CARACAS.- Michelle Bachelet , alta comisionada de las Naciones Unidas, certificó ayer en su informe las múltiples y generalizadas violaciones de los derechos humanos, sociales y económicos que sufre Venezuela , gobernada por una revolución que se niega “a reconocer la magnitud de la crisis y no adopta medidas apropiadas”. La tragedia sin límites de un país que amenaza con continuar “el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país mientras el resto de los ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida”.
Sin ninguna anestesia. Demoledor por la contundencia de sus argumentos y devastador para el victimismo revolucionario, el informe de Bachelet “desnuda la tiranía”, como resumió la fiscal rebelde Luisa Ortega. Desde centenares de ejecuciones extrajudiciales, que llevaron a la ONU a reclamar la supresión de las Fuerzas Especiales de la Policía (las temidas FAES), hasta torturas o “tratos inhumanos como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones”.
Desde 3,7 millones de desnutridos hasta 1557 muertos en los hospitales durante solo cuatro meses por la falta de medicinas. Desde un salario mínimo de 7 dólares que solo cubre el 4,7% de la canasta básica de alimentos hasta la persecución de periodistas críticos, tildados de “traidores y agentes desestabilizadores”. Y todo ello tuvo su origen mucho antes de las sanciones impuestas desde Estados Unidos y Europa, que pueden agravar la situación de emergencia, pero que no son sus causantes principales, pese a la constante propaganda empleada por el gobierno. Bachelet destaca la corrupción, el desvío de recursos y la falta de mantenimiento como claves del derrumbe revolucionario.
“Los que callan son cómplices. El informe sobre Venezuela publicado por Bachelet documenta las graves violaciones que sufre la población de ese país”, expresó Mauricio Macri en sus redes sociales. “Estamos conformes con que este informe traiga verdad sobre el dolor de Venezuela”.
La expresidenta chilena propone 13 medidas urgentes para paliar las “graves violaciones” cometidas por la revolución bolivariana. Entre las propuestas de la alta comisionada destacan la liberación de los presos políticos, la disolución de las FAES, el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia del sistema de justicia y de la imparcialidad de la Oficina del Fiscal General y del defensor del pueblo, el desarme de los paramilitares chavistas, el cese de la censura contra los medios, además de garantizar el acceso a internet y las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias.
Son soluciones que ya chocan con la respuesta preparada previamente por el gobierno de Nicolás Maduro , que considera injerencista el informe. “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegian al extremo los señalamientos negativos y se minimizan los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, contraatacó el canciller Jorge Arreaza, que añadió que su gobierno no persigue a la oposición y que Bachelet ignoró las supuestas acciones violentas del antichavismo.
La realidad para la alta comisionada es muy distinta, pese a los intentos gubernamentales de que suavizara los resultados de su informe. Sus colaboradores constataron lo que casi todo el mundo sabe en Venezuela: la puesta en marcha por el chavismo de una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. Su oficina documentó 66 muertes durante las protestas de enero a mayo, de las cuales atribuye al menos 52 a fuerzas gubernamentales.
El informe de la ONU detalla las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Otro capítulo es el de las ejecuciones extrajudiciales de las FAES, “sorprendentemente elevadas”, según señala el informe. En 2018 el gobierno registró 5287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1° de enero y el 19 de mayo, otras 1569 personas fueron asesinadas, según estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser superiores, adelanta el informe. La fiscalía, el defensor del pueblo y los jueces tampoco se libran de la reprimenda de Bachelet, que los acusa de no llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas e imparciales.
Fuente: Yahoo noticias
