El Parlamento italiano aprobó definitivamente una ley que incorpora a su legislación la definición operativa de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). La medida, respaldada por el gobierno de Giorgia Meloni, busca fortalecer la prevención de la discriminación contra la población judía, pero ha provocado una controversia sobre los límites entre el discurso de odio y la crítica política al Estado de Israel. Aunque el texto no crea nuevos delitos ni establece sanciones penales, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que su aplicación podría generar restricciones indirectas a la protesta y al debate público.
Italia se convirtió en uno de los países europeos que incorporan formalmente la definición de antisemitismo de la IHRA a su legislación nacional. La Cámara de Diputados aprobó definitivamente el proyecto el martes 17 de noviembre, con 147 votos a favor y 93 en contra, además de cinco abstenciones, después de que el Senado lo respaldara en marzo de este año.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la primera ministra Giorgia Meloni y de su coalición de derecha, que sostiene que el país necesita instrumentos más sólidos para combatir las expresiones de odio, la discriminación y las agresiones contra las comunidades judías. Sin embargo, la decisión dividió a la oposición y reavivó una discusión que se extiende por Europa: ¿cómo combatir el antisemitismo sin confundirlo con las críticas a las decisiones políticas y militares del gobierno israelí?
La definición de la IHRA y sus puntos controvertidos
La definición operativa adoptada por la IHRA en 2016 describe el antisemitismo como una determinada percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos. Sus manifestaciones pueden dirigirse contra personas judías o no judías, sus propiedades, instituciones comunitarias y lugares de culto.
El documento incluye ejemplos ilustrativos para identificar posibles expresiones antisemitas. Entre ellos aparecen la atribución colectiva a los judíos de las acciones del Estado de Israel, la negación del derecho del pueblo judío a la autodeterminación y determinadas comparaciones entre las políticas israelíes contemporáneas y las prácticas de la Alemania nazi.
No obstante, la propia definición establece una precisión fundamental: las críticas a Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no deben considerarse antisemitas. La controversia surge porque algunos de sus ejemplos pueden requerir interpretaciones complejas para determinar cuándo una expresión constituye una manifestación de odio contra los judíos y cuándo representa una crítica política legítima.
El proyecto italiano incorpora la definición y sus indicadores como referencia para las acciones institucionales contra el antisemitismo. Al mismo tiempo, su artículo primero establece que deben respetarse la libertad de crítica política, la libertad de expresión, la reunión y la asociación, conforme a los principios constitucionales.
La oposición advierte sobre posibles restricciones
Las críticas más contundentes procedieron de sectores de izquierda, particularmente de Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Su colíder, Angelo Bonelli, calificó la iniciativa como una posible «ley mordaza», al considerar que podría utilizarse para desacreditar o limitar manifestaciones de solidaridad con Palestina y cuestionamientos a las políticas del gobierno israelí.
La oposición propuso utilizar como alternativa la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo, publicada en 2021 por un grupo de especialistas en estudios judíos, antisemitismo y Holocausto. Este documento también reconoce la gravedad del antisemitismo, pero desarrolla criterios que buscan diferenciar con mayor precisión el odio contra los judíos de las críticas al sionismo, al nacionalismo y a las políticas del Estado de Israel.
La Declaración de Jerusalén sostiene que las críticas basadas en evidencias a las acciones del Estado israelí, las campañas de boicot y las manifestaciones de solidaridad con los palestinos no son, por sí mismas, expresiones antisemitas. Sin embargo, también reconoce que el lenguaje utilizado en el debate sobre Israel puede reproducir prejuicios antijudíos y debe examinarse en su contexto.
La discusión también dividió al Partido Democrático (PD), principal fuerza de centroizquierda. Mientras algunos de sus integrantes cuestionaron el alcance de la definición de la IHRA, el senador Filippo Sensi consideró que el proyecto era equilibrado y defendió que las críticas contundentes contra el gobierno israelí no deberían convertirse en motivo de persecución.
