El 27 de septiembre de 1821 marcó la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y la consumación de la Independencia, pero detrás de aquella jornada hubo alianzas políticas, intereses contrapuestos y una profunda transformación de la sociedad novohispana.
Cada septiembre, la memoria histórica de México parece concentrarse en una sola noche y una sola fecha. El Grito de Dolores, asociado al 15 y 16 de septiembre de 1810, ocupa buena parte del espacio de las celebraciones patrias. Sin embargo, once años después de aquel levantamiento, el proceso que había comenzado con la insurgencia llegó a un momento decisivo: el 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en la Ciudad de México y con ello se produjo la consumación de la Independencia.
La diferencia entre ambas fechas no es menor. El 16 de septiembre representa el inicio de una larga lucha contra el dominio español; el 27 de septiembre simboliza su desenlace político y militar. De hecho, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) identifica expresamente el 27 de septiembre como el aniversario de la Consumación de la Independencia, mientras que el 16 de septiembre corresponde al inicio del movimiento independentista.
Y es que la independencia mexicana no fue un proceso lineal. Durante más de una década estuvieron en conflicto proyectos políticos, sociales y económicos distintos. La guerra había provocado enormes pérdidas humanas y materiales, mientras que hacia 1820 la situación de la monarquía española abrió una nueva coyuntura política.
De enemigos a aliados
Uno de los aspectos más interesantes de 1821 es la transformación de las alianzas. Agustín de Iturbide había combatido durante años a los insurgentes, mientras Vicente Guerrero mantenía la resistencia en el sur. Sin embargo, las circunstancias cambiaron.
La restauración de la Constitución de Cádiz en España en 1820 también modificó el escenario novohispano. Diversos sectores que habían defendido el orden monárquico comenzaron a observar con preocupación las medidas liberales que afectaban determinados privilegios corporativos, incluidos los de la Iglesia y el Ejército.
En ese contexto, Iturbide impulsó el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821. El documento establecía tres principios fundamentales: religión, independencia y unión. El proyecto buscaba reunir a grupos que hasta entonces habían combatido en bandos distintos.
La historiografía contemporánea ha puesto especial atención en esta característica. El historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha estudiado la llamada trigarancia como un proceso en el que confluyeron fuerzas insurgentes y antiguos realistas. Por ello, la consumación no puede entenderse simplemente como la victoria de un grupo sobre otro, sino como el resultado de una compleja reconfiguración política y militar.
El acuerdo entre Iturbide y Guerrero permitió precisamente esa convergencia. El Ejército Trigarante incorporó elementos procedentes de las fuerzas realistas e insurgentes y llegó a reunir más de 16 mil hombres. La antigua división entre independentistas y defensores de la Corona comenzó a perder nitidez frente a un nuevo objetivo político.
La Iglesia y la religión en el proyecto de 1821
La religión fue mucho más que un elemento simbólico. Constituyó uno de los pilares del proyecto político que condujo a la consumación.
El primer principio del Plan de Iguala establecía que la religión católica, apostólica y romana sería la religión de la nueva nación. El propio Ejército Trigarante recibió su nombre por las tres garantías que defendía: Religión, Independencia y Unión.
La posición de sectores de la Iglesia también debe entenderse dentro de las transformaciones políticas que atravesaba la monarquía española. Un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y las medidas liberales impulsadas desde España modificaron la posición de parte del alto clero novohispano y contribuyeron a crear condiciones favorables para la consumación.
Esto explica una de las aparentes paradojas de 1821: algunos sectores que anteriormente habían respaldado el mantenimiento del orden español terminaron encontrando en la independencia una vía para preservar determinados principios e intereses, especialmente la centralidad de la religión católica.
Por ello, hablar simplemente de una Iglesia que apoyó o se opuso a la Independencia resulta insuficiente. La institución y sus integrantes no constituían un bloque político completamente homogéneo. El cambio de circunstancias obligó a distintos actores eclesiásticos a redefinir sus posiciones.
