Durante la presentación en Madrid de su novela La sirena y el jubilado, el escritor sinaloense calificó como una guerra perdida la estrategia para terminar con el narcotráfico y sostuvo que las organizaciones criminales han desarrollado capacidades que rebasan a las autoridades. También cuestionó la falta de impulso a la ciencia y la cultura en las regiones afectadas por la violencia, así como la situación de las mujeres y la atención institucional a las madres buscadoras.
El escritor mexicano Élmer Mendoza lanzó una advertencia contundente sobre la dimensión del narcotráfico en México: «Con el narco no van a terminar nunca». La frase, pronunciada el lunes 16 de noviembre durante la presentación en Madrid de su nueva novela, La sirena y el jubilado, resume una visión pesimista sobre la capacidad del Estado para desarticular organizaciones criminales que, a su juicio, han construido redes de abastecimiento, reclutamiento y control social que superan las respuestas institucionales.
En declaraciones recogidas por la agencia EFE, el autor sostuvo que la lucha contra el tráfico de drogas constituye una «guerra perdida» y describió la manera en que los grupos criminales incorporan a jóvenes mediante el secuestro, el entrenamiento forzado y el consumo de drogas, mientras recurren al asesinato contra quienes se resisten.
La afirmación no debe entenderse como una conclusión estadística sobre la imposibilidad de reducir el narcotráfico, sino como una valoración crítica de un escritor que ha convertido la violencia, las estructuras criminales y sus vínculos con el poder en algunos de los temas centrales de su obra. Su planteamiento, sin embargo, abre una discusión indispensable: ¿qué ocurre cuando una estrategia de seguridad se concentra en el enfrentamiento armado, pero no logra desarticular las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten la reproducción de las organizaciones criminales?
Una novela sobre el poder, la violencia y las mujeres
La presentación de Madrid tuvo como eje La sirena y el jubilado, publicada por Alfaguara, una novela en la que Mendoza desplaza el centro de la narración hacia una mujer que intenta abrirse paso en la política mexicana en un entorno atravesado por la intimidación, los intereses criminales y la violencia de género.
La protagonista, Carmen Larrañaga, conocida como la Sirena, busca una candidatura política y termina enfrentándose a una estructura en la que confluyen grupos criminales, empresarios, operadores políticos y otros actores con capacidad de presión. Después de sufrir un atentado, encuentra apoyo en Néstor del Valle, un guardia de seguridad jubilado que se convierte en su aliado. Alrededor de ambos se construye una historia que aborda la amistad, la solidaridad entre mujeres y la posibilidad de defender causas colectivas en un ambiente dominado por la intimidación.
La obra también incorpora experiencias de violencia contra las mujeres que van más allá del feminicidio: agresiones, acoso, explotación y situaciones en las que niñas y jóvenes son entregadas a integrantes de organizaciones criminales bajo amenazas. Mendoza utiliza la ficción para mostrar cómo la violencia atraviesa la vida privada, las relaciones familiares y las aspiraciones de participación pública.
El escritor español Arturo Pérez-Reverte acompañó a Mendoza durante la presentación y reconoció la importancia que tuvo el autor sinaloense en la documentación de La reina del sur, su novela publicada en 2002. Pérez-Reverte destacó particularmente su conocimiento del norte de México y su capacidad para incorporar a la literatura las formas de hablar de campesinos, habitantes de Sinaloa y personas vinculadas con el mundo del narcotráfico.
La relación entre ambos escritores tiene un antecedente literario significativo: Mendoza asesoró a Pérez-Reverte durante la construcción del universo narrativo de Teresa Mendoza, personaje central de La reina del sur. El autor español reconoció que aquella novela no habría sido la misma sin la colaboración del mexicano.
Militarización, cultura y responsabilidad del Estado
Uno de los planteamientos más relevantes de Mendoza fue su crítica a la respuesta gubernamental frente al narcotráfico. Al referirse a la administración de Claudia Sheinbaum, consideró insuficiente la militarización y sostuvo que debe complementarse con políticas de desarrollo científico y cultural en las regiones más afectadas por la violencia.
Su argumento no consiste en presentar la cultura como una solución inmediata a la criminalidad. De hecho, reconoció que la ciencia y la cultura no resolverán por sí solas el problema, aunque pueden contribuir a modificar las condiciones sociales que permiten su reproducción. La reflexión apunta a una dimensión frecuentemente relegada en los debates de seguridad: las oportunidades educativas, la formación científica, el acceso a actividades culturales y la construcción de alternativas para las nuevas generaciones.
El reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales no puede analizarse exclusivamente desde la persecución penal. También exige examinar los contextos de vulnerabilidad, la deserción escolar, la precariedad laboral, la violencia comunitaria y la ausencia de oportunidades. Esto no significa justificar la incorporación a organizaciones delictivas, sino reconocer que una política pública integral debe actuar tanto sobre las estructuras criminales como sobre los factores que facilitan su expansión.
En este sentido, el señalamiento de Mendoza plantea una exigencia para las instituciones: la seguridad no puede limitarse a desplegar fuerzas armadas y realizar detenciones. También necesita políticas sostenidas de prevención, educación, salud, cultura y desarrollo comunitario, particularmente en los territorios donde la presencia criminal condiciona la vida cotidiana.
La violencia contra las mujeres y las madres buscadoras
El escritor también cuestionó que, desde su perspectiva, la situación de las mujeres no haya mejorado sustancialmente durante los dos primeros años del gobierno de Sheinbaum. En particular, lamentó que la presidenta no haya recibido a las madres buscadoras, colectivos integrados principalmente por mujeres que recorren el país para localizar a sus familiares desaparecidos ante las insuficiencias de las instituciones responsables.
La referencia a las madres buscadoras no es menor. Sus integrantes representan una de las expresiones más visibles de la crisis de desapariciones en México y, al mismo tiempo, evidencian la carga que enfrentan las familias cuando las autoridades no proporcionan respuestas oportunas. Buscar a una persona desaparecida no debería convertirse en una obligación que recaiga sobre sus familiares, mucho menos en una actividad que los exponga a amenazas y agresiones.
Durante la presentación, Mendoza también mencionó que en México mueren alrededor de diez mujeres al día. Esta cifra debe manejarse con precisión: no corresponde exclusivamente a feminicidios. Los registros oficiales contabilizan por separado los asesinatos de mujeres clasificados como homicidios dolosos y los feminicidios. Para 2025, el promedio diario de ambas categorías se situó alrededor de 7.7 víctimas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidas por medios nacionales. La distinción estadística no reduce la gravedad del problema; permite comprenderlo sin confundir categorías penales diferentes.
La narcopolítica como problema histórico e institucional
Mendoza también sostuvo que la relación entre políticos y traficantes tiene raíces históricas y recordó el papel de la demanda estadounidense de opiáceos durante la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de la producción de amapola en México. La historia del narcotráfico mexicano, sin embargo, es más compleja: sus antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, mientras que la consolidación de las políticas de combate y la transformación de las redes criminales ocurrieron en distintos momentos y bajo condiciones nacionales e internacionales diferentes.
El Archivo General de la Nación documenta que desde 1916 existían medidas mexicanas contra el tráfico de opio hacia Estados Unidos. Décadas después, la cooperación bilateral y las campañas de erradicación, particularmente durante los años setenta y ochenta, contribuyeron a definir la política contemporánea de combate a las drogas. Por ello, el vínculo entre la demanda estadounidense, la producción mexicana y las relaciones políticas debe analizarse como un proceso histórico, no como una explicación única del origen del narcotráfico.
La advertencia de Élmer Mendoza adquiere relevancia porque conecta la violencia criminal con la fragilidad institucional, la desigualdad y las disputas por el poder. Su novela no ofrece un programa de gobierno ni pretende sustituir el análisis especializado, pero sí coloca sobre la mesa preguntas que México no puede seguir postergando: ¿cómo impedir que las organizaciones criminales recluten a sus jóvenes?, ¿cómo garantizar que las mujeres puedan participar en política sin convertirse en objetivos de intimidación?, ¿y qué responsabilidad tienen las instituciones cuando las familias deben buscar por su cuenta a sus desaparecidos?
La literatura no sustituye a las políticas públicas, pero puede nombrar aquello que el discurso oficial suele reducir a estadísticas. La advertencia de Mendoza no debe convertirse en una invitación a resignarse frente al narcotráfico. Por el contrario, obliga a discutir por qué décadas de estrategias no han conseguido desmontar las redes criminales y qué otras capacidades necesita construir el Estado. Si la respuesta sigue concentrada en los balazos, sin justicia, prevención, educación, cultura y protección para las víctimas, el país continuará enfrentando las consecuencias de un problema que no se resuelve únicamente con fuerza.