Amnistía Internacional cuestiona el alcance de la norma
Amnistía Internacional expresó su preocupación por la aprobación de la ley y advirtió que incorporar la definición de la IHRA como referencia jurídicamente vinculante podría provocar autocensura y restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La organización sostiene que la definición fue concebida originalmente como una herramienta de orientación y no como un marco jurídico para regular expresiones políticas. Por ello, considera que su incorporación a la legislación puede generar incertidumbre en espacios como universidades, escuelas, redes sociales y manifestaciones públicas.
Sin embargo, es importante distinguir entre las advertencias de las organizaciones civiles y los efectos jurídicos concretos de la legislación. El texto aprobado no crea nuevos delitos ni establece multas o sanciones penales por las expresiones contempladas en la definición. Su alcance se concentra en establecer principios de actuación institucional, una estrategia nacional y mecanismos de prevención y seguimiento.
Esta distinción no elimina el debate. La incorporación de una definición a la legislación puede influir en decisiones administrativas, educativas e institucionales, incluso cuando no establezca directamente una pena. Por eso, la forma en que las autoridades interpreten y apliquen sus indicadores será determinante para evaluar sus consecuencias sobre los derechos fundamentales.
El aumento de incidentes antisemitas en Italia
El gobierno italiano justifica la medida en el incremento de los incidentes antisemitas registrados durante los últimos años. El Observatorio sobre el Antisemitismo de la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) contabilizó 226 casos en 2021, 241 en 2022, 454 en 2023, 877 en 2024 y 963 en 2025.
La evolución muestra un incremento considerable, particularmente después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. La violencia y la polarización relacionadas con el conflicto han tenido repercusiones en distintas comunidades europeas, donde se han denunciado agresiones, amenazas, discursos de odio y actos de discriminación contra personas judías.
El registro de incidentes constituye un indicador relevante, aunque no todos los casos tienen necesariamente la misma naturaleza ni representan delitos acreditados judicialmente. Precisamente por ello, las políticas públicas deben contar con criterios transparentes para documentar los hechos, distinguir las conductas discriminatorias de las expresiones políticas y garantizar que las denuncias sean investigadas con rigor.
Una estrategia nacional de tres años
La legislación italiana también establece una estrategia nacional trienal contra el antisemitismo. Entre sus objetivos se encuentran el seguimiento de los incidentes, la prevención de la discriminación, el combate al odio en internet y la promoción de actividades educativas sobre la historia y la cultura judías.
El proyecto contempla, además, la figura de un coordinador nacional encargado de impulsar las acciones institucionales y articular la estrategia con distintos sectores públicos. La iniciativa pretende fortalecer la protección de las comunidades judías y promover una cultura de convivencia libre de prejuicios y estereotipos.
El desafío estará en garantizar que esas acciones se desarrollen con criterios compatibles con la Constitución italiana y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La prevención del antisemitismo exige respuestas firmes frente a las amenazas, las agresiones y la discriminación, pero también requiere proteger el pluralismo político y la libertad de manifestación.
La decisión italiana tendrá relevancia más allá de sus fronteras. En Europa y otros países occidentales continúa el debate sobre la utilización de la definición de la IHRA en instituciones públicas, universidades y políticas contra la discriminación. La discusión no debería plantearse como una elección entre proteger a las comunidades judías o defender los derechos del pueblo palestino: ambas obligaciones pueden y deben coexistir.
Combatir el antisemitismo significa impedir que las personas judías sean responsabilizadas colectivamente por las decisiones del gobierno israelí, así como rechazar las amenazas, los ataques y los prejuicios contra ellas. Defender la libertad de expresión significa reconocer que los gobiernos, incluidos los de Israel, pueden ser cuestionados por sus decisiones y acciones sin que toda crítica se convierta automáticamente en una expresión de odio.
La legislación italiana abre, por tanto, una prueba institucional importante. Su legitimidad no dependerá únicamente de la intención declarada de combatir la discriminación, sino de que su aplicación proteja efectivamente a las comunidades judías sin convertir la discrepancia política en una conducta sancionable. Una democracia debe ser capaz de combatir el odio sin renunciar a la libertad de cuestionar al poder.