Los Tratados de Córdoba y la entrada a la capital
El proceso tampoco terminó con el Plan de Iguala. El 24 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú firmaron los Tratados de Córdoba, documento que establecía las bases para la independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, como ha documentado el INEHRM, los tratados no fueron reconocidos por el gobierno español.
Aun así, la situación militar y política en Nueva España había cambiado de manera prácticamente irreversible. En septiembre, las fuerzas realistas abandonaron progresivamente la capital. El 24 de septiembre entró a la Ciudad de México la vanguardia trigarante y, tres días después, el grueso del Ejército Trigarante hizo su entrada formal.
La escena tuvo una enorme carga simbólica. Después de once años de guerra, aproximadamente 16 mil integrantes del ejército desfilaron por la capital. La ciudad fue adornada con los colores de las Tres Garantías y se organizaron celebraciones públicas. Documentos conservados por el Archivo General de la Nación muestran que las autoridades convocaron a los habitantes a adornar sus casas e iluminar la ciudad para conmemorar la emancipación.
Pero todavía faltaba un documento fundamental. El 28 de septiembre de 1821, un día después de la entrada del Ejército Trigarante, la Junta Provisional Gubernativa firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Así, el 27 y el 28 de septiembre forman parte de un mismo proceso de institucionalización de la nueva nación.
Una consumación llena de claroscuros
La imagen tradicional puede hacer pensar que en 1821 todos los actores compartían el mismo proyecto de nación. La realidad fue bastante más compleja.
El acuerdo que permitió consumar la independencia también contenía profundas contradicciones. La unión entre antiguos insurgentes y realistas no significaba que hubieran desaparecido sus diferencias políticas. Tampoco existía un consenso definitivo sobre la forma de gobierno que debía adoptar México.
El Plan de Iguala planteaba inicialmente una monarquía constitucional. Los Tratados de Córdoba también contemplaban esa posibilidad. El nuevo Estado, por tanto, nació antes de resolver cuestiones fundamentales sobre la soberanía, la representación política y la forma de gobierno.
Incluso la composición de quienes encabezaron la nueva nación muestra esas tensiones. La independencia fue consumada mediante una alianza que incorporó a militares, antiguos insurgentes, funcionarios, miembros de las élites económicas y sectores vinculados con la Iglesia. El nuevo país heredó buena parte de las estructuras sociales, económicas e institucionales de la Nueva España.
Por eso, la consumación de 1821 no debe entenderse como el instante en que todos los problemas quedaron resueltos. Fue, más bien, el comienzo de otra etapa: la construcción de un Estado mexicano que todavía tendría que definir su sistema político, sus instituciones y el significado mismo de la ciudadanía.
¿Por qué recordamos más el 16 que el 27?
La diferencia en la presencia pública de ambas fechas tiene también una explicación histórica. El 16 de septiembre permite construir una narrativa patriótica alrededor del inicio de la lucha, con Miguel Hidalgo como figura central y con una tradición cívica consolidada alrededor del Grito de Dolores.
El 27 de septiembre resulta más incómodo para una narrativa sencilla. Su protagonista principal fue Agustín de Iturbide, una figura cuya trayectoria política cambió radicalmente y cuyo gobierno posterior como emperador dejó una memoria histórica profundamente controvertida. Además, la consumación implicó una alianza entre antiguos enemigos y la participación decisiva de sectores que habían defendido el orden colonial.
De ahí que esta fecha resulte particularmente interesante para comprender la historia más allá de las celebraciones oficiales. El 27 de septiembre obliga a mirar la Independencia no únicamente como una epopeya de héroes y batallas, sino como un proceso de negociación, alianzas, intereses y conflictos.
La verdadera dimensión histórica de 1821 está precisamente en esa complejidad. México no nació de un solo acontecimiento ni de la voluntad de un único personaje. La nación que comenzó a construirse hace 205 años fue resultado de una larga guerra, pero también de pactos políticos, transformaciones sociales y disputas sobre el futuro.
El 16 de septiembre recuerda cómo comenzó aquella historia. El 27 de septiembre recuerda que, once años después, hubo que decidir cómo terminarla y, sobre todo, cómo comenzar a construir el país que vendría después.