El Gobierno guatemalteco puso a disposición de la Fiscalía a 107 militares y entregó el informe de una investigación interna para esclarecer la muerte de ocho personas en Huité. El caso está bajo investigación judicial y persisten dudas sobre la actuación de los soldados presentes en la zona.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ordenó el relevo de dos altos mandos del Ejército y dispuso que 107 integrantes de una brigada de infantería quedaran a disposición del Ministerio Público para contribuir con las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos el 27 de septiembre en el municipio de Huité, departamento de Zacapa.
El incidente dejó ocho personas fallecidas: cuatro hombres, tres mujeres y un menor de edad. Las primeras explicaciones oficiales apuntaron a enfrentamientos entre presuntos grupos vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, la presencia de efectivos militares en las inmediaciones y las denuncias posteriores generaron cuestionamientos sobre una posible participación de las fuerzas armadas.
Cambios en la estructura militar
Entre las medidas anunciadas el jueves 8 de octubre figura la salida de José Geovani Martínez Milián como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y de Erwin Constanza Hidalgo como comandante de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa.
El Ejecutivo indicó que ambos oficiales fueron asignados a otras funciones, aunque no detalló cuáles. Arévalo explicó que los cambios administrativos buscan facilitar las diligencias de la Fiscalía y garantizar que las autoridades judiciales puedan realizar los peritajes necesarios sin obstáculos.
El mandatario subrayó que estas decisiones no representan una conclusión sobre la responsabilidad de los militares. La determinación de lo ocurrido y la eventual identificación de responsables corresponden al Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación.
Los militares reconocen que realizaron disparos
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó que una comisión interna concluyó sus averiguaciones y que el informe fue entregado al presidente, quien ordenó remitirlo al Ministerio Público para incorporarlo a las pesquisas. El contenido del documento permanece bajo reserva judicial.
Sáenz reconoció que los soldados desplegados en las afueras de Huité escucharon detonaciones y efectuaron disparos de advertencia. Según la explicación oficial, los efectivos no ingresaron al lugar de los enfrentamientos porque buscaban evitar una escalada de violencia y reducir los riesgos.
El Gobierno también puso a disposición de la Fiscalía a 107 integrantes de la brigada involucrada, junto con sus armas y equipo, para facilitar las diligencias. La medida permitirá a los investigadores requerir declaraciones y examinar elementos relacionados con la actuación del contingente militar.
Una denuncia contra autoridades de Defensa
El caso adquirió mayor relevancia después de que el coronel retirado Miguel Estuardo Barrios presentara una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro Sáenz y el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. La denuncia solicita investigar posibles responsabilidades de altos mandos en los hechos de Huité.
Además, circularon señalamientos anónimos en redes sociales que atribuyeron los ataques a militares y mencionaron una supuesta intervención de agentes antidrogas estadounidenses. Arévalo afirmó que no existen indicios que respalden esta última versión, mientras que el Ejército ha negado su participación en los ataques.
Desde los primeros días posteriores a los hechos, el Ministerio Público ha procesado distintas escenas relacionadas con el caso y recopilado indicios balísticos. La investigación deberá establecer cómo ocurrieron los enfrentamientos, qué papel desempeñaron los distintos grupos presentes y si hubo responsabilidad penal de integrantes de las fuerzas armadas.
Arévalo sostuvo que la población tiene derecho a conocer lo sucedido y a que se determinen las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el relevo de los mandos y la entrega del informe militar constituyen medidas administrativas y de colaboración con la justicia, no una resolución definitiva sobre el caso.
