unotv.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar una aplicación presupuestal a la Cámara de Diputados, para la realización de la Consulta Popular para preguntar a la ciudadanía si quiere que se inicien procesos legales en contra de expresidentes de pasadas administraciones. Los consejeros plantean pedir para este ejercicio mil 499 millones de pesos.
“En el proyecto se propone como decía un gasto total de mil 499 millones de pesos que es una cifra mucho menor a los 8 mil 169 millones de pesos que costará llevar a cabo el proceso electoral del próximo año de principio a fin y que es lo subrayo”. Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE.
Asimismo, estableció de manera enfática “para evitar cualquier tipo de confusión es esta la que mencionado mil 499 millones de pesos es la única cifra oficial que el Instituto ha dado hasta el momento a conocer y dar a conocer sobre los costos de este ejercicio de participación ciudadana”.
Córdova Vianello, aseguró que este monto garantiza que se mantengan los estándares de calidad que caracterizan al INE, a pesar del ejercicio de contención de recursos que se hizo considerando que varios materiales y servicios serán los mismos que en el Proceso Electoral.
“Dos meses después de las elecciones federales y locales del 6 de junio, volveremos a instalar las casillas para recibir el voto de la ciudadanía que decida participar en esa Consulta en la que, por cierto, es muy importante aclarar que serán ciudadanos voluntarios –como ocurre siempre– quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos”, dijo.
También recordó que el pasado 22 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular propuesta por el titular del Ejecutivo y cuya convocatoria se publicó este miércoles.
En este sentido, el Consejero Presidente aludió al texto Constitucional que establece que, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada el primero de agosto de 2021, deberá suspenderse la difusión de toda la propaganda gubernamental con las excepciones previstas.
Refirió que el INE se mantendrá vigilante de que todos los actores políticos respeten no sólo las reglas electorales, sino que también cumplan las restricciones establecidas en el modelo de comunicación política durante los comicios y el periodo de campaña de la Consulta Popular.
