La COP31 entra en su semana decisiva entre disputas por el financiamiento climático y el impacto ambiental de la inteligencia artificial

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, entró en su segunda y última semana con las negociaciones políticas todavía divididas sobre el financiamiento para los países vulnerables, la reducción del uso de combustibles fósiles y los compromisos de adaptación. Mientras los ministros buscan destrabar un acuerdo, la inteligencia artificial y la industrialización verde se incorporan al debate como oportunidades tecnológicas que también generan nuevos desafíos ambientales.

La COP31 llegó a su momento más delicado. Después de una primera semana de discusiones técnicas, los ministros y representantes de alto nivel comenzaron a asumir el protagonismo en Antalya, donde cerca de 200 países intentan alcanzar un acuerdo que permita avanzar en los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, las diferencias sobre quién debe financiar la transición energética y con qué rapidez debe abandonarse la dependencia de los combustibles fósiles mantienen las negociaciones bajo presión.

El lunes 16 de noviembre comenzó a circular un primer borrador de decisión marco, elaborado en el contexto de la presidencia de la conferencia y las negociaciones encabezadas por Australia. El documento, de 18 páginas, busca establecer una base para acercar posiciones, pero no representa un acuerdo definitivo. De hecho, contiene propuestas que algunos gobiernos ya han cuestionado.

Entre los asuntos más controvertidos se encuentran el financiamiento de la adaptación climática, la transición hacia energías limpias y la posibilidad de establecer compromisos más explícitos para reducir y eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. La discusión también refleja una diferencia estructural entre países desarrollados y economías en desarrollo: mientras los primeros exigen compromisos de reducción de emisiones, los segundos reclaman recursos suficientes para enfrentar daños climáticos que, en muchos casos, no provocaron en la misma proporción.

El financiamiento y los combustibles fósiles, en el centro del conflicto

Uno de los planteamientos más importantes del borrador consiste en triplicar el financiamiento anual destinado a la adaptación climática de los países en desarrollo, hasta alcanzar al menos 120 mil millones de dólares para 2035. La propuesta contempla que los países desarrollados incrementen sus aportaciones y presenten una hoja de ruta con objetivos intermedios para evaluar el cumplimiento.

El documento también propone acelerar la transición hacia fuentes de energía distintas de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, además de eliminar los subsidios ineficientes a estas fuentes. Entre sus objetivos figuran aumentar la participación de la electricidad en el consumo energético final mundial al 35 % para 2035, triplicar la capacidad global de energías renovables y duplicar el ritmo anual de mejora de la eficiencia energética para 2030.

Estas propuestas todavía están sujetas a negociación. La diferencia entre hablar de una transición para abandonar los combustibles fósiles y establecer compromisos concretos para su eliminación es precisamente uno de los puntos que amenaza con dividir a las delegaciones.

El problema financiero tampoco es menor. Los países más expuestos a sequías, inundaciones, tormentas y elevación del nivel del mar necesitan recursos para adaptar sus territorios, proteger infraestructura y reducir la vulnerabilidad de sus poblaciones. Sin embargo, los compromisos internacionales no siempre se traducen en fondos accesibles, suficientes y oportunos. La discusión de Antalya vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir el costo de enfrentar una crisis climática cuyas consecuencias no se distribuyen de manera equitativa?

La inteligencia artificial entra en la agenda climática

Mientras las negociaciones diplomáticas avanzan con dificultad, la tecnología se ha convertido en otro de los protagonistas de la conferencia. Turquía y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentaron el Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial, una iniciativa voluntaria que busca reducir el impacto ambiental de los sistemas de IA y promover su utilización para enfrentar el cambio climático.

El compromiso contempla cuatro líneas de acción: utilizar electricidad de bajas o nulas emisiones para alimentar los centros de datos, mejorar la eficiencia energética e hídrica de la infraestructura tecnológica, medir y transparentar la huella ambiental de los sistemas de inteligencia artificial y fortalecer la cooperación técnica y financiera para que los países en desarrollo puedan aprovechar estas herramientas.

La iniciativa responde a una contradicción que comienza a adquirir dimensiones globales. La inteligencia artificial puede contribuir a optimizar redes eléctricas, anticipar fenómenos meteorológicos, mejorar procesos industriales y administrar recursos naturales. Pero su expansión requiere centros de datos, sistemas de refrigeración, equipos especializados y enormes cantidades de electricidad y agua.

El subsecretario general de la UIT, Tomas Lamanauskas, advirtió que el consumo energético de los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial podría duplicarse para 2030. El desafío consiste en evitar que una tecnología presentada como instrumento para la sostenibilidad termine incrementando la presión sobre los sistemas energéticos y los recursos naturales.

La iniciativa recibió apoyos y compromisos de distintos sectores, aunque las cifras difundidas sobre sus adhesiones deben interpretarse con cautela: la información disponible no permite equiparar automáticamente declaraciones de respaldo, compromisos individuales y adhesiones formales de gobiernos.

