Un jurado de Santa Fe determinó que Facebook incurrió en más de 43 millones de violaciones a la legislación de protección al consumidor de Nuevo México, mientras el juez deberá establecer posteriormente la sanción económica.

Un jurado de Nuevo México determinó este viernes que Facebook, propiedad de Meta Platforms, incurrió en más de 43 millones de violaciones de la legislación estatal de protección al consumidor al realizar afirmaciones engañosas sobre la privacidad y las prácticas de la plataforma.

El veredicto fue emitido después de un juicio de dos semanas celebrado en Santa Fe, en el que el estado sostuvo que Facebook había engañado a sus usuarios sobre la protección de sus datos y sobre las medidas adoptadas para supervisar a desarrolladores externos que tenían acceso a información de los usuarios.

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, revelado públicamente en 2018, después de que una aplicación de cuestionarios de personalidad recopilara información de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook. Parte de esos datos terminó en manos de Cambridge Analytica, una consultora política que posteriormente trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

La fiscalía de Nuevo México argumentó que Facebook no había informado adecuadamente a sus usuarios sobre los riesgos relacionados con la utilización de sus datos y que sus declaraciones públicas sobre las medidas de protección no correspondían con las prácticas internas de la compañía.

El jurado también encontró responsabilidad relacionada con determinadas afirmaciones de Facebook sobre la aplicación de sus políticas de contenido y el trato otorgado a determinadas cuentas. Sin embargo, rechazó algunas de las acusaciones formuladas por el estado, entre ellas una relacionada con declaraciones sobre la eliminación de contenido perjudicial.

La decisión no establece todavía cuánto tendrá que pagar Meta. El juez Francis Mathew deberá determinar la sanción aplicable conforme a la legislación estatal. Los abogados de Nuevo México solicitaron el máximo previsto de 5,000 dólares por cada infracción.

Tomando como referencia únicamente esa cantidad máxima y más de 43 millones de infracciones, la exposición teórica superaría los 215,000 millones de dólares. Esa cifra no constituye la sanción impuesta, ya que el juez todavía debe resolver qué penalización corresponde en este caso.

La audiencia para determinar las sanciones está prevista para el 1 de octubre. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha señalado que los recursos que eventualmente sean concedidos al estado se destinarían a un fondo relacionado con el sistema educativo estatal. El gobierno estatal también solicitó medidas judiciales para impedir que se repitan determinadas prácticas.

Meta rechazó el veredicto. Un portavoz de la compañía declaró que la empresa no está de acuerdo con la decisión y que continuará defendiendo su posición frente a lo que considera una interpretación distorsionada de su historial.

Durante el juicio, los abogados de Meta sostuvieron que las pruebas presentadas por el estado se referían principalmente a prácticas antiguas y que la compañía ha modificado sus sistemas de privacidad y seguridad desde que Nuevo México presentó la demanda en 2021.

El proceso de Nuevo México se desarrolló de manera independiente después de que casi todos los estados estadounidenses alcanzaran en agosto un acuerdo con Meta relacionado principalmente con acusaciones sobre la seguridad de niños y adolescentes en Facebook e Instagram. El acuerdo contempla pagos de hasta aproximadamente 17,100 millones de dólares y nuevas medidas de protección para usuarios menores de edad.

Ese acuerdo también resolvió reclamaciones estatales relacionadas con el intercambio de información de usuarios de Facebook con terceros, incluido Cambridge Analytica. Nuevo México decidió continuar con su propio litigio y quedó fuera de ese acuerdo, al igual que Florida.

El caso actual se suma a otros procesos judiciales de Nuevo México contra Meta. En agosto, el estado obtuvo una resolución que elevó a 942 millones de dólares la exposición financiera de la empresa en procesos relacionados con la seguridad de menores: 375 millones de dólares derivados de un veredicto anterior y otros 567 millones establecidos por el tribunal para medidas de reparación y protección.

La resolución sobre privacidad constituye, por tanto, un procedimiento distinto. Su alcance económico dependerá ahora de la decisión del juez, mientras Meta mantiene su posición de desacuerdo con el veredicto y conserva la posibilidad de recurrir las determinaciones judiciales correspondientes.