Madrid, 4 jul (EFE).- A Hamza, sus compañeros de escuela en Casablanca (oeste de Marruecos) lo obligaban a ver pornografía homosexual mientras le gritaban: “Míralos, son animales como tú”. En Tamalameque (norte de Colombia), Olga sufría los abusos de un primo ya casado y las graves presiones de su familia, hasta el punto de que se fue de casa con tan solo 11 años.
Las vidas de Hamza y Olga estaban separadas por 7.500 kilómetros y la inmensidad del Atlántico, pero les unía ser víctimas de una misma lacra: la transfobia.
El Gobierno de España aprobó el pasado 29 de junio el anteproyecto de la conocida como “Ley Trans”, por la que se deja de considerar enfermas a las personas transexuales.
Según la propuesta gubernamental, a partir de los 14 años se podrá cambiar de sexo en el registro civil con un simple trámite administrativo, sin necesidad de informes sanitarios ni legales. Los menores de 12 y 13 años requerirán de una autorización judicial para proceder a tal modificación.
Sin embargo, este anteproyecto de ley no contempla su aplicación en la población migrante en España ni a personas no binarias (aquellas que no se reconocen en ningún género).
Hamza Merchich y Olga Carreño residen hoy en España como asiladas, después de haber solicitado protección internacional por la persecución que padecían en sus países. Para ellas, la ilusión del colectivo LGTBIQ con el anteproyecto de la Ley Trans se ha tornado en sueño roto.
A Hamza Merchich (24 años), esta exclusión en la legislación le afecta por partido doble: es marroquí y persona no binaria.
Hamza explica a EFE que vino a España después de encontrar en internet que el país “era muy abierto para el colectivo LGTBI”. Tras año y medio en Madrid, lucha por dejar atrás los fantasmas de la transfobia, la discriminación y los abusos.
Afirma encontrarse cómoda en España y valora positivamente la apertura del país, pero exige una mayor inclusión en la nueva ley: “Debe reconocer a toda la gente transexual, no solo a las españolas”. Y critica las limitaciones que sufre en su vida cotidiana porque “la etiqueta de ser una persona transexual refugiada es muy dura”.
EL INTENTO DE UNA NUEVA VIDA
Unas limitaciones que también ha sufrido Olga Carreño (42 años) durante los dieciocho meses que lleva en España. Sin dinero, y con una pandemia de por medio, sólo encontró trabajo en una granja de cerdos y ayudando a unas monjas carmelitas.
Sus ahorros estaban en una tarjeta de débito española que, por error, dejó de funcionar y en la entidad bancaria sólo encontró trabas para solucionarlo, porque su apariencia no coincidía con la persona que reflejaba su documento de identidad.
Tras días sin dinero con el que poder costear su vida en Madrid, finalmente pudo solventar un asunto burocrático que a los demás le hubiera llevado unos minutos.
“No vine a España a que su gobierno me mantuviera, vine a hacer una vida y aportar al país, pero sí nos gustaría que se nos respetara y se nos garantizaran los mismos derechos que a todos, formando parte de la Ley Trans. Nos sentimos muy vulnerables”, explica Olga mientras interrumpe durante unos minutos su trabajo, adecentando los parques y las calles del Distrito Centro de Madrid, para atender a EFE.
La exclusión de la población LGTBIQ migrante en la Ley Trans hizo saltar las alarmas de asociaciones como Kifkif (que significa ‘entre iguales’ en árabe), cuya presidente, Samir Bargachi, detalló que “esto va a complicar la vida del colectivo innecesariamente y les va a generar una mayor infelicidad, además de más trabas administrativas”.
En la Asociación de Transexuales de la región española de Andalucía (sur), su presidenta, Mar Cambrollé, anunció que las organizaciones seguirán instando al Gobierno de España para que modifique el anteproyecto legislativo: “Lamentamos profundamente que la población migrante y no binaria haya quedado fuera de la Ley Trans, pero seguiremos trabajando para que nadie quede atrás”. EFE