La UNESCO advierte sobre los límites de la IA para interpretar la ciencia climática

La discusión tecnológica también tuvo un componente científico. Un estudio elaborado por la UNESCO y el University College London, presentado durante la COP31, examinó la capacidad de distintos modelos de inteligencia artificial para responder preguntas sobre cambio climático y analizar políticas ambientales.

Los resultados identificaron una debilidad relevante: algunos sistemas pueden abandonar información científica correcta cuando el usuario cuestiona sus respuestas o insiste en una afirmación falsa. Los investigadores encontraron que, en ocho de cada diez casos en los que los modelos modificaron sus respuestas hacia conclusiones incorrectas, cedieron ante la primera señal de desacuerdo.

El estudio también detectó diferencias de precisión entre idiomas. Los modelos alcanzaron alrededor de 88.6 % de respuestas correctas en inglés, con resultados comparables en español, francés y portugués, pero registraron porcentajes inferiores en otros idiomas. Además, su desempeño fue particularmente deficiente al evaluar cómo interactúan distintas políticas climáticas: obtuvieron apenas 33.8 % de precisión, un resultado cercano al 33.3 % que cabría esperar de una selección aleatoria entre tres opciones.

El hallazgo introduce una advertencia importante: la capacidad de una herramienta para explicar conceptos científicos no significa que pueda sustituir el análisis especializado ni orientar por sí sola decisiones de política pública. La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a información, pero su utilización exige transparencia, evaluación independiente y supervisión humana.

Industrialización verde, una transformación que requiere inversiones

Otro de los anuncios de Antalya fue el Pacto de Antalya para la Industrialización Verde, una iniciativa orientada a movilizar inversiones y desarrollar mercados para productos industriales con menores emisiones, particularmente en sectores como el acero, el cemento y los productos químicos.

La importancia de este compromiso radica en que la transición energética no puede limitarse a sustituir centrales eléctricas o incorporar vehículos eléctricos. También debe transformar los procesos industriales que sostienen la construcción, el transporte y la infraestructura mundial. El acero y el cemento, por ejemplo, requieren grandes cantidades de energía y generan emisiones significativas durante su producción.

Michael Apicelli, representante del Climate Club, una coalición internacional de 53 países, sostuvo que las tecnologías necesarias para reducir esas emisiones ya existen y que el principal desafío consiste en movilizar las inversiones para llevarlas a escala comercial. La transformación es urgente porque las decisiones de infraestructura adoptadas actualmente pueden mantener determinadas tecnologías y patrones de emisiones durante tres o cuatro décadas.

Sin embargo, la disponibilidad tecnológica no garantiza una transición justa. Las economías en desarrollo necesitan electricidad suficiente, redes modernas, financiamiento y acceso a tecnologías limpias para evitar que la descarbonización se convierta en una nueva desventaja competitiva. Sin esos recursos, las exigencias ambientales pueden profundizar las desigualdades económicas entre países.

La ciencia climática también enfrenta diferencias políticas

La conferencia mantiene otro debate relacionado con el futuro de la evaluación científica internacional. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) atraviesa su séptimo ciclo de evaluación, considerado fundamental para orientar las políticas climáticas de los próximos años. En Antalya, la defensa de la independencia científica y de la continuidad de sus trabajos se convirtió en una preocupación expresada por especialistas y representantes internacionales.

Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París, pidió defender la ciencia y a los investigadores. Por su parte, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, advirtió sobre las consecuencias de debilitar al IPCC, organismo que proporciona evaluaciones científicas fundamentales para comprender el cambio climático y sus impactos.

La discusión sobre los calendarios de evaluación y la disponibilidad de información científica tiene consecuencias prácticas: las decisiones de los gobiernos sobre energía, infraestructura, agricultura y protección civil requieren diagnósticos confiables y oportunos. La ciencia no puede quedar subordinada a las conveniencias políticas de corto plazo.

Una semana decisiva para la credibilidad internacional

La COP31 tiene previsto concluir el 20 de noviembre. Hasta entonces, los gobiernos deberán encontrar puntos de acuerdo sobre financiamiento, adaptación, transición energética y cooperación tecnológica. La posibilidad de que las negociaciones se prolonguen más allá del calendario previsto refleja la profundidad de las diferencias que todavía persisten.

Antalya vuelve a mostrar que la crisis climática no es únicamente un problema ambiental. También es una disputa económica, tecnológica y política sobre la distribución de responsabilidades y recursos. Los países necesitan transformar sus sistemas energéticos e industriales, pero esa transformación requiere compromisos financieros verificables y mecanismos que eviten trasladar los costos a las poblaciones con menos capacidad para enfrentarlos.

La inteligencia artificial y la industrialización verde pueden contribuir a construir soluciones, pero ninguna innovación sustituye la voluntad política ni corrige por sí sola las desigualdades internacionales. Si la COP31 concluye con nuevas declaraciones y metas sin mecanismos suficientes para cumplirlas, la conferencia habrá reproducido uno de los principales problemas del multilateralismo climático: prometer más de lo que los gobiernos están dispuestos a financiar y ejecutar.