Entre los afectados figuran altos cargos políticos y exfuncionarios relacionados con investigaciones por corrupción y crimen organizado
Notipress.- Estados Unidos retiró las visas a 21 ciudadanos colombianos, incluidos dirigentes políticos y exfuncionarios, como parte de una ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico. La decisión del Gobierno de Donald Trump también alcanza a familiares de algunos afectados y coincide con nuevas investigaciones estadounidenses sobre presuntas actividades ilícitas.
Con estas restricciones, Estados Unidos busca limitar el ingreso de personas cuyas actividades representen posibles riesgos para sus intereses y la estabilidad institucional. La medida forma parte de una estrategia regional impulsada por Washington mediante el Escudo de las Américas, una alianza contra el crimen organizado.
Entre los nombres identificados aparecen Ricardo Roa, Yahir Acuña, Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüí, Liliana Bitar y José Ignacio Mesa.
Ricardo Roa y congresistas destacan entre los afectados
Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana de mayoría estatal, figura entre los casos más relevantes por sus antecedentes políticos y judiciales. También dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en financiación electoral y contratación pública.
La Fiscalía colombiana le imputó en marzo el delito de tráfico de influencias por una investigación sobre la compra de un apartamento en Bogotá. Las autoridades examinan posibles beneficios indebidos relacionados con contratos adjudicados por Ecopetrol, mientras Roa ha rechazado las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la compañía.
Otros afectados son Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas electos detenidos por investigaciones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El caso examina presuntos acuerdos para favorecer contratos públicos a cambio de actuaciones legislativas y también involucra a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar.
Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, enfrenta procesos por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y enriquecimiento ilícito, mientras José Ignacio Mesa registra antecedentes judiciales diferentes. En este último caso, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de seis años de prisión por concierto para delinquir agravado.
Washington amplía investigaciones por corrupción y narcotráfico
En medio de las restricciones migratorias, agentes federales estadounidenses viajaron a Colombia para recopilar información sobre presuntos sobornos y vínculos con el narcotráfico. Según información publicada por El Tiempo, los investigadores también escucharon testimonios de antiguos funcionarios del Gobierno de Petro y contrastaron datos recibidos en Washington y Miami.
Las pesquisas abarcarían al menos cinco líneas de investigación, incluidas posibles irregularidades en contratos estatales, financiación política y actuaciones de funcionarios policiales. Algunas personas consultadas por las autoridades estarían dispuestas a colaborar a cambio de beneficios jurídicos, aunque esos posibles acuerdos no han sido confirmados oficialmente.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que las restricciones buscan combatir actividades capaces de debilitar gobiernos democráticamente elegidos, independientemente de sus afiliaciones políticas. Washington también manifestó su respaldo a los esfuerzos del Gobierno colombiano para reducir la influencia criminal en tribunales, fuerzas policiales y órganos legislativos.
La ofensiva estadounidense también incluye restricciones contra ciudadanos de Bolivia, con más de 60 personas afectadas entre ambos países, incluidos familiares de algunos señalados. Aunque retirar una visa no constituye una condena penal, informantes cercanos a las investigaciones consideran posible que determinadas medidas precedan nuevas sanciones administrativas o acusaciones judiciales.
