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Investigan si legisladores yucatecos recibieron sobornos por caso Odebrecht

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La extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex del 2012 al 2016, dinamiza la investigación sobre la posibilidad de que diputados federales y senadores que aprobaron la reforma energética hayan recibido sobornos provenientes de la empresa Odebrecht. Entre esos diputados están incluidos 5 yucatecos, William Sosa Altamira (PRI), María del Carmen Ordaz Martínez (PRI), Mauricio Sahui Rivero (PRI), Raúl Paz Alonzo (PAN) y Marco Vela Reyes (PRI). Los senadores son: Daniel Ávila (PAN), Rosa Adriana Díaz (PAN), Angélica Araujo (PRI).

 

El día miércoles 12 de febrero de 2020, Lozoya Austin fue capturado por autoridades españolas en Málaga en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Interpol y llegó a México, tras aceptar ser extraditado hace unas horas. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Lozoya va a hablar de todo lo que  se hizo en torno a los presuntos sobornos de la trasnacional Odebrecht, para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Se habla de un monto de 10 millones de dólares.

Peña Nieto promovió el Pacto por Mëxico, para impulsar una serie de reformas, que según dijo en su momento, serían de gran impulso para la economía nacional.

Según fuentes nacionales, se abrió una investigación sobre supuestos sobornos que se pagaron a legisladores federales para aprobar la reforma energética, llamada en ese entonces la “madre de todas las reformas”.

El portal Código Magenta lo describe de esta forma:

 

 

La reforma energética de 2013 en México es una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente, Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de OCTUBRE de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal; fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. Se dijo que los objetivos de esta Reforma Energética serían: (1) Mejorar la economía de las familias: Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. (2) Aumentar la inversión y los empleos: Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2 y medio millones más para 2025, en todo el país. (3) Reforzar a Pemex y a CFE: Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas. Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera.

Hasta el momento ningún legislador yucateco se ha pronunciado al respecto.

En el 2018 ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, opositor a la reforma energética y su gobierno ha llegado a un acuerdo con Lozoya Austin, para conocer a fondo toda la corrupción que se hizo en torno a los sobornos de la trasnacional Odebrecht.