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El Presidente debe impedir que actores políticos se vinculen o protejan al crimen organizado: PRD

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Debe atender solicitud del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sobre presunta intromisión de traficantes de drogas en las elecciones, señala la bancada

Pide proteger a migrantes torturados y maltratados en estación migratoria de Tapachula, Chiapas

 

Palacio Legislativo, 10-07-2021 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su mandato como presidente del Consejo de Seguridad Nacional y garantizar, en tal carácter, que los actores políticos no tengan vínculos con la delincuencia organizada o les brinden cobertura.

 

Además de presentar, en su caso, las denuncias correspondientes e implementar acciones inmediatas para evitarlo, principalmente en el caso de Michoacán, cuyo gobernador, Silvano Aureoles Conejo, señaló a su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, y a su partido, Morena, de tener vínculos con organizaciones delictivas, por lo que, de asumir, formarían un “narcogobierno”.

 

En un comunicado la bancada recordó que, luego de las acusaciones de Aureoles Conejo, el presidente López Obrador le solicitó presentar pruebas, por lo cual aquél acudió a Palacio Nacional para entregárselas personalmente.

 

Sin embargo, “en un acto inusitado de soberbia y descortesía política e institucional, el Presidente de la República no recibió al gobernador Aureoles, dejando en claro que su discurso de imparcialidad, justicia e integridad no son más que puros dichos”.

 

Enfatizó que sus obligaciones como Presidente del Consejo de Seguridad Nacional son independientes de las que desarrollan las instancias de investigación, procuración e impartición de justicia, por lo cual debe recibir del gobernador Aureoles las pruebas sobre la corrupción de Ramírez Bedolla y actuar en consecuencia.

 

Agregó que, tras la reciente jornada electoral, los enfrentamientos y la violencia entre estos grupos criminales derivó también en agresión creciente contra la población civil, la cual se vio revictimizada por la desacertada actuación de autoridades policiales y ministeriales, como en Tamaulipas.

 

“Esta situación se ha visto también en Michoacán, en donde algunos grupos de la delincuencia organizada se han visto desplazados y buscan, a través de acciones violentas, la recuperación de sus plazas”, alertó.

 

Por otra parte, el grupo parlamentario solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de un punto de acuerdo, abogar por los migrantes presuntamente torturados y maltratados por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional el pasado 15 de junio en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI).

 

Específicamente le solicitó enviar exhortos a la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Poder Judicial, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que cada cual actúen en este caso según sus facultades legales.

 

La petición es para que la FGR investigue los presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos en la EMSXXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, a fin de fincarle las sanciones penales a los responsables.

 

Mientras que la CNDH emita las recomendaciones pertinentes y dé vista al Ministerio Público para que éste también actúe en el ámbito penal.

 

Asimismo, exhortar al Juez Cuarto de Distrito del Vigésimo Circuito, con residencia igualmente en Tapachula, a que resuelva la solicitud de amparo del “Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova” (CDHFMC) a favor de los migrantes.

 

La Comar debe resolver las solicitudes de protección internacional de los presuntos torturados y maltratados, y la SRE instar a revisar los casos de éstos que hayan sido repatriados para que se les reponga el procedimiento, se les considere víctimas y se les repare el daño.

 

La bancada señaló que, de acuerdo con información del Servicio Jesuita de Refugiados y el CDHFMC, el pasado 15 de junio fueron sometidos a tortura y malos tratos hombres y solicitantes de protección internacional detenidos en la EMSXXI.

 

Estas personas protestaban aquel día por la falta de claridad en sus procesos migratorios y en sus solicitudes de asilo, así como por recibir comida en mal estado, lo cual les habría enfermado.

 

En represalia, elementos de la Guardia Nacional dispersaron violentamente la protesta, sacaron a los cerca de 500 hombres al patio mientras llovía, los acostaron boca arriba y los golpearon, para lo cual autoridades de la EMSXXI les permitieron la entrada luego de apagar luces y cámaras de seguridad.

 

 

 

 

 

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