Los bloqueos de escuelas y las movilizaciones estudiantiles coincidieron este jueves con una jornada nacional de huelgas convocada por los principales sindicatos franceses. Las organizaciones reclaman aumentos salariales, mejores condiciones educativas, protección de los servicios públicos y medidas para enfrentar el encarecimiento de la vida, mientras el Gobierno desplegó a 70.000 policías y gendarmes ante el riesgo de nuevos disturbios.
Francia enfrenta este jueves 5 de noviembre una nueva jornada de tensión social, marcada por el bloqueo de centros educativos, interrupciones en el transporte y manifestaciones convocadas por organizaciones sindicales en distintas ciudades del país. Las protestas estudiantiles, que comenzaron a mediados de septiembre, se sumaron a una movilización laboral de alcance nacional contra el deterioro del poder adquisitivo y las condiciones de los servicios públicos.
Desde las primeras horas del día, estudiantes de secundaria retomaron los bloqueos de institutos para exigir mayores recursos destinados a la educación. En Estrasburgo, una joven de 15 años explicó a la Agencia France-Presse que la movilización continúa porque las autoridades no han atendido suficientemente sus demandas.
Aunque el Gobierno anunció algunas medidas para responder al descontento, entre ellas cambios en el sistema de admisión universitaria, los estudiantes consideran que las propuestas son insuficientes. Sus principales exigencias incluyen mejorar las condiciones de aprendizaje, reducir la saturación de las aulas, rehabilitar edificios escolares y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
En París, las fuerzas de seguridad impidieron el cierre de varios centros educativos y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes. Los enfrentamientos reflejan el deterioro de la relación entre las autoridades y los sectores juveniles, cuyas protestas han adquirido una dimensión nacional.
Los sindicatos buscan convertir el descontento en una movilización nacional
La jornada también cuenta con la participación de trabajadores del sector público y privado, organizaciones de jubilados y colectivos sociales. La convocatoria fue respaldada por las principales centrales sindicales, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que llamaron a realizar huelgas y manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y económicas.
Las organizaciones estimaron que se realizarían alrededor de 260 concentraciones en todo el territorio francés. Entre sus principales demandas figuran el aumento del salario mínimo, una mejora general de las remuneraciones, la revalorización de las pensiones, una política fiscal más justa y la protección de los servicios públicos.
La movilización también recibió el respaldo de los llamados chalecos amarillos, cuyo movimiento retomó las protestas contra el costo de la vida durante octubre. Asimismo, se sumaron sectores agrícolas, entre ellos integrantes de la Confederación Campesina, que cuestionan las dificultades económicas que enfrenta el campo.
La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, sostuvo que el Gobierno no puede responder al descontento únicamente mediante el despliegue policial, sino que debe atender las reivindicaciones sociales. Por su parte, Marylise Léon, dirigente de la CFDT, anticipó una movilización importante y la comparó con las protestas multitudinarias de 2023 contra la reforma de las pensiones.
Para esta jornada se estimó una participación de entre 500.000 y 700.000 personas fuera de París, mientras que en la capital se esperaba la asistencia de entre 40.000 y 80.000 manifestantes. Las cifras corresponden a previsiones previas a las concentraciones, por lo que el balance definitivo dependerá de los datos posteriores de las autoridades y los sindicatos.
El Gobierno refuerza la seguridad ante el riesgo de disturbios
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para vigilar las movilizaciones y prevenir nuevos episodios de violencia. Las autoridades prometieron responder con firmeza ante posibles disturbios, después de que las manifestaciones del 17 de octubre terminaran con enfrentamientos, saqueos y daños materiales en distintas localidades.
La estrategia de seguridad ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogados y representantes de la judicatura, que consideran excesivas algunas restricciones impuestas al derecho de manifestación. Estos sectores denunciaron un posible endurecimiento autoritario de la respuesta gubernamental y advirtieron sobre los riesgos para las libertades civiles.
El malestar social también representa un desafío político para el presidente Emmanuel Macron, cuyo mandato concluirá en mayo de 2027. La dirigente ecologista Marine Tondelier criticó su gestión y consideró que el Ejecutivo tendrá dificultades para responder a la convergencia de movilizaciones laborales, estudiantiles y ciudadanas.
El deterioro del poder adquisitivo constituye uno de los principales factores de la protesta. El incremento de los precios de los combustibles, los alimentos, la vivienda y otros servicios básicos coincide con las medidas de ajuste fiscal previstas en los presupuestos gubernamentales para 2027. De acuerdo con un barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, entre ellas la CFDT, una de cada dos personas considera difícil cubrir los gastos de su hogar.
Las protestas podrían extenderse durante noviembre
La jornada del jueves no necesariamente representa el final de las movilizaciones. Los chalecos amarillos convocaron a una nueva concentración para el sábado 7 de noviembre en la plaza de la Concordia, en París, pese a las restricciones anunciadas por las autoridades.
Además, organizaciones sociales y sindicatos de Italia, Portugal, España, Bélgica, Grecia y Reino Unido preparan manifestaciones coordinadas para finales de noviembre contra el encarecimiento de la vida. La intención es ampliar la protesta más allá de las fronteras francesas y convertir las demandas sobre salarios y condiciones sociales en una reivindicación europea.
El descontento también ha encontrado expresiones en otros países. En Grecia, estudiantes de secundaria, universitarios y profesores salieron a las calles para exigir mayores recursos educativos, en un contexto de movilización juvenil que comienza a adquirir una dimensión regional.
La crisis francesa refleja así la convergencia de problemas económicos, educativos y políticos. Mientras los sindicatos exigen respuestas concretas sobre salarios y servicios públicos, los estudiantes reclaman condiciones dignas para su formación y distintos colectivos cuestionan las restricciones a la protesta. La capacidad del Gobierno para abrir espacios de negociación y atender estas demandas será determinante para evitar que el conflicto se prolongue.
