La jueza Reine Alapini-Gansou llamó a los Estados a pasar de las declaraciones de respaldo a acciones concretas para proteger la independencia de la Corte Penal Internacional, después de que Donald Trump pidiera a los países abandonar el tribunal.
La tensión entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional volvió a ocupar el centro de la escena internacional. Un día después de que Donald Trump reclamara ante la Asamblea General de Naciones Unidas que los países miembros se retiren de la institución, la jueza Reine Alapini-Gansou pidió a los Estados adoptar medidas concretas frente a las presiones que, según la propia Corte, afectan a sus jueces, fiscales y personal.
Alapini-Gansou, jueza de nacionalidad beninesa y segunda vicepresidenta de la CPI, hizo el llamado durante un coloquio celebrado en la Asamblea Nacional francesa. La magistrada describió el momento actual como una crisis excepcional para el tribunal y sostuvo que la respuesta ya no puede limitarse a declaraciones de apoyo.
“La pelota está en el campo de los actores políticos, de los Estados”, señaló la jueza, de acuerdo con el reporte de AFP. Su planteamiento apunta a que los países que respaldan al tribunal definan cómo traducir ese respaldo político en mecanismos capaces de proteger el funcionamiento de la institución y de sus funcionarios.
El llamado se produjo horas después del discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU. El presidente estadounidense pidió a los integrantes de la CPI retirarse de manera inmediata y calificó al tribunal de institución “fuera de control”. Reuters reportó que Trump también cuestionó que militares estadounidenses puedan quedar sujetos a procesos que considera injustos.
La confrontación no es nueva. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado mediante el cual se creó la CPI, y durante la administración Trump se han impuesto sucesivas sanciones contra funcionarios del tribunal.
El Departamento del Tesoro estadounidense documentó que el 5 de junio de 2025 fueron sancionados cuatro jueces, entre ellos Alapini-Gansou. Washington argumentó entonces que estos funcionarios habían participado en actuaciones de la CPI dirigidas contra ciudadanos estadounidenses o israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos.
En agosto de 2025 se añadieron otros cuatro funcionarios, incluidos dos jueces y dos fiscales adjuntos. Posteriormente, en agosto de 2026, Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y a un abogado principal de la Fiscalía. La propia Corte informó entonces que nueve de sus 18 jueces, los dos fiscales adjuntos, el antiguo fiscal y un miembro del personal estaban bajo sanciones estadounidenses.
La cifra permite dimensionar el alcance de la disputa. De acuerdo con una entrevista publicada por El País a la presidenta de la CPI, nueve de los 18 jueces del tribunal están afectados por sanciones estadounidenses, mientras que otros integrantes de la institución también han enfrentado medidas de Rusia.
En el caso de Alapini-Gansou, las sanciones estadounidenses se remontan al 5 de junio de 2025. La magistrada formó parte de la sala relacionada con el proceso que derivó en las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Ese episodio es uno de los principales puntos de fricción entre Washington y la CPI. Estados Unidos ha rechazado la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes y ha acusado a la institución de actuar de manera ilegítima. La CPI, por su parte, sostiene que sus actuaciones se realizan conforme al Estatuto de Roma y dentro del mandato otorgado por sus Estados Parte.
Las sanciones tienen consecuencias prácticas para los funcionarios afectados. Alapini-Gansou explicó que las medidas le han impedido utilizar tarjetas de crédito y viajar con normalidad. Más allá de las dificultades personales, la Corte ha advertido que este tipo de restricciones puede complicar el trabajo de sus funcionarios y afectar la cooperación necesaria para las investigaciones.
La Unión Europea ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a la independencia de la CPI. En agosto de 2025, el Servicio Europeo de Acción Exterior señaló que las sanciones contra jueces y fiscales podían afectar el funcionamiento de la Fiscalía y las investigaciones en curso, y pidió a los Estados mantener la cooperación con el tribunal.
La CPI fue creada para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Su jurisdicción opera bajo las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma y, en determinados casos, puede activarse cuando los Estados correspondientes no pueden o no quieren realizar investigaciones y procesos genuinos.
El enfrentamiento con Washington llega, además, en un momento particularmente delicado para la institución. La Corte mantiene investigaciones y procedimientos relacionados con diversos conflictos internacionales, mientras sus decisiones sobre Israel y Palestina han colocado al tribunal en el centro de una disputa diplomática de enorme alcance.
Para Alapini-Gansou, sin embargo, las presiones no deben desplazar el objetivo central de la institución. La jueza pidió mantener la atención en las víctimas de los crímenes que llegan ante la Corte y sostuvo que para miles de personas el tribunal representa una de las últimas vías disponibles para buscar justicia.
Mientras continúan las medidas estadounidenses, la CPI ha reiterado que seguirá desempeñando sus funciones. En su declaración de agosto de 2026, el tribunal afirmó que las nuevas sanciones no impedirían el cumplimiento de su mandato y defendió la independencia de sus jueces y fiscales.
La disputa deja así una pregunta que rebasa a Washington y La Haya: hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados que respaldan el sistema de justicia penal internacional para proteger su funcionamiento cuando una de las principales potencias mundiales presiona contra él. Por ahora, la jueza Alapini-Gansou sostiene que las palabras de apoyo son importantes, pero que el siguiente paso debe ser la acción.