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Especialistas y legisladores continúan análisis de la iniciativa sobre industria eléctrica nacional

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El Parlamento Abierto sobre la propuesta presidencial fue convocado por la Comisión de Energía

 

En el segundo día del Parlamento Abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios manifestaron sus inquietudes sobre el robustecimiento de órganos reguladores; las consecuencias de violar acuerdos comerciales en la materia; cómo lograr el mejor precio a consumidores y cómo se determinarán los costos de cada generador eléctrico.

Durante el Bloque 3, moderado por la diputada de Morena, Nayeli Arlen Fernández Cruz, secretaria de la comisión de Energía, también se abordaron temas como la constitucionalidad de la reforma, la importancia de un suministro eléctrico suficiente y competitivo y el eventual aumento de tarifas por las nuevas producciones, entre otros.

Participación de especialistas

Al iniciar este panel, Paolo Salerno, especialista en temas de energía, señaló que la iniciativa es un asunto fundamental que requiere que Gobierno y legisladores busquen las mejores soluciones para los usuarios. Preguntó por qué eliminar el concepto de “libre competencia en el mercado eléctrico”, e “ir hacia una posible inconstitucionalidad” con esta reforma.

Dijo que la iniciativa elimina facultades en materia de subastas y un despacho de energía limpia y barata, para comprarla a centrales más viejas, más contaminantes y más caras. Además, la propuesta generará un cuello de botella en el otorgamiento de permisos de la Comisión Reguladora de Energía, pues no podrá hacerlo sin considerar el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional de la Sener.

La presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, Karla Cedano Villavicencio, dijo que la pobreza energética afecta al 27 por ciento de las y los mexicanos, por lo que urge una transformación para alcanzar la democratización energética. Pidió abordar el tema con un balance entre la dimensión social, ambiental, económica e institucional y cultural para tener energía de calidad.  

Dijo que la Comisión Federal de Energía (CFE) debe ser la empresa productiva del Estado más importante. El futuro es del sector eléctrico, subrayó y destacó que se debe innovar la cadena de valor, los sistemas híbridos, digitalización de la red y seguridad sustentable; impulsar actividades por la igualdad de género y fortalecer la regionalización para enfrentar el reto de la energía renovable.

Gabriel Quadri, economista y ambientalista, consideró que esta iniciativa busca aumentar la refinación, con lo cual se producirá más combustóleo, lo que es más contaminante, y para quemarlo en CFE se alteran las reglas del despacho y cancela las subastas, pervirtiendo el mercado de certificados de energía limpia.  

Afirmó que tiene carácter regresivo y atenta contra la legalidad, la Constitución, el derecho humano a la salud y al medio ambiente sano; además de principios de competencia y libre concurrencia, lo que tendrá severos impactos en la economía nacional, ahuyentará la inversión privada y generará incertidumbre jurídica y política.

Irak López Dávila, experto en energía, indicó que la iniciativa es una propuesta bondadosa, racional, modernizadora; busca que los mercados funcionen y que el país tenga la conducción estratégica del desarrollo nacional; promueve condiciones equitativas de competencia y tiene como ejes rectores la planeación del sistema eléctrico, la seguridad energética del país y la soberanía nacional.

Añadió que elimina condiciones asimétricas de competencia; criterios de despacho que reflejen costos reales; elimina subsidios y políticas de dumping que favorezcan a privados; establece un trato equitativo para la emisión de CEL y la revisión de contratos no rentables.

En su participación, Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía, comentó que un suministro eléctrico suficiente y competitivo es fundamental para mantener la inversión y el crecimiento, pero se debe garantizar abasto y buenos precios para no perder competencia.

En materia de monopolios públicos y privados, dijo, se requiere de organismos reguladores fuertes y autónomos que ayuden a controlar al sector privado a que no cometa excesos. “Si queremos el bien público fortalezcamos a los órganos reguladores”, señaló.

​Raúl Pérez Johnson, abogado experto en temas constitucionales, expresó que se debe considerar que la reforma propuesta está sujeta a disposiciones constitucionales de valor jerárquico superior y que deben ser atendidas. “El debate debe centrarse en el respeto irrestricto de las normas de la Constitución”.

Refirió que la iniciativa tiene aspectos incompatibles con los principios de la reforma constitucional, como afectaciones al principio de seguridad de despacho, al alterar sus reglas y abandonar criterios de eficiencia económica a través de la generación de energía.

Bernardo Bulnes García, de CAINTRA Nuevo León, manifestó su preocupación debido a que, con la reforma, puedan aumentar las tarifas debido a las nuevas producciones de energía e impactaría en el sector productor.

Respecto a las Pymes comentó que se afectarían directamente por el aumento de tarifas, lo que derivaría en pérdida de empleos, de exportación y productividad, ya que estas representan el 68 por ciento de producción del país.

Nicolás Domínguez, académico de la UAM, comentó que la reforma energética vigente ha beneficiado económicamente a las empresas privadas y ha destruido el sistema energético de México, además de que a la CFE se le fracturó en varias empresas.

Dijo que el sistema energético nacional se volvió más complejo, costoso, difícil de manejar y de fiar. Debido a esto, comentó, la CFE ha financiado a empresas y el país ha perdido 412 mil millones de pesos.

 Preguntas de las y los legisladores

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) preguntó cuáles son las estrategias que se tomaron para robustecer los órganos reguladores que se pueden restablecer hoy en día.

Por parte del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez inquirió cuáles serán las consecuencias de violar los compromisos de acuerdos comerciales internacionales en materia de inversiones y energía.

La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) dijo que la generación y comercialización de energía eléctrica están bajando el régimen de libre competencia. Preguntó cómo CFE lograría brindar un mejor precio a consumidores y al público en general.

Del PRI, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña pidió explicaran qué autoridad determinará los costos reales de cada generador eléctrico.

Al responder, Nicolás Domínguez comentó que existen muchas maneras de llegar a una buena transición energética y aprovechar los recursos energéticos de México, sin que los privados exporten sus ganancias, y aprovecharlas para distintos rubros prioritarios del país.  

Ildefonso Guajardo Villarreal contestó que la creación y fortalecimiento de los órganos reguladores es fundamental, ya que su ausencia ha llevado a concentraciones de mercado muy malos.

Refirió que México será muy atractivo para recuperar inversiones que estaban en Asia; Sin embargo, eso dependerá de que el país sea competitivo en ejes prioritarios como lo es la energía, brindando precios competitivos y certeza, en relación con los competidores internacionales.

 Comentó que se debe construir un diálogo, a fin de encontrar soluciones a monopolios no regulados o públicos que atenten contra la salud y bienestar de los mexicanos.

 

 

 

 

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