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Impunidad, la trampa de la consulta para juicios de expresidentes

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Algunas reflexiones sobre la consulta popular a celebrarse el próximo 1 de agosto:

I. El triunfo de López Obrador solo se puede entender ante el hartazgo político, social y económico que motivó a muchos a darle la confianza y viabilidad a la Cuarta Transformación. Es por ello, que el resultado electoral de 2018 fue claro, contundente y sin ningún margen de duda. La gran mayoría tenía muy clara que dicha transformación no estaría completa sino no pasaba en la transparencia y la rendición de cuentas de los hechos o decisiones del pasado, especialmente de los actos de corrupción que tanto han dañado la credibilidad de las instituciones políticas en México.

II. No es tampoco ajeno que una vez que el régimen de la Cuarta Transformación tuvo el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no estaba preocupado en la persecución de los delitos corruptos del pasado. En los primeros tres años, el caso más sonado que se ha judicializado es el proceso de la ex secretaria de desarrollo social peñista, Rosario Robles. Un caso que se vincula con el pasado del propio López Obrador y la lucha política en el entonces PRD capitalino cuando se vinculó a la pareja sentimental de la entonces regente del DF en los vídeos de “las ligas” que llevó a la cárcel a René Bejarano, importante aliado político hasta ahora del presidente. Lo que para muchos fue evidencia que más que revisión del pasado, la acción era un “ajuste de cuentas” y revancha política interna.

III. Otro caso de alto impacto fue la detención de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y vinculado con sobornos y desvíos de dinero a favor de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Una circunstancia que enlaza directamente tanto al expresidente Peña como a Luis Videgaray. Detenido primero en España y extraditado a México, el ex director de Pemex hoy es supuestamente un “testigo protegido” sin estar detenido en un centro de reclusión social y sin que, hasta ahora, se tenga resultados en la investigación para llevar a la cárcel a los funcionarios corruptos del sexenio pasado.

IV. En el discurso de las mañaneras han sido un sinfín de veces que se han señalado diversas situaciones que deberían ser investigadas y denunciadas como actos de corrupción en el pasado. Pero el gobierno no parece que lo quiere hacer. Pareciera que lo que no cambió en esta Cuarta Transformación es la “regla de no agresión” entre expresidente muy recurrente en la política mexicana para no desestabilizar el desarrollo político y con ello se afecte la estabilidad económica. Pongamos en la mesa que la formación política de López Obrador, aunque muchos no le gusten, es priista de la década de los 70’s.

V. La legislación en materia de consulta popular es un logro de esta Cuarta Transformación y como “anillo al dedo” le ha convenido a la presidencia para dar carpetazo al clamor popular de enjuiciar y meter a la cárcel a los políticos del pasado. En primera instancia es necesario para que la consulta popular sea vinculante, es decir, de carácter obligatoria para las autoridades competentes, la participación del 40 por ciento del listado nominal de electores inscritos en el Registro Federal de Electores. Hace dos días, el senador morenista Ricardo Monreal ha reconocido que es sumamente difícil lograr llegar a ese nivel de participación ciudadana, 35.7 millones de mexicanos. Aunque acuse desinterés del INE en la consulta popular, también es muy cierto que presupuestariamente no se le brindaron recursos económicos para la realización del misma para la organización y difusión, lo que ya viene “de caída” de inicio.

VI. ¿Qué sucederá cuando el domingo no se alcance ese número? ¿En dónde quedo la movilidad y el poder de convocatoria de la Cuarta Transformación? ¿Será entonces que el pueblo “bueno y sabio” no quiere el juicio contra los expresidentes?… son tan solo unas preguntas para el análisis del costo y alcance político que sería muy ingenuo pensar que no están calculadas por la presidencia.

V. Es necesario establecer que la lucha contra la corrupción que implica todas las acciones necesarias que el gobierno debe emprender para investigar, demandar y procesar a los funcionarios corruptos no pueden ser motivo de consulta. Es una obligación y deber constitucional que ante la convocatoria de la consulta popular para saber si el pueblo está de acuerdo con ella, es una claudicación de facto de la responsabilidad no solo política, sino también judicial del gobierno, más allá de no cumplir con promesas de campaña, o por lo menos, para quienes así lo entendieron.

VI. Santiago Nieto, convertido como un “zar anticorrupción” desde la Unidad de Inteligencia Financiara del gobierno federal ha aclarado que resulta difícil enjuiciar los expresidentes por la “prescripción” de los delitos. Para quien no conoce el significado del término, la prescripción es un medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. En otras, palabras, que no habría causas legales para judicializar y con ello “meter a la cárcel” a los expresidentes. Reveladora aclaración.

VII. Luego entonces ¿de qué va a servir realmente la consulta popular sobre los expresidentes? Seamos más claros: el gobierno ha tenido la información, desde la transición del poder y al recibir toda la información gubernamental, la investigación de Rosario Robles y las supuestas revelaciones del testigo protegido de Lozoya… y hasta ahora nada ha sucedido.

Por lo cual, resulta ante el escenario de no lograr el resultado vinculante, una condición favorable para que el gobierno federal mantenga su política de “abrazos” a los actores políticos de los sexenios del pasado; lo que, sin duda, será la impunidad, la verdadera trampa de esta consulta popular.

 

 

 

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