El caso de Jasmine Bugarín colocó nuevamente la doble nacionalidad en el centro de la discusión política mexicana. Mientras se debate una reforma constitucional que plantea exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a determinadas posiciones ejecutivas, Larry Rubin sostuvo que haber nacido en otro país no constituye por sí mismo una prueba de deslealtad hacia México.
La controversia comenzó después de que Morena y el Partido Verde Ecologista de México designaran a Bugarín como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, posición que la colocó entre los perfiles considerados para la contienda por la gubernatura de 2027. Poco después se conoció que nació en California, Estados Unidos, hija de padres mexicanos que habían migrado temporalmente por motivos laborales.
El origen estadounidense de Bugarín adquirió relevancia porque, paralelamente, avanzaba en el Congreso de la Unión una reforma constitucional relacionada con la nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El Senado aprobó el 29 de septiembre la modificación constitucional que plantea exigir nacionalidad mexicana exclusiva para quienes busquen registrarse como candidatos a esos cargos. La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que, en caso de contar con otra nacionalidad, deberá renunciarse a ella antes de solicitar el registro correspondiente. El proceso legislativo, sin embargo, requiere todavía cumplir las etapas constitucionales necesarias para que una reforma de esta naturaleza entre plenamente en vigor.
En medio de esa discusión, Bugarín explicó públicamente que nació en Estados Unidos porque sus padres, originarios de Nayarit, habían emigrado para trabajar como jornaleros. También sostuvo que es mexicana por nacimiento y que desde años atrás había realizado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad hacia cualquier Estado extranjero.
La precisión jurídica es importante. Esa declaración ante autoridades mexicanas no es necesariamente equivalente a haber concluido el procedimiento estadounidense para perder la ciudadanía de Estados Unidos. De hecho, el 2 de octubre Bugarín informó que acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar formalmente el trámite relacionado con su renuncia a esa nacionalidad.
Es en este contexto donde intervino Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, sostuvo que el hecho de haber nacido en Estados Unidos o conservar otra nacionalidad no demuestra por sí mismo una intención de traicionar a México ni de intervenir en la vida interna de un partido político. También cuestionó que la doble nacionalidad pueda convertirse automáticamente en una presunción de deslealtad.
El planteamiento de Rubin introduce una cuestión distinta de la discusión sobre los requisitos constitucionales. Una cosa es determinar qué condiciones establece la legislación para aspirar a un cargo público y otra considerar que el lugar de nacimiento determina la lealtad de una persona. La primera es una cuestión jurídica; la segunda pertenece al terreno de las interpretaciones políticas y personales.
Morena y el Partido Verde, por su parte, respaldaron a Bugarín y señalaron que la Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento a quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos. Ambos partidos también señalaron que la legisladora había manifestado su compromiso con México y que realizaría los trámites adicionales que fueran necesarios para cumplir con los requisitos constitucionales y legales correspondientes.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum había pedido previamente que Morena y Bugarín aclararan la situación, debido a las disposiciones constitucionales de Nayarit y al debate nacional sobre la doble nacionalidad. La Constitución estatal establece requisitos específicos para ocupar la gubernatura, lo que convirtió el caso particular en un asunto con implicaciones políticas y jurídicas más amplias.
La discusión, por tanto, no se limita a Jasmine Bugarín. También pone sobre la mesa la realidad de millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos y otros países, así como las consecuencias de establecer requisitos diferenciados para quienes poseen más de una nacionalidad.
Para quienes respaldan la reforma, la nacionalidad exclusiva para determinados cargos busca establecer una condición jurídica destinada a evitar posibles conflictos derivados de vínculos con otro Estado. Para quienes la cuestionan, el debate plantea interrogantes sobre el alcance de las restricciones a los derechos político-electorales de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.
Mientras el proceso legislativo continúa y Bugarín inicia el procedimiento correspondiente ante autoridades estadounidenses, el caso seguirá dependiendo de dos planos que conviene no confundir: lo que establezca finalmente el marco constitucional y electoral, y la valoración política que cada ciudadano haga sobre la relación entre nacionalidad, identidad y ejercicio de responsabilidades públicas.
El debate sobre la doble nacionalidad apenas comienza a adquirir una dimensión más amplia en México. El caso de Nayarit lo ha convertido en un asunto concreto, pero sus consecuencias podrían alcanzar a cualquier mexicano que, por circunstancias familiares o migratorias, haya nacido fuera del territorio nacional y conserve vínculos jurídicos con otro país.