritarias, entre ellas el Anillo de Cenotes.

El diagnóstico debió representar un punto de inflexión para las autoridades. Existía información suficiente para fortalecer la vigilancia, revisar las autorizaciones ambientales, identificar instalaciones irregulares y establecer medidas preventivas. Sin embargo, los acontecimientos posteriores muestran que el reconocimiento institucional de un problema no equivale necesariamente a su solución.

En octubre de 2026, Greenpeace México y la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on presentaron los resultados de un estudio realizado en 17 pozos y cenotes de distintas localidades de Yucatán. Los análisis identificaron contaminación microbiológica, materia orgánica, exceso de nutrientes e indicadores de contaminación fecal. De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, 13 muestras superaron los 1,800 NMP por cada 100 mililitros en los indicadores fecales reportados, mientras que dos presentaron concentraciones de nitratos superiores a la referencia de 50 miligramos por litro de la Organización Mundial de la Salud.

Estos resultados deben analizarse con rigor. Un muestreo de 17 puntos no permite atribuir automáticamente toda la contaminación a una granja determinada ni establecer que todas las instalaciones porcícolas tengan el mismo comportamiento ambiental. Sin embargo, los hallazgos sí representan una advertencia que obliga a las autoridades a investigar, identificar las fuentes contaminantes y adoptar medidas preventivas. Además, las organizaciones han informado sobre estudios complementarios que utilizaron la técnica molecular Pig2Bac para identificar contaminación de origen porcino en distintos puntos de la entidad.

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras se acumulan estudios, denuncias y exigencias comunitarias, las familias siguen necesitando respuestas concretas. Porque detrás de cada resultado de laboratorio hay personas que utilizan el agua para beber, cocinar, lavar sus alimentos y desarrollar sus actividades cotidianas. Cuando la calidad del agua se pone en duda, no estamos hablando de una discusión técnica reservada a especialistas, sino de un derecho humano fundamental.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en su artículo 4.º, el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. No se trata de una aspiración política ni de una concesión gubernamental. Es una obligación constitucional que debe traducirse en políticas públicas, vigilancia y resultados.

Por eso, la actuación de las autoridades debe examinarse más allá de sus comunicados. El 22 de octubre de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que, durante 2025 y 2026, había inspeccionado 18 granjas porcícolas en Yucatán y que las multas acumuladas impuestas a empresas del sector alcanzaban los 105.8 millones de pesos. También anunció una estrategia coordinada con Semarnat, Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Gobierno de Yucatán para fortalecer la vigilancia y atender los impactos ambientales.

Son acciones institucionales que deben reconocerse, pero también someterse al escrutinio público. Dieciocho inspecciones representan una intervención concreta; sin embargo, deben contrastarse con el diagnóstico federal de 2023, que identificó 507 coordenadas de posibles granjas. Aunque ambas cifras no son directamente equivalentes, la diferencia obliga a preguntar si la capacidad de vigilancia corresponde realmente a la dimensión de la actividad porcícola en el estado.

La propia información de Profepa señala que Kekén y sus aparceras concentran aproximadamente el 80 por ciento de la producción porcícola de Yucatán. La dependencia informó que todas las granjas propias de la empresa y el 70 por ciento de las instalaciones de sus aparceras estaban tramitando o construyendo sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este dato merece atención porque evidencia la magnitud de los ajustes que todavía deben realizarse en una industria de enorme presencia económica en la entidad.

Pero hay algo que no debemos perder de vista: tramitar una autorización, construir una planta de tratamiento o anunciar una inversión tecnológica no significa demostrar que el agua está siendo tratada correctamente. La diferencia entre tener infraestructura y cumplir efectivamente con las normas ambientales es fundamental. Las autoridades deben verificar los resultados de operación, las características de las descargas y el destino final de los residuos. De lo contrario, la regularización puede terminar convertida en un procedimiento burocrático que ofrece tranquilidad administrativa sin garantizar protección ambiental.

El caso de Pecuaria Peninsular, en Santa María Chí, demuestra que la intervención gubernamental puede tener consecuencias cuando se ejerce la autoridad. En septiembre de 2025, Profepa impuso la clausura total definitiva de la granja por incumplimientos reiterados, entre ellos la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la falta de caracterización de lodos. También impuso una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.

En mayo de 2026, la dependencia informó que había verificado el retiro de los 41 mil 570 cerdos que permanecían en las instalaciones. No obstante, la empresa todavía debía presentar el estudio de daño ambiental y cumplir las medidas correctivas y de compensación correspondientes.

Este último punto es especialmente importante. Clausurar una instalación no significa reparar el daño que pudo haber ocasionado. Una multa tampoco devuelve automáticamente la calidad del agua ni restaura los ecosistemas afectados. La verdadera responsabilidad ambiental exige identificar las consecuencias de la actividad, establecer medidas de remediación, verificar su cumplimiento y garantizar que las comunidades no continúen soportando los costos de una contaminación que no provocaron.

Sin embargo, el problema del Estado no se limita a la capacidad de inspeccionar y sancionar. También tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones sobre el territorio. En Yucatán, los conflictos por las granjas porcícolas han colocado en el centro de la discusión los derechos de los pueblos mayas, particularmente su derecho a participar en las decisiones que pueden afectar sus recursos naturales y sus formas de vida.

