Este 28 de agosto, México conmemora a las personas adultas mayores en medio de una transformación demográfica que avanza con rapidez y obliga a replantear pensiones, cuidados, salud, movilidad y espacios urbanos para que vivir más años también signifique vivir con dignidad y autonomía.
El 28 de agosto no debería ser solamente una fecha para felicitar a quienes han llegado a la vejez. En México, el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores representa una oportunidad para mirar de frente una transformación que ya está ocurriendo: el país envejece y, con ello, cambian las necesidades de millones de familias.
La conmemoración tiene antecedentes que se remontan a 1982, cuando se celebró la primera Asamblea Internacional de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México el 28 de agosto quedó establecido en 1998 como Día del Anciano y posteriormente adoptó la denominación de Día Nacional del Adulto Mayor. Hoy, el propio Estado utiliza la expresión personas adultas mayores para subrayar que se trata de una población titular de derechos, no simplemente de un grupo que merece asistencia.
La dimensión del cambio puede medirse con cifras. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con base en las proyecciones más recientes del CONAPO, señala que en 2025 había alrededor de 17.1 millones de personas mayores de 60 años, equivalentes al 12.8 por ciento de la población nacional. Para 2050 se proyectan 33.4 millones. Además, el INAPAM estima que hacia 2070 las personas mayores podrían representar 34.2 por ciento de la población mexicana.
La cifra obliga a pensar más allá de la celebración. Una sociedad donde cada vez más personas alcanzan edades avanzadas necesita sistemas capaces de acompañarlas durante muchos años. No basta con que alguien llegue a los 65 años; importa en qué condiciones lo hace, si conserva autonomía, si tiene ingresos suficientes, si puede acceder a servicios de salud y si su entorno le permite desplazarse y participar en la comunidad.
En materia económica existe ya un instrumento de gran alcance. Las reglas de operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores establecen para 2026 una pensión no contributiva destinada a las personas mexicanas de 65 años o más que residen en el país. La Secretaría de Bienestar reportó en mayo que más de 13.6 millones de personas recibían esta pensión. Es un mecanismo importante de protección social, pero no sustituye por sí mismo a un sistema integral de seguridad económica para la vejez.
Y es que pensión y jubilación no significan exactamente lo mismo. Una transferencia no contributiva puede contribuir a reducir vulnerabilidades, mientras que las pensiones vinculadas a la trayectoria laboral dependen de factores como las cotizaciones, el tipo de empleo y la historia laboral. El envejecimiento demográfico hace necesario discutir ambos componentes y preguntarse cómo garantizar ingresos suficientes durante una etapa de la vida que puede prolongarse durante décadas.
El otro gran desafío es el cuidado. Cuando una persona pierde autonomía, la responsabilidad suele recaer en familiares, y con frecuencia en mujeres, sin que ese trabajo tenga necesariamente reconocimiento económico o apoyo suficiente. El Sistema Nacional DIF informó en agosto de 2026 que participa en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, con acciones dirigidas, entre otros grupos, a personas adultas mayores. La profesionalización de quienes cuidan, la infraestructura y los servicios cercanos serán elementos fundamentales si México quiere enfrentar el envejecimiento sin trasladar toda la carga a los hogares.
También habrá que cambiar las ciudades. Una banqueta irregular, un cruce peligroso, la ausencia de una banca o un transporte inaccesible pueden convertir una actividad cotidiana en una barrera. El INAPAM ha señalado que las ciudades amigables con las personas mayores requieren espacios públicos accesibles, transporte seguro, vivienda adecuada y servicios que favorezcan la autonomía. No es urbanismo ornamental. Es una cuestión de derechos y de independencia.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece precisamente objetivos relacionados con la calidad de vida, la dignidad, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos. El reto consiste ahora en que esos principios no permanezcan únicamente en el terreno jurídico.
Porque envejecer no debería significar desaparecer de la vida pública. Una persona mayor continúa teniendo proyectos, conocimientos, afectos, obligaciones y capacidad para participar. El INAPAM ha insistido en reconocer la diversidad de las vejeces y evitar que la edad se convierta en una etiqueta que justifique discriminación o aislamiento.
Este 28 de agosto, por ello, la pregunta más importante quizá no sea cuánto hemos avanzado, sino qué país estamos preparando para cuando una proporción mucho mayor de su población sea mayor de 60 años. La respuesta tendrá que construirse con pensiones suficientes, cuidados profesionales, servicios de salud, ciudades accesibles y oportunidades de participación.
La vejez no es un problema que deba resolverse. Es una etapa de la vida que el propio progreso sanitario y social ha permitido prolongar. El verdadero desafío está en conseguir que esos años adicionales no sean solamente más años de vida, sino más años con autonomía, seguridad y dignidad.
