La senadora por Nuevo León aseguró que la actual escasez de agua que padece Monterrey es una advertencia de lo que podría suceder en un futuro inmediato en todo el país.
En el foro se plantearon diversas propuestas para reducir y eficientar el uso del agua en el país
La senadora integrante de la Bancada Naranja, Indira Kempis, encabezó este martes un foro sobre el futuro del agua en México denominado “¿Qué y cómo hacer para no quedarnos sin abastecimiento de agua?” realizado en el Senado de la República, en donde se plantearon diversas propuestas para reducir y eficientar el uso del agua en el país, así como garantizar el derecho constitucional al agua para que todas las personas tengan acceso a ella.
En su intervención, la legisladora federal por Nuevo León aseguró que la actual escasez de agua que padece la Zona Metropolitana de Monterrey es una advertencia de lo que podría suceder en un futuro inmediato en todo el país, principalmente en las zonas urbanas. En ese sentido, afirmó que se deben buscar mecanismos para garantizar el acceso al agua a toda la población mexicana.
“El acceso al agua es un derecho constitucional de los mexicanos y las mexicanas. Vamos a estar trabajando en nuestra agenda de manera constante abordando esta visión integral y del futuro del agua, ya hemos estado en conversación con la comisión encargada dentro en el Senado para ver de qué otras maneras podemos seguir trabajando esto e incidir para que estar crisis pueda ser atendida, no solamente de forma reactiva, sino también anticipativa”, dijo la senadora.
“Lo que sí podemos decir abiertamente es que este va a ser uno de los problemas más graves del país, no va a ser exclusivo de la Zona Metropolitana de Monterrey, ya está sucediendo, cada vez llegan más denuncias y quejas de la falta de agua en las zonas urbanas. Vamos a quedar en este compromiso público de seguirlo trabajando y de seguir incidiendo”.
En el panel participó Manuel Llano, director de la organización Cartocrítica, quien alertó que actualmente no existe información pública respecto a cuánta agua hay, quién la usa, para qué la usa, qué volumen usa, cuántos contaminantes fueron descargados ni cuánto se paga. Por ello, consideró urgente hacer una redistribución de las atribuciones de las autoridades federales, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualmente hace todo: determina la disponibilidad, otorga concesiones, asignaciones, inspecciona, vigila y sanciona, “y evidentemente no tiene capacidad para hacerlo todo”.
“No tenemos una auditoría del agua, falta legislar sobre el agua subterránea, no tenemos control sobre los titulares de derechos del agua, no tenemos control sobre extracción, el consumo y la contaminación, no se sabe quien la usa, no se sabe para qué, no se paga lo correcto, no se castiga lo incorrecto, Profepa no tiene la capacidad de sanción en torno al agua”, comentó.
En tanto, la directora ejecutiva de Pronatura Noreste A.C., Rosario Álvarez, detalló que en Nuevo León el 95% de sus habitantes vive en la Zona Metropolitana de Monterrey y es la entidad que registra la mayor migración desde el área rural a la urbana, lo que la convierte en una “tormenta perfecta” para la crisis del agua. Por ello, aunado a reducir y eficientar el consumo del agua, planteó la necesidad de una discusión respecto a la capacidad que tiene Monterrey para seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo tomando en cuenta la cantidad de agua disponible.
A su vez, la arquitecta y coordinadora de la asociación Unidos por el Huajuco, Martha Montemayor, explicó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere 100 litros de agua al día para satisfacer todas sus necesidades, por lo que planteó campañas permanentes de concientización y el cambio de hábitos de consumo en todos los sectores.
De igual manera, sugirió el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura hídrica, la modernización del riego agropecuario, incrementar el uso de agua tratada, implementar el reciclaje del agua, verificar las cantidades reales extraídas por concesión, aumentar los recursos para la Conagua, revisar y actualizar los de criterios para futuras concesiones de agua del subsuelo, así como promover la participación de la sociedad civil en una estructura formal.
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