La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ha generado ahorros por 83.8 mil millones de pesos en dos años mediante controles en compras, contratos, sanciones y reorganización administrativa, mientras el Gobierno federal prepara nuevas medidas para fortalecer la gestión pública.
El Gobierno de México reportó ahorros por 83.8 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la actual administración federal, resultado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atribuye principalmente a medidas preventivas para contener costos, vigilar contratos, recuperar recursos y hacer más eficiente la estructura administrativa.
La cifra fue presentada este martes durante la conferencia matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que una parte importante del trabajo anticorrupción consiste en evitar sobrecostos antes de que los recursos públicos sean ejercidos. La mandataria también explicó que, cuando se detectan irregularidades administrativas, los casos pueden derivar en sanciones o remitirse a otras autoridades cuando existen elementos que podrían constituir delitos.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, desglosó los 83.8 mil millones de pesos reportados. Según la dependencia, 29 mil millones corresponden a mejoras en los procesos de compra; 42.2 mil millones al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones al cobro de multas, adeudos y penalizaciones, y otros 7.8 mil millones a medidas de eficiencia derivadas de reestructuras administrativas.
En conjunto, las cuatro partidas suman los 83.8 mil millones de pesos anunciados por la Secretaría. La dependencia presentó estos recursos como ahorros obtenidos mediante prevención y corrección de prácticas administrativas, no como dinero adicional incorporado directamente al presupuesto federal.
Uno de los principales componentes está relacionado con las compras públicas. Buenrostro explicó que el Gobierno ha utilizado un diálogo estratégico con proveedores para revisar condiciones de adquisición y obtener mejores precios. Este tipo de medidas busca reducir el costo de bienes y servicios que las dependencias necesitan contratar de manera recurrente.
El rubro más grande corresponde, sin embargo, a la administración de contratos, con 42.2 mil millones de pesos. De acuerdo con la funcionaria, el seguimiento permitió detectar incumplimientos, modificaciones consideradas injustificadas y otros problemas durante la ejecución de contratos públicos.
La Secretaría también reportó 4.8 mil millones de pesos asociados con el cobro de multas y adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos realizados en exceso. En paralelo, las reestructuras administrativas habrían generado otros 7.8 mil millones de pesos, según las cifras presentadas por la dependencia.
Además del componente financiero, Buenrostro informó que se han realizado 1.3 millones de capacitaciones relacionadas con ética e integridad en el servicio público. También señaló que el 97.7 por ciento de los servidores públicos presentó en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales, porcentaje que la Secretaría calificó como máximo histórico.
En materia de sanciones, la dependencia informó que ha aplicado 4 mil 193 medidas contra servidores públicos. De ese total, 3 mil 528 corresponden a faltas consideradas no graves y 665 a faltas graves. Entre las conductas señaladas se encuentran pagos indebidos, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, sustracción de información, ocultamiento de bienes y casos de hostigamiento o acoso sexual.
La Secretaría agregó que 1 mil 737 servidores públicos han sido remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya fueron notificados y 1 mil 650 permanecen en proceso, de acuerdo con el balance presentado durante la conferencia.
Las medidas también han alcanzado a proveedores y otros particulares. La dependencia reportó 286 sanciones contra proveedores, de las cuales 222 incluyeron inhabilitación y multa, mientras que 64 consistieron únicamente en multas. El monto acumulado por estas sanciones asciende a 147.3 millones de pesos.
En materia de protección de datos personales, la Secretaría informó que 51 particulares fueron sancionados con multas por un total de 118.5 millones de pesos. Además, se enviaron 33 expedientes de particulares al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Cuando las irregularidades pueden constituir delitos, el procedimiento cambia de ámbito. Buenrostro informó que durante los dos años de la administración se han presentado 517 denuncias relacionadas con posibles delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio ilícito del servicio público. De ellas, 53 habían sido vinculadas a proceso, según el balance presentado por la dependencia.
El Gobierno también informó que trabaja con la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una serie de modificaciones legales orientadas a mejorar la gestión pública y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción.
Otro de los cambios institucionales señalados durante la conferencia tiene que ver con las funciones que anteriormente desempeñaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que absorbió el 80 por ciento de las funciones del organismo y que ha resuelto 8 mil 222 recursos, con un porcentaje de rechazo de 14.6 por ciento.
En paralelo, la dependencia destacó actividades de prevención dirigidas a distintos sectores de la población. Entre ellas se encuentran los programas Semilleros de la Honestidad, enfocado en primeras infancias, y Rally Cero Corrupción, dirigido a jóvenes. También se han realizado trabajos presenciales en nueve entidades federativas para revisar procesos y fortalecer mecanismos de control.
La presidenta también destacó la colaboración internacional en materia de integridad y prevención de la corrupción. Sin embargo, una de las cifras utilizadas durante la conferencia requiere contexto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportó en junio de 2026 que México tenía un nivel de confianza alta o moderadamente alta de 53 por ciento en el Gobierno federal, por encima del promedio de 40 por ciento de la OCDE. La misma encuesta registró 56 por ciento de confianza en el servicio civil mexicano.
Estos datos de la OCDE muestran el nivel de confianza reportado por la población en la encuesta de 2025, no una medición realizada en septiembre de 2026. Además, la organización señala que la confianza en el Gobierno federal mexicano pasó de 54 por ciento en 2023 a 53 por ciento en 2025, por lo que la comparación internacional debe hacerse considerando el año de levantamiento y la metodología empleada.
El balance presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno coloca así dos asuntos distintos sobre la misma mesa: por un lado, el Gobierno reporta ahorros y acciones de control interno; por otro, las encuestas internacionales permiten observar cómo se relacionan esas prácticas con la percepción ciudadana sobre las instituciones.
Para los próximos meses, el reto estará en demostrar que los ahorros reportados pueden mantenerse de manera sistemática y que las sanciones producen cambios duraderos en la administración pública. La prevención, en este terreno, no se mide únicamente por cuánto dinero se recupera después de una irregularidad, sino también por cuántos problemas pueden evitarse antes de que comprometan los recursos públicos.