El TEEY sanciona a alcaldes de Espita y Kinchil por violencia política contra regidoras

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán determinó que los alcaldes de Espita y Kinchil incurrieron en violencia política en razón de género contra regidoras de sus respectivos municipios. Las resoluciones evidencian prácticas que van más allá de las diferencias administrativas dentro de los ayuntamientos y que afectan directamente el ejercicio de la representación política, la fiscalización y la participación de las mujeres en la vida pública.

La violencia política contra las mujeres no siempre se manifiesta mediante amenazas, agresiones físicas o insultos. En ocasiones, se ejerce desde las propias estructuras institucionales, utilizando el poder administrativo, la exclusión de decisiones, la retención de información o el incumplimiento de obligaciones legales para limitar la participación de quienes, por mandato democrático, tienen derecho a ocupar y ejercer plenamente un cargo público.

Dos resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) vuelven a colocar este problema en el centro de la discusión política municipal. El Pleno del órgano jurisdiccional determinó que los alcaldes de Espita, Mario Isaías Sánchez Esquivel, y de Kinchil, Irvin Pisté Canul, incurrieron en violencia política en razón de género contra regidoras de sus respectivos ayuntamientos.

Los fallos ordenan medidas restitutorias, de satisfacción y garantías de no repetición, con el propósito de restablecer los derechos político-electorales vulnerados y asegurar que las funcionarias puedan ejercer sus responsabilidades sin obstáculos ni prácticas de exclusión.

Espita, el poder municipal como mecanismo de obstrucción

En el caso de Espita, el Tribunal acreditó conductas cometidas durante 2025 que limitaron las atribuciones de una regidora, particularmente en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, su participación en las decisiones colegiadas y el acceso a documentación oficial.

La resolución no se limitó a señalar una omisión administrativa. El órgano electoral identificó un patrón de comportamiento que afectó el desempeño de la representante municipal y declaró responsables al alcalde Mario Isaías Sánchez Esquivel, así como al secretario y a la tesorera del Ayuntamiento.

La gravedad de estos hechos radica en que la documentación, la deliberación y la fiscalización no son concesiones de los presidentes municipales hacia los integrantes del cabildo. Constituyen herramientas indispensables para ejercer la representación política, vigilar el manejo de los recursos públicos y participar en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad.

Cuando se restringe el acceso a información o se impide que una regidora desempeñe sus funciones, no solamente se vulneran sus derechos individuales. También se debilitan los mecanismos de vigilancia del gobierno municipal y se reduce la capacidad de la ciudadanía para contar con una administración sometida a controles internos.

Kinchil, incumplimiento de obligaciones y exclusión institucional

En Kinchil, el Tribunal resolvió un juicio promovido por una regidora indígena maya, quien denunció obstáculos para ejercer plenamente su cargo. Los magistrados declararon fundados los agravios relacionados con la obstrucción de sus derechos político-electorales y determinaron que el alcalde Irvin Pisté Canul y el secretario municipal incurrieron en violencia política.

Entre las irregularidades acreditadas se encuentra el incumplimiento reiterado de obligaciones legales, particularmente las relacionadas con las formalidades para convocar a sesiones de cabildo. Este tipo de prácticas puede convertirse en una forma de exclusión institucional cuando impide que una representante participe oportunamente en las deliberaciones, conozca los asuntos que serán discutidos o intervenga en las decisiones del gobierno municipal.

El caso adquiere una dimensión adicional al involucrar a una mujer indígena maya, cuya participación en la vida política debe estar protegida no solamente frente a prácticas discriminatorias por razón de género, sino también frente a las barreras que históricamente han limitado la representación efectiva de las comunidades indígenas.

Sin embargo, el principio fundamental es el mismo para cualquier integrante de un cabildo: haber obtenido un cargo mediante un proceso democrático no basta si, una vez dentro de la institución, se le impide ejercer las atribuciones que la ley le reconoce.

La violencia política también se ejerce desde las instituciones

Uno de los elementos más relevantes de ambas resoluciones es que el TEEY consideró que las conductas acreditadas no eran simples omisiones administrativas aisladas, sino prácticas sistemáticas que disminuyeron las facultades de representación, deliberación y vigilancia de las regidoras.

Esta distinción es fundamental. En los ayuntamientos, las diferencias políticas, los desacuerdos sobre decisiones presupuestales y las confrontaciones entre integrantes del cabildo forman parte de la dinámica democrática. Pero cuando esas diferencias se traducen en mecanismos de obstrucción que afectan el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género, dejan de ser una disputa ordinaria de carácter político o administrativo.

El poder municipal no puede utilizarse como instrumento para silenciar voces incómodas, limitar la fiscalización o impedir que las representantes electas ejerzan sus responsabilidades. La presidencia municipal tiene facultades de conducción administrativa, pero no un poder absoluto sobre el cabildo ni sobre los derechos de sus integrantes.

Las sanciones y medidas dictadas por el Tribunal deberán traducirse en cambios efectivos en la conducta de los funcionarios involucrados. Las garantías de no repetición no pueden quedarse en el cumplimiento formal de una resolución; deben significar que las regidoras recuperen plenamente sus atribuciones y que las instituciones municipales establezcan condiciones para impedir que estas prácticas vuelvan a ocurrir.

La democracia municipal no termina en las urnas

Yucatán necesita gobiernos municipales capaces de gobernar, pero también de aceptar la deliberación, la vigilancia y el cuestionamiento de quienes forman parte de sus órganos colegiados. Un cabildo donde las regidoras son excluidas, donde se restringe el acceso a documentos o donde se incumplen las reglas de convocatoria es un cabildo que debilita su propia legitimidad.

La democracia no consiste únicamente en elegir autoridades. También exige que quienes resultan electos puedan ejercer sus cargos, que las diferencias políticas se resuelvan dentro de la legalidad y que el poder público no se convierta en una herramienta para imponer silencios.

Las resoluciones contra los alcaldes de Espita y Kinchil representan un llamado de atención sobre la manera en que se ejerce el poder en los municipios. El desafío ahora es que la justicia electoral no sea solamente correctiva, sino preventiva; que sus resoluciones se cumplan y que las mujeres que participan en la vida pública no tengan que acudir reiteradamente a los tribunales para defender derechos que deberían estar garantizados desde el primer día de su mandato.

Porque cuando una regidora es silenciada, no solamente se vulnera a una mujer que ocupa un cargo público: se debilita la representación ciudadana, se deteriora la rendición de cuentas y se erosiona la democracia desde el lugar donde debería comenzar, en el gobierno más cercano a la gente.