El senador Enrique Inzunza reapareció en el Senado tras más de cuatro meses de ausencia y rechazó las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, mientras la investigación de la Fiscalía General de la República continúa abierta en México.
Enrique Inzunza volvió este lunes al Senado de la República en medio de uno de los momentos más delicados de su carrera política. El legislador sinaloense negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró que no existe ninguna prueba que sustente las acusaciones formuladas en Estados Unidos.
“No he sido narco nada”, afirmó durante una conferencia de prensa, en la que también sostuvo que no tiene temor ante las investigaciones y que está dispuesto a comparecer nuevamente ante las autoridades mexicanas cuando sea requerido.
La postura del senador ocurre poco más de cuatro meses después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos difundieran una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Entre ellos aparece Inzunza, junto con el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y otros servidores públicos estatales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados presuntamente habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La acusación coloca el caso dentro de una investigación más amplia relacionada con la facción conocida como Los Chapitos.
La dimensión de los señalamientos explica, en buena medida, la presión política que ha acompañado el caso durante los últimos meses. Sin embargo, una acusación judicial no equivale por sí misma a una sentencia, y hasta ahora Inzunza mantiene su negativa a reconocer cualquier relación con la organización criminal.
El senador calificó los señalamientos como una “embestida mediática” basada, según su versión, en calumnias y diatribas. También sostuvo que se trata de un instrumento de “guerra judicial” y reclamó que, después de varios meses, no se haya presentado públicamente una prueba que demuestre su participación en actividades delictivas.
En México, Inzunza ya compareció ante la Fiscalía General de la República para declarar sobre los señalamientos. En mayo acudió personalmente a las oficinas de la FGR en Culiacán, donde rindió su testimonio. Este lunes reiteró que está dispuesto a presentarse las veces que sea necesario y pidió que la investigación llegue a una conclusión.
El regreso del senador tampoco significa una reconciliación con Morena. El pasado 26 de agosto anunció su separación del grupo parlamentario para continuar ejerciendo como legislador independiente. Explicó entonces que tomó la decisión por convicción personal y para evitar que los señalamientos en su contra fueran utilizados para afectar políticamente al movimiento.
La ruptura con la bancada oficialista se produjo después de semanas de presión para que solicitara licencia al cargo y se apartara temporalmente de sus funciones mientras avanzaban las investigaciones. Inzunza rechazó esa posibilidad y defendió su derecho a continuar como senador, amparado en su interpretación del marco constitucional.
La situación tiene además un componente político particularmente sensible en Sinaloa. Inzunza fue secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya y mantiene una relación política con el mandatario estatal, quien también aparece entre los funcionarios señalados por Estados Unidos.
El vínculo volvió a quedar expuesto el pasado 21 de agosto, cuando Inzunza acudió al Palacio de Gobierno de Sinaloa para reunirse con Rocha Moya, quien había retomado temporalmente sus funciones después de permanecer con licencia. El senador confirmó posteriormente que conversó con el gobernador y que incluso le ofreció un consejo, aunque prefirió no revelar el contenido de la charla.
Lejos de tomar distancia personal de Rocha Moya, Inzunza volvió a defenderlo públicamente y lo describió como un hombre honorable. Al mismo tiempo, insistió en que no conoce personalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán ni a Ismael “El Mayo” Zambada, dos de las figuras históricas más relevantes del Cártel de Sinaloa.
La defensa del senador se produce, además, en un escenario político distinto al de abril. Morena ya no le ofrece el mismo respaldo parlamentario y su decisión de abandonar la bancada lo coloca en una posición independiente dentro del Senado. La dirigencia del partido, por su parte, ha cuestionado que no haya solicitado licencia para enfrentar las acusaciones.
Y es que el caso ha dejado de ser únicamente un asunto judicial. También representa un problema político para el oficialismo, particularmente porque las acusaciones estadounidenses involucran a figuras que ocuparon posiciones relevantes en el gobierno de Sinaloa.
Por ahora, Inzunza mantiene el cargo y sostiene públicamente su inocencia. La Fiscalía General de la República deberá determinar el rumbo de la investigación mexicana, mientras el proceso estadounidense mantiene abiertas acusaciones de enorme gravedad. La diferencia entre una imputación y una responsabilidad penal comprobada será, en este caso, fundamental.
