Cuando se da a conocer la noticia de la desaparición de Luz y Fuerza,
quienes viven en la zona que les afectaba el mal servicio celebraron la
decisión. Ahí salía airoso Javier Lozano ante la opinión pública al ser
el operador que se había atrevido a ponerle el cascabel al gato. Sin
embargo, aún y cuando la legalidad de la decisión ya ha sido avalada por
el sistema judicial, no se pudo terminar la existencia del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), sino al contrario, se avivó un monstruo
que ha alterado la paz social con manifestaciones y sabotajes a los
servicios de electricidad ahora proporcionados por la CFE. Tanto es el
poder del sindicalismo que se ha reconocido la personalidad jurídica del
SME por la toma de nota de la asamblea electiva, por lo cual, aún no se
dice la última palabra en su lucha por lo que consideran sus derechos
laborales violados.
Después vino el caso de Mexicana de Aviación donde se evidenció la gran
ingenuidad, por decir de forma decente, de las autoridades que se
involucraron en la revisión de la venta de la aerolínea. ¿Es válido
suponer que los secretarios de hacienda, de comunicaciones y transporte
como del Trabajo pueden fácilmente ser engañados? Inadmisible que se
tuviera que anunciar en el primer intento que los socios que habían
hecho los trámites para la adquisición no contaban con los fondos
económicos de garantía para continuar con el proceso de adquisición,
cuando ya se habían dado pasos significativos para que se empezará a
operar tan importante e insigne aerolínea.
Ahora, con la negativa del Congreso a discutir la reforma laboral, el
secretario de trabajo no ha descansado cualquier foro de televisión o
las mismas redes sociales para acusar al PRI, y de forma específica al
gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto como el principal
orquestador que impide la reforma laboral, que ha sido crítica por
especialistas por sólo pretender atender las normas jurídicas
relacionadas con la fuerza laboral privada que no goza de los
privilegios de los trabajadores burocráticos, que tienen su propia ley
con privilegios y prebendas superiores con menores cargas de trabajo.
Una reforma urgente para el régimen panista con una visión más
empresarial que atendiendo los derechos alcanzados por la justicia
social y laboral.
En los últimos días, vuelve a quedar en evidencia la falta de
supervisión de la secretaría de trabajo, encabezada por Javier Lozano,
en el accidente de una mina de carbón en Coahuila. La ley es muy clara
con respecto al trabajo de menores de edad. Éstos no pueden desempeñar
trabajo en zonas que por su naturaleza atenten su integridad física por
la peligrosidad de las labores. El que hoy aparezca un adolescente
minero de apenas quince años, que además perdiera un brazo por el
accidente, refleja la falta de responsabilidad en la supervisión que por
obligación debería cumplir los inspectores de la secretaría.
No obstante de la ineficiencia en los casos anteriores, el secretario
de trabajo, se ha pronunciado como el “gallo” para la sucesión
presidencial si el PAN le otorga su confianza. ¿Garantiza con las
acciones en estos asuntos de importancia la capacidad de Javier Lozano
para ocupar el cargo político de mayor rango que implica
responsabilidad, capacidad de negociación, tolerancia ante la opinión
contraria, entre algunos requisitos?
Para lo que sí ha sido bueno Javier Lozano es para mantener una
comunicación twitera de los cumpleaños de funcionarios, diputados y
senadores, acontecimientos culturales y otras cuestiones personales. Lo
que algunos juzgan como una pérdida de tiempo, sobretodo, cuando no hay
resultados concretos en temas sensibles que han sido y son de su
competencia.
Lo que México requiere no es de un twitero, sino un líder que pueda
encabezar un proyecto de reconstrucción nacional. Hasta ahora considero
que Javier Lozano se queda muy atrás de cumplir con ese indispensable
requisito