El caso de Homún es ilustrativo. La controversia por la megagranja porcícola de ese municipio derivó en una disputa judicial sobre la autorización ambiental y la consulta a la comunidad indígena. En febrero de 2024, la Semarnat informó que un juzgado federal había dejado sin efectos la autorización de impacto ambiental de la instalación. El caso evidenció que los procedimientos administrativos no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 2.º constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen obligaciones relacionadas con la libre determinación y la consulta de los pueblos indígenas frente a medidas y proyectos que puedan afectarles directamente. Por tanto, las autoridades no pueden limitarse a informar a las comunidades cuando las decisiones fundamentales ya fueron tomadas. La participación debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

La responsabilidad gubernamental también implica reconocer que las comunidades mayas no son un obstáculo para el desarrollo económico. Son habitantes de un territorio que tiene una historia, una cultura y un patrimonio natural que deben respetarse. Su derecho a defender el agua y la tierra no puede depender de que sus denuncias alcancen notoriedad en los medios de comunicación ni de que organizaciones nacionales e internacionales intervengan para hacer visibles sus demandas.

Por supuesto, sería equivocado plantear que toda actividad porcícola debe desaparecer de Yucatán. La industria genera empleos, inversiones y una cadena económica de la que dependen numerosas familias. Pero tampoco es aceptable utilizar esos argumentos como justificación para tolerar incumplimientos ambientales. La generación de riqueza no exime a las empresas de sus obligaciones y mucho menos libera al Estado de su deber de proteger el interés público.

El desafío consiste en construir un modelo productivo que respete los límites ambientales del territorio. Eso requiere autoridades con capacidad técnica, independencia para sancionar, información pública accesible y mecanismos de supervisión que no dependan de la buena voluntad de las empresas. También exige que los gobiernos dejen de confundir la atracción de inversiones con el éxito de sus políticas de desarrollo.

Porque cuando una actividad económica compromete el agua de una comunidad, el costo no desaparece: simplemente se traslada a quienes tienen menos recursos para enfrentarlo. Las familias compran agua embotellada, los productores ven amenazadas sus actividades y las comunidades tienen que organizarse para exigir lo que debería estar garantizado por las instituciones.

La responsabilidad del Estado, entonces, no puede reducirse a emitir comunicados después de cada denuncia. Tampoco puede medirse únicamente por el monto de las multas o el número de inspecciones realizadas. Debe evaluarse por su capacidad para prevenir la contaminación, impedir que operen instalaciones fuera de la legalidad, reparar los daños ocasionados y garantizar que la población tenga acceso a agua segura.

Es necesario que Yucatán cuente con un padrón público, completo y georreferenciado de las granjas porcícolas; que se conozca cuáles tienen autorización ambiental, cuáles cumplen las normas de descarga y cuáles se encuentran en procedimientos de regularización. También hace falta un programa permanente e independiente de monitoreo de pozos y cenotes, cuyos resultados sean públicos y permitan identificar las fuentes de contaminación.

Las autoridades deben informar, además, qué procedimientos administrativos y judiciales se encuentran abiertos, qué empresas han sido sancionadas, cuáles han cumplido las medidas correctivas y qué avances existen en la reparación de los daños. La transparencia no debe entenderse como una concesión de los gobiernos, sino como una condición indispensable para que la ciudadanía pueda vigilar el ejercicio del poder.

La verdad es que Yucatán no puede permitirse seguir administrando una crisis ambiental a partir de denuncias, clausuras aisladas y promesas de regularización. La fragilidad de su acuífero exige una política preventiva, no una respuesta tardía cuando los daños ya son evidentes. Y esa responsabilidad corresponde, en primer lugar, a las instituciones que tienen las facultades y los recursos para actuar.

El Estado no puede responsabilizar únicamente a las empresas cuando durante años ha tenido la obligación de vigilar sus operaciones. Tampoco puede atribuir la solución a las comunidades, como si defender sus pozos y cenotes fuera una tarea que debieran asumir por cuenta propia. Las empresas deben responder por sus incumplimientos, pero las autoridades deben responder por el ejercicio —o la omisión— de sus atribuciones.

Al final, la discusión sobre las granjas porcícolas no es solamente una controversia entre producción y conservación. Es una prueba de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, proteger los derechos humanos y evitar que los intereses económicos prevalezcan sobre el bienestar colectivo.

Porque el agua no pertenece a una administración, no es patrimonio de una empresa y tampoco es un recurso que pueda sacrificarse en nombre de cualquier inversión. Es un bien indispensable para la vida y un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Yucatán no necesita más promesas de protección ambiental. Necesita autoridades que actúen antes de que el daño ocurra, que sancionen cuando la ley se incumpla y que no abandonen a las comunidades cuando llega el momento de reparar las consecuencias.

Si el Estado conoce los riesgos, tiene facultades para intervenir y aun así permite que las afectaciones continúen, la pregunta deja de ser solamente quién contamina. También debemos exigir cuentas a quienes tenían la obligación de impedirlo.